El Director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, analizó en un hilo de tuits los anuncios realizados por el Gobierno Nacional -en el marco del Acuerdo con el FMI- acerca de modificas las jubilaciones de jueces y embajadores. La propuesta de revisar las jubilaciones de privilegio origina la reflexión de Campos en su cuenta de Twitter que se reproduce a continuación.
“Jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial (PJ) y en el Servicio Exterior (SE). Cada vez que anuncian su finalización se llena de humo la sala. Veamos por qué.
“Las mal llamadas jubilaciones de privilegio son regímenes que tienen requisitos y modalidades distintos al régimen general. Algunos pueden ser razonables, otros no, pero ese no es el punto aquí.
“En el PJ y el SE no hay montos máximos, ni para los aportes ni para los haberes, a diferencia del régimen general donde el haber máximo es de $ 219.571,69 y existe un monto por sobre el cual no se hacen aportes.
“Al no existir tope para los aportes, tampoco existe tope para los haberes. Aquí se origina la brecha: Como los salarios de jueces y embajadores son altísimos, sus jubilaciones también terminan siéndolo.
“Actualmente hay 3.079 ex integrantes del Poder Judicial que perciben jubilaciones superiores a los $ 500.000. En el Servicio Exterior superan este monto 416 personas. En paralelo, hay 4 millones de personas que cobran la mínima ($ 32.630 a partir de marzo).
“Cuando se plantea el fin de estos regímenes aparecen algunos obstáculos que nadie está dispuesto a sortear. Por un lado, se plantea que solo puede hacerse para adelante, ya que no se pueden afectar los derechos adquiridos de quienes ya perciben dichos montos.
“Alguna vez habría que discutir el tema ‘derechos adquiridos’ (si fuera por los de Luis XVI no hubiera habido Revolución Francesa y su cabeza hubiera seguido en su lugar por mucho tiempo). Lo cierto es que este argumento suele obturar cualquier intento de reforma sustancial.
“Si no se afectan los derechos de quienes ya perciben esos montos, pero sí se pone un límite para adelante, el impacto presupuestario en el corto plazo sería muy marginal, con un montón de costos adicionales y una litigiosidad enorme de quienes queden en el nuevo sistema.
“Por otra parte, si se extiende la jubilación máxima a jueces y embajadores se generaría un ‘problema’ derivado de la brecha enorme entre el ingreso de un activo y el de un pasivo: ¿Cómo haría un juez que cobra $ 800.000 por mes para pasar a vivir con apenas $ 200.000?
“Finalmente, habría que hacer las cuentas, pero no sería raro que el régimen de jubilación del PJ y el SE se autofinancie, ya que realizan aportes proporcionales a sus ingresos. Una reforma que establezca una jubilación máxima debería hacer lo propio con los aportes.
“Es más, podría darse el caso de que ‘eliminar las jubilaciones de privilegio’ en el PJ y el SE conduzca a una pérdida de ingresos en la ANSeS (nuevamente, habría que hacer las cuentas, pero no lo descartaría).
“Discutir el monto de las jubilaciones sin meterse con el monto de los ingresos de los activos recuerda mucho a la estrategia del tero. Están gritando en un lado, pero los temas importantes (no sabemos cuáles) se están cocinando en otro lado”.