Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La impronta del Poder Judicial es la misma que convalidó la impunidad de los genocidas. La Corte avaló la continuidad de Helena Haihgton de Nolasco de 78 años. La burla de la Constitución, desde la cabeza del Poder Judicial.
Como juez a cargo del Tribunal Federal 1 de Córdoba me tocó integrar, a mediados de 1989, la Cámara Federal de esa provincia para juzgar al general Luciano Benjamín Menéndez, acusado por haber cometido graves crímenes de lesa humanidad. El 4 de diciembre de aquel año, de oficio, declaré la inconstitucionalidad del decreto presidencial que lo indultó, pero quedé en minoría: fui el único magistrado que tuve esa postura, ya que los otros cinco miembros de la Cámara votaron a favor de aplicar el indulto a Menéndez. Luego, a principios de 1990, dado que la mayoría de los magistrados en otras jurisdicciones del país convalidaron los indultos otorgados a los responsables de graves violaciones a derechos humanos, presenté mi renuncia al cargo de juez federal. En ese momento consideré que la impunidad que se consagraba a responsables de crímenes de lesa humanidad hería gravemente la conciencia del valor “Justicia”, que debía tener y aplicar el Poder Judicial en Argentina. Al retirarme del cargo dije que el accionar judicial en la temática mostraba “una Justicia impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos”. Quince años después, gracias a la fuerza y tenacidad de las organizaciones de derechos humanos, particularmente de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se logró revertir la impunidad inaceptable. Cabe acotar que, posteriormente, Menéndez ha sido la persona con más condenas a cadena perpetua en la historia penal argentina (dieciocho casos), más otras dos a 20 años de prisión.
No quise ser profeta en la temática pero, más allá de mujeres y hombres de bien en lo moral y en lo técnico que integran el Poder Judicial, la realidad sigue demostrando una impronta similar a la que referí en el accionar institucional del Poder Judicial, particularmente en sus cúpulas y en tribunales con especial poder en determinados temas.
Resulta de mucha importancia democratizar y re-prestigiar al Poder Judicial, que debe ser independiente pero no indiferente al destino común de la sociedad, de los problemas en su conjunto, y no actuar como una corporación que sólo se auto-defiende u opera al servicio de otros intereses fácticos.
Asimismo, la tarea del juez en democracia, si bien se debe basar en la ley, únicamente se puede ejercer adecuadamente como poder si está fundada en la autoridad moral de quien aplica la norma. Son los jueces los que, para tener fuerza moral, deben dar el ejemplo. La sociedad no sólo le reclama al Poder Judicial que trabaje en la búsqueda de la verdad y la justicia, desde la ley, sino que demuestre que puede exigir a los demás lo que está dispuesto a exigirse a sí mismo. Baste señalar, en este aspecto, la imperiosa necesidad de que todos y todas los/as magistrados/as acepten pagar el impuesto a las ganancias. También los jubilados de la magistratura, que por una simple sentencia y sin poder aducir que les afecta la independencia, porque ya no son jueces en ejercicio, tampoco pagan impuesto a las ganancias (fallo del 11/04/2006, caso “Gutiérrez, O”).
Tampoco cabe que se acojan a ventajas con privilegios. Esto sucede ahora que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) les dice a los jueces y fiscales que voluntariamente habían optado por sacar la jubilación que tienen 30 días hábiles para presentar su renuncia o desistir y retirar la carpeta. Resulta que ellos plantean ahora que se los persigue, cuando el trámite lo hicieron voluntariamente. Lo que no dicen los supuestos agraviados es que la maniobra de los casi más de 220 jueces y fiscales que la realizaron fue para cubrirse cuando se les ocurra retirarse, por si cambia la ley. Así, decir que se jubilaron con una ley que consideran más ventajosa y, en virtud de ello, si salen nuevas leyes que no les sean beneficiosas mantienen la vigente al tiempo de la opción, o de lo contrario se acogen a una nueva si les resulta más conveniente. Ese es el juego, que la mayoría de los jubilados no puede hacer, que pretenden que se convalide y por eso se ponen en víctimas. También de esa manera evitan cualquier pedido de juicio político, porque automáticamente optan por renunciar y acogerse a la jubilación ya tramitada. Aún más, en esa maniobra hubo fiscales que, aun habiendo presentado y aceptado su renuncia por el Poder Ejecutivo, no querían dejar el cargo. El Poder Judicial no puede convalidarse a sí mismo prácticas de un ventajismo discriminatorio inaceptable.
Tampoco debe tolerarse que se jure por la Constitución que establece que los jueces deben retirarse a los 75 años (artículo 99 inciso 4) y cuando llega el momento, por una sentencia de un amparo de primera instancia consentida por el gobierno de Mauricio Macri, a la magistrada de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco se le permita seguir en funciones a sus 78 años.
Lo referido se potencia negativamente toda vez que los grandes intereses económicos, financieros y políticos saben que cualquier problema grave con la sociedad se arregla teniendo la certeza de que los máximos tribunales de apelación defiendan sus intereses. Ellos les garantizan resultados y les permiten asegurar la demora de resolver porque, por lo general, las máximas instancias judiciales no tienen plazo para decidir.
A lo que cabe sumar lo que se ha evidenciado recientemente: la participación de jueces y fiscales acordando operaciones mafiosas; condicionando derechos y articulándose con servicios de inteligencia y poderes políticos y fácticos contrarios al bien común. Así, entre otros múltiples ejemplos existentes y en una muestra de poder inaceptable, resultó clara la maniobra política de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que no podía desconocer la Constitución Nacional y sin embargo notificó a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que tenía una audiencia en la causa del dólar futuro, para el 1º de marzo de este año a las 11, cuando debía presidir la sesión en la que el Presidente hace el informe sobre el estado de la Nación (artículos 63 y 99 inciso 8 de la Constitución Nacional). ¿Querían hacer aparecer que ella no quería ir o mostrar que tiene procesos penales pendientes?
Poder Judicial: ¡Basta de genuflexión al servicio de intereses contrarios a la ley, la verdad y la justicia!
*Abogado Laboralista y Constitucionalista. Ex Juez Federal. Especialista en Derecho de la Comunicación. Integrante de la Auconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Ex Juez Federal de Córdoba
Fuente: www.elcohetealaluna.com