El lunes militantes con Discapacidad se hicieron presentes en Almirante Brown, en el Comurbano bonaerense, para expresar su postura frente a la iniciativa de la ANDIS de modificar la Ley de Discapacidad. Subrayaron con gran preocupación el incumplimiento histórico de la legislación, y la necesidad de base: presupuesto para la implementación efectiva de políticas públicas.
Abrió su exposición Carlos Ferreres, dirigente de las áreas de Discapacidad de CTAA y ATE, planteando que “disentimos con la ‘necesidad de una nueva ley de discapacidad’, pues la ley que pretende modificarse, ha quedado tácitamente derogada desde la suscripción y ratificación de nuestro país de la ‘Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, la que, además de tener carácter de orden público, 26.378 , posee rango constitucional, Ley 27.044-. En este sentido, si bien creemos que la norma vigente amerita adecuaciones sobre aspectos que detallaremos a continuación, consideramos que el mayor desafío y esfuerzo desde el Estado y la ANDIS deben estar dirigidos a garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes en la práctica y vida diaria de las personas con discapacidad” aclaró el dirigente.
Carlos Ferreres
Estuvieron presentes, Nanci Alarcón, Secretaria de Discapacidad de CTA provincia de Buenos Aires, Mabel Mamani, Secretaria de Discapacidad de CTA capital y de la Federación Nacional Territorial (Fenat), junto Carlos Scally y un numeroso equipo que supo dejar en claro tanto las falencias, revelando con datos duros las problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad, así como los aportes para una modificación.
En este sentido, expresaron que la nueva ley tiene que tener un enfoque de Derechos Humanos basado en el Modelo Social de Discapacidad, establecido por la Convención. Bajo la consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”, expresión utilizada por las organizaciones de personas con discapacidad que resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política, también reclamaron la realización de nuevas audiencias públicas para discutir el Proyecto de Ley, antes de que ingrese al poder legislativo.
Aportes realizados: Trabajo
Yamila Dubinsky
Si bien la Ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, estableció un cupo de contratación del 4%, ninguno de los poderes del Estado cumple con dicha cuota, por lo que es necesario que la norma prevea una consecuencia jurídica contundente o sanción de envergadura que desaliente su incumplimiento.
Según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad empleada es de 0,61%.
Adaptaciones físicas y estructurales en los edificios y en los puestos de trabajo.
Igualdad en la percepción de beneficios laborales (como Premio estímulo a la Asistencia) contemplando las licencias vinculadas a la discapacidad.
Pensiones no contributivas NO deben ser incompatibles con el trabajo o con otros beneficios.
Restitución de la Comisión Nacional de Pensiones, que debe realizar trabajo de campo para llegar a las personas con discapacidad que ignoran el derecho o no pueden llegar al lugar de gestión.
Salud
Leónidas Chaparro
En los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cada 10 personas en situación de discapacidad, solo 3 tienen el Certificado Único de Discapacidad.
Insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención, especialmente en los barrios pobres. Admisión hospitalaria colapsada.
Insuficiencia de prestaciones complementarias, como ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos.
Madres, que son único sostén de familia con hijos con discapacidad, con padres que abandonan el hogar, no reciben la protección social necesaria por parte del Estado.
Incluir Salud. El Programa funciona con muy serias y peligrosas deficiencias en todo el país. Debe garantizar las prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma y habilitar farmacias según la población beneficiaria. Rechazo de la resolución 453/2018 la mal llamada provincialización.
Políticas de Cuidados. Se requiere incluir los asistentes domiciliarios, maestros integradores y todo personal de apoyo para garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.
Salud mental. Análisis y reformas que mejoren la calidad de vida, atendiendo a la libertad de circulación.
Accesibilidad
Se requiere el cumplimiento del cupo de las nuevas viviendas que deben ser accesibles para familias con algún integrante con discapacidad. Ley 24.464
El Código de Edificación sancionado en el año 2018, por la Legislatura Porteña, derogó la Ley 962 de accesibilidad, afectando derechos adquiridos, y a favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
En la Villa 20, un relevamiento del espacio público evidenció que en más de la mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa mientras que las viviendas que habitan las personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas.
Transporte Público
Brenda Miño
Necesidad de que sean accesibles, considerando las sumas ingentes del salario destinadas al traslado en taxis y/o remises.
El 66% de las estaciones de subterráneos no son accesibles
No existe una tarifa única para el traslado de las personas con discapacidad, quedando ello sujeto a la discrecionalidad de cada jurisdicción y/o partido.
Educación
Rechazo manifiesto de obras sociales para brindar cobertura por tiempo prolongado en establecimientos especializados, que desarrollan modalidades de rehabilitación que incluyen programas educativos.
En la educación general básica, se manifiestan formas de rechazo cultural que impiden una mayor integración de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes. Y los docentes no están capacitados en el conocimiento de las diversas modalidades de la discapacidad, sus necesidades y potencialidades para el desarrollo de su vida cotidiana lo que vuelve ilusoria la educación inclusiva.
Ausencia de programas de educación temprana, media, superior y de educación de adultos para personas con discapacidad.
La mayoría de los establecimientos hay barreras arquitectónicas, no existen baños adaptados y tampoco recursos técnicos y pedagógicos para facilitar el aprendizaje.
Modalidades de libre competencia en el ingreso a la docencia y el derecho a la promoción en la carrera docente, a favor de la inclusión de personas con discapacidad en los cuerpos docentes teniendo en cuenta la especial idoneidad para el dictado de materias vinculadas a su desenvolvimiento como tales (sistema Braille, lenguaje de señas y otras).
Políticas públicas
Su implementación efectiva, en pos de una verdadera inclusión de las personas con discapacidad y que tiendan a mejorar las condiciones de vida y a propiciar el desarrollo económico, social y cultural del colectivo, requiere una asignación de recursos financieros que sean suficientes para hacer efectivos tales derechos.
Fuente: www.ctaa.org.ar