La CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba celebró el fallo judicial de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social que obliga al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a devolver casi 50.000 pensiones suspendidas durante el año 2016.
“Es un acto de justicia que repara derechos arrebatados por este Gobierno a las Personas con Discapacidad y que fueron reclamados por la Agencia Nacional de Discapacidad para que sean reintegradas las pensiones con carácter devolutivo”, señalo en un comunicado.
Para la CTA-A cordobesa, “la medida se apoya en un artículos de un decreto contrarios a la Constitución Nacional y a varios instrumentos internacionales suscriptos por el Estado Argentino, por lo cual se ha dado prioridad a la necesidad de preservar los derechos alimentarios de las Personas con Discapacidad que revisten carácter constitucional y convencional”.
“Según este fallo, a una Persona con Discapacidad no se le puede negar la prestación en razón de los ingresos previsionales de su cónyuge o porque existe otro familiar obligado a asistirla. Caso contrario, el discapacitado, en lugar de la pensión estatal, debería promover costosos procesos civiles o penales contra su cónyuge, parientes cosanguíneos o afines, ascendientes o descendientes u otros familiares que podrían asistirlo, lo cual lo pondría en una situación de asimetría respecto de aquellos discapacitados no excluidos por el Decreto 432”, finalizó la declaración firmada por Federico Giuliani; Ariel Gómez y Cruz Alberto Martín, Secretario General, Secretario Adjunto y Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma provincial.