Se trata de un organismo fundamental para garantizar el ejercicio de las políticas públicas de las personas con discapacidades, que no tienen otro sector del Estado Nacional donde dirigirse para realizar sus trámites y gestiones.
Este martes 30 de abril ATE Córdoba realizará una protesta frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en repudio a los despidos en el organismo, que ponen en riesgo la aplicación de políticas públicas para ese sector vulnerable de la comunidad.
Se trata de un organismo fundamental para garantizar el ejercicio de las políticas públicas de las personas con discapacidades, que no tienen otro sector del Estado nacional donde dirigirse para realizar sus trámites y gestiones.
En Córdoba 11 compañeras y compañeros perdieron sus puestos de trabajo en marzo pasado, fruto de la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei, personal con más de 20 años de antigüedad que cumple funciones clave para que las y los beneficiarios puedan acceder a sus derechos.
La Legislatura Unicameral ya se expresó en contra de los despidos y el desguace del organismo, como otros que son fundamentales para la comunidad.
La protesta se llevará a cabo desde las 10 horas en 9 de Julio 359 de Córdoba Capital, en el marco de una jornada de lucha que ATE resolvió en su XXVI Congreso Provincial.
Desmantelamiento de las pensiones por invalidez
Las y los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones, actual Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), repudiaron enérgicamente el brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei en todas las áreas sensibles del Estado y denunciaron el desmantelamiento de la política pública de pensiones a nivel nacional, circunstancia que perjudica principalmente a la población más vulnerable de nuestra sociedad: Personas con Discapacidad y sus familias.
En un comunicado emitido por la Junta Interna de Delegadas y Delegados de ATE Pensiones, explicaron que “la ANDIS, el órgano matriz en materia de Discapacidad en Argentina, presenta un panorama alarmante y desalentador: los trámites de Pensión no Contributiva por Invalidez (PNC) se encuentran completamente paralizados, se otorgan unos pocos beneficios por mes (alrededor de 200) y los que están listos para el alta por sistema quedan estancados en diferentes áreas del organismo; tampoco hay un tratamiento de los casos urgentes, una demora planificada y ejecutada por los funcionarios de la gestión actual que impide a nuevos solicitantes acceder al beneficio económico necesario para una subsistencia básica y a la cobertura que ofrece el Programa Federal INCLUIR SALUD”.
“En uno de los peores momentos de nuestra historia económica, las autoridades de la ANDIS avanzan en un plan de destrucción total del área de Pensiones, que incluye un vaciamiento del organismo, despido de trabajadores/as, cierre de delegaciones en todo el país y miles de trámites urgentes sin tratamiento; además de operaciones de prensa en medios masivos de comunicación para poner en agenda e instalar en la opinión pública una estigmatización sobre la política pública de pensiones”.
“La estrategia es que quede todo bajo un manto de sospecha a partir de titulares, imágenes y epígrafes que refieran a gastos exorbitantes y otorgamientos masivos e irregulares de beneficios, tal es el caso del informe televisivo: ‘Fraude en la Pensiones por Invalidez’, presentado por el periodista Luis Majul en LN+ 15 días atrás, y el reciente artículo gráfico publicado por el Diario Clarín, el pasado domingo 21 de abril, bajo el título: ‘El descontrol de las pensiones por invalidez’”, denunciaron.
Y añadieron que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial consideran, según sus mediciones, que en “un 15% de la población argentina presenta algún tipo de discapacidad, dentro de una población de 46 millones de habitantes que arrojó el último censo, lo que sitúa el promedio de personas con discapacidad en 6,9 millones. De acuerdo a datos oficiales aportados por la ANDIS, alrededor de 1.200.000 cobra Pensión No Contributiva por Invalidez, apenas el 2,6 % de la población, en un país que registró un 51 % de pobreza en el primer trimestre de 2024″, estimó la Universidad Torcuato Di Tella.
“En poco más de 4 meses de gestión, las autoridades que conducen el organismo despidieron ya a 320 trabajadores/as de diferentes áreas y oficinas estratégicas del país, que atienden las demandas y resuelven las problemáticas de la población más vulnerable garantizando derechos”.
“La lista de cesanteados incluye trabajadores con Certificado Único de Discapacidad (CUD), amparados por la Convención Sobre las Personas con Discapacidad de la ONU y por la Ley 26.378 de nuestro país; despedidos con cupo laboral travesti-trans protegidos por la Ley 27.636; y delegados gremiales amparados por la tutela sindical que establecen los artículos 47 y subsiguientes de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales”, insistieron desde la Junta Interna.
Transparencia: El paso a paso de la Pensión No Contributiva por Invalidez
- El inicio de la PNC se realiza a través de la plataforma MI ANSES, que efectúa el primer cruce de datos por sistema; económico, de filiación y fecha de radicación en caso de extranjeros. Si no se cumplen alguno de los requisitos iniciales, la plataforma no permite iniciar el trámite. No es requisito contar con CUD.
- En un segundo paso el solicitante debe realizar el trámite para completar el Certificado Médico Oficial (CMO) de manera digital o con un QR papel, que se solicita en una Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES o Centro de Atención de ANDIS en la Ciudad de Buenos Aires (CAL CABA), un proceso que dura de 3 a 6 meses por lentitud en el acceso a turnos en los hospitales. Este CMO contiene diagnóstico médico, acompañado de estudios e informes, y está firmado por médico tratante, director o subdirector del hospital (público), que puede ser nacional, provincial o municipal, y sellos de la institución. El digital, una vez confeccionado, llega a la ANDis para su posterior evaluación a través de una plataforma, mientras que en el caso del CMO QR papel, lo entrega en la UDAI o en el CAL CABA.
- En una siguiente instancia, se digitaliza el trámite y se le asigna un número de expediente electrónico en el sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) de la Administración Pública Nacional.
- Posteriormente, se presentan dos instancias de evaluación. Una económica, que evalúa la situación de vulnerabilidad del solicitante a través de cruce de datos por sistema provenientes de la base de datos SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que arroja información sobre empleo formal, programas sociales, beneficios previsionales, bienes inmuebles y bienes automotores, fallecidos, y datos de madre, padre o tutor en caso niños/as y adolescentes. Cabe destacar que actualmente solo se utiliza el informe SINTYS que cruza datos económicos de los solicitantes de PNC, la situación de cada familia, que históricamente fue evaluada a través del informe socio-ambiental; hoy se encuentra invisibilizado debido a que ya no se realiza tal informe. La otra instancia incluye la Evaluación de Fiscalización Médica, que controla la documentación médica presentada por el solicitante de acuerdo a criterios médicos vigentes. En ambas pueden surgir pedidos de documentación ampliatoria o complementaria.
- En caso que todas las evaluaciones sean favorables, el trámite pasa al área jurídica donde se dictamina el otorgamiento. Posteriormente, ingresa al área de liquidación de beneficios que da el alta por sistema del trámite y asigna la entidad bancaria que paga el haber mensual de aproximadamente de 131.700 pesos actualmente, equivalente a un 70 por ciento de una jubilación mínima. Es importante aclarar que el beneficiario cobra cada mes en el banco, de manera directa y sin intermediarios.
- En caso de ser desfavorable, por no cumplir con los requisitos establecidos, el trámite pasa por el área jurídica donde se realiza su denegatoria.
- Desde que el solicitante presenta el Certificado Médico Oficial y hasta que finaliza el circuito de evaluaciones, existe una demora de entre 8 y 12 meses para la resolución del trámite.
Fuente: www.atecordoba.org