La CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba, saludó el fallo de la Justicia que obliga al Gobierno a restituir las pensiones suspendidas o anuladas durante el año 2016 a las Personas con Discapacidad.
“La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social declaró inconstitucional los artículos del Decreto 432/97 que limitan el Derecho a la Pensión por Discapacidad y de la Resolución 268/18 de la ANSES que establece un circuito de descargo ante la suspensión y caducidad de las pensiones por vía telefónica de 10 días bajo pena de cortar el beneficio”, señala un comunicado de la Central.
Y agrega: “Al declarar inconstitucionales esas normas, el Estado debe reintegrar las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja desde el año 2016. O sea que se amplía un año con relación a la sentencia de septiembre de 2018 que obligaba a devolver pensiones desde 2017”.
Para la CTA-A, “es un acto de estricta justicia la decisión de los camaristas de que una persona discapacitada no puede verse privada de su prestación -la magra suma de $7.287, 25, equivalente al 70% del haber mínimo- porque su cónyuge goce de un beneficio previsional o asistencial, o porque tenga parientes obligados a proporcionarle alimentos o familiares que puedan asistirlo”.
“También la sentencia impugna que la Persona con Discapacidad deba comunicarse telefónicamente al *130 para realizar el descargo para que no se le suspenda el pago del beneficio porque afecta la defensa en juicio y además no contempla los casos de discapacitados auditivos, invidentes o con problemas de visión”, subraya la nota.
“El fallo judicial es un nuevo revés a las políticas de exclusión que lleva adelante el Gobierno de Cambiemos respecto a las Personas con Discapacidad, a las que considera ciudadanos de segunda, y a las que, en su afán de someterse a los dictados del FMI, no dudó en quitarles beneficios y conquistas que ahora deberá reestablecer. Macri y sus CEOs van a contramano del conjunto de la sociedad que expresa a los discapacitados, cada vez con mayor énfasis, su reconocimiento al derecho que tienen de vivir una vida digna”.
Firman el comunicado: Federico Giuliani; Ariel Gómez; Cruz Alberto Martín y Celeste Martínez, Secretario General; Secretario Adjunto; Secretario de Discapacidad y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Córdoba, respectivamente.