Por Denise Audrito
Magistrados, profesionales, gremio y familias de acogimiento denuncian que la falta de personal de la Senaf de Río Cuarto afecta a las infancias vulnerables. Psicólogas y trabajadores sociales desde hace ocho años figuran como becarias y no dan abasto. Además de los magistrados, profesionales, gremio y familias de acogimiento denuncian que la falta de personal afecta a las infancias vulnerables. Psicólogas y trabajadores sociales desde hace ocho años figuran como becarias. En Río Cuarto, la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) llega a recibir más de 30 casos de infancia vulnerada por semana, que se suman a una cantidad de expedientes abiertos, con necesidad de seguimiento. Por ley, la SENAF tiene competencia exclusiva en la materia.
Las trabajadoras sociales y psicólogas de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) son las que se encargan de tomar las medidas excepcionales (como retirar a niños), elaborar informes para la Justicia y resolver si el niño regresa a su centro de vida, va con la familia extensa o queda en situación de adoptabilidad. Hace más de ocho años que los equipos técnicos de SENAF están integrados por becarias, cinco psicólogas y tres trabajadoras sociales que cobran unos diez mil pesos por mes, en promedio. Trabajan de lunes a viernes de 8 a 13 y aseguran que no dan abasto. Desde el Ministerio de Justicia provincial admiten que el reclamo “es de larga data”. “Se viene trabajando para resolverlo”, expresó una vocera de SENAF, pero informó que no hay avances concretos para dar a conocer una postura oficial. Representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), magistrados judiciales y familias de acogimiento de Río Cuarto y la región, califican como “muy grave” el problema y advierten que “se está afectando la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Señalan que, si bien SENAF es una de las secretarías provinciales con mayor cantidad de personal, muchos de sus empleados serían administrativos o abogados, y “no hay suficientes psicólogos y trabajadores sociales para garantizar el cumplimiento de la ley”.
“Por temor”, las becarias no dan su nombre, pero testimonian: “Dan ganas de llorar porque no tienen idea del trabajo que hacemos, de las cosas que viven estos niños, los retiros que tenemos que hacer en domicilio, familias con armas…Estamos hablando de niños en situación de vulnerabilidad y cualquier cosa que digamos lo toman como un tema político”.
“Muchas veces nos llega un oficio para informar sobre un niño y no se llega a responderlo a tiempo. Estamos atrasados porque somos pocos, cinco horas no alcanzan y siendo becarias tenemos la mayor responsabilidad. Además, hay cambios permanentes en los equipos porque, como no se revierte la situación, los profesionales renuncian. Se le cambia a los niños, varias veces, la psicóloga…”, dice otra de las afectadas. “Los equipos técnicos de SENAF Río Cuarto estamos en una situación que no da para más. Nunca hicimos paro para no afectar a las infancias, confiamos en que nos jerarquizarían, pero fueron sólo promesas. Después de ocho años tuvimos que agremiarnos y alzar nuestra voz”, apunta otra profesional.
Fuerte respaldo de magistrados
El juez de Niñez de Río Cuarto, Mariano Correa, expresa: “Hoy son absolutamente insuficientes los equipos técnicos que tiene la UDER local. Eso se ve plasmado cada vez que le dan intervención a la Justicia para el control de las medidas de legalidad. Lo más grave tiene que ver con el incumplimiento de plazos previstos en la ley”. “Son situaciones de vulneración, maltrato, abuso, privación de un derecho esencial (…) los plazos deben ser breves por la gravedad que esto tiene para la vida de un infante”, remarca, al ser consultado por este diario.
Su antecesor, jubilado en diciembre, José Varela Geuna, también considera que “la situación de precarización de los profesionales y la invisibilización de sus tareas, tan trascendentes y sensibles, resulta extremadamente grave y tremendamente preocupante”. “El alma de esta institución lo constituyen sus profesionales técnicos, asistentes sociales y psicólogos, que trabajan a destajo, hasta a veces arriesgan su propia vida para realizar constataciones en domicilio, eventualmente tomar medidas excepcionales, lo cual es una medida extrema, realizan informes con los que se va a decidir cuestiones tan trascendentes como el futuro de la vida de un niño. Tienen un compromiso excepcional y un nivel de ingresos muy por debajo de la indigencia”, señala Varela, con 40 años de trayectoria en Tribunales.
Correa agrega: “No es menos importante destacar que los cuerpos técnicos deberían ser permanentes, no sujetos a regímenes de pasantías o becas. Más allá de la cuestión económica, el inconveniente más grave es la pérdida de seguimiento y de la experiencia de los profesionales. Tenemos historias de vida de niños que se pierden, digamos así, porque se cambia la plantilla, se rota personal, lo que dificulta el seguimiento”.
Más opiniones
“Hay una falta de seguimiento y muchas demoras, prórrogas que afectan a los chicos. Nos llegan los bebés sin leche, pañales, sin el APROSS habilitado, hasta sin documento. Si uno no llama, no te comunican nada. Falta acompañamiento psicológico. Se tiran la pelota unos con otros, no dan abasto”, testimonió un integrante del programa Familias por Familias.
Otra persona que ha acogido a niños en su hogar y trabaja con las infancias desde hace años en Río Cuarto, reclama por falta de recursos humanos y materiales. “Recién me tocó ir a denunciar personalmente el caso de un abusador que no respetó la cautelar, violó a una niña y no había un psicólogo que la pudiera ver en el momento. Es inaudito, me dijeron que había 40 pacientes en espera. Parece que no tienen dimensión de lo que significa el abuso en la infancia y las secuelas que deja”.
“Todos deberíamos apuntar a lo mismo: tratar de que esos niños estén bien y crezcan en un buen entorno. Pero muchas veces se nombran punteros o militantes sin formación para tomar decisiones. Los jefes de SENAF deberían rendir como hacen los jueces para entrar en Tribunales”, agrega otra becaria afectada.
Fuente: www.lavoz.com.ar