La política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos, se acerquen cada vez más al beneficio mínimo.
Durante la vigencia de la fórmula de movilidad, la pérdida de las jubilaciones y prestaciones sociales –punta a punta, con relación a la inflación– fue del 19,5% y resultó pareja para todos los jubilados y pensionados del régimen general. También sufrieron pérdidas las jubilaciones especiales, como la de docentes, docentes universitarios, investigadores científicos, que se ajustan por la variación salarial. Y las asignaciones familiares y la AUH. En total, 18 millones de personas se vieron perjudicadas.
Llamativamente, desde el Gobierno se insiste que, al mismo tiempo, se produjo una desigualdad entre los jubilados porque mientras que el 40% de los que menos ganan perdió un 22% de su poder de compra en los últimos 4 años, el 20% que más gana mejoró un 1% su poder adquisitivo. Es decir, la conclusión sería que la mayor parte del ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables que ahora, por los aumentos diferenciados, se estaría revirtiendo.
¿Si los aumentos de los haberes aumentaron en la misma proporción, cómo es que se produjo esa desigualdad?
Es cierto que un sector de jubilados tuvo una mejora de sus haberes pero no fue por la fórmula de movilidad –en la versión K en 2016 y 2017 y en la versión M durante 2018 y 2019–. Esa mejora fue una recuperación parcial como consecuencia de los juicios que ganó un sector de jubilados y pensionados contra el achatamiento de los haberes y la pérdida real de sus haberes que tuvieron durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (caso Badaro, 2002-2006) y Cristina Kirchner porque obtuvieron sus jubilaciones con una actualización de sus sueldos inferiores a la que les corresponde (caso Elliff). También mejoraron los que aceptaron la Reparación Histórica, pero en esos casos percibieron menos que los que cobraron los juicios porque no se les reconoció lo que marcó la Justicia.
En consecuencia ahora, con el achatamiento, ese sector perdería lo que les reconoció la Justicia, lo que anticipa una nueva y mayor conflictividad y una nueva oleada de juicios. El fallo Badaro, luego Elliff y Blanco, entre otros, inundaron los Tribunales de juicios –más de 800.000– que aún se están pagando. A la fecha, el total de juicios ronda los 300.000, de los cuales casi 85.000 tienen sentencia firme.
En el Fallo Badaro, que estableció una actualización de haberes, la Corte Suprema cuestionó el achatamiento. “Le asiste razón al apelante (Badaro) cuando señala que la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”, sostuvo en su momento el Alto Tribunal.
Como se puede apreciar, el achatamiento actual no corrige una desigualdad anterior sino que provoca un nuevo desequilibrio en las jubilaciones, cuyo fundamento real es provocar un “ajuste” en los pagos previsionales que se estima para este año de $ 100.000 millones si en junio, con el próximo aumento, se repite el esquema aplicado para marzo. El objetivo del “ajuste” está destinado a mostrar a los acreedores y al FMI un “ahorro fiscal” para el pago de la deuda.
Fuente: www.airedesantafe.com.ar