Comunicado de la CTA Autónoma Punilla, tras recibir una notificación de la OIT señalando que el período de la conciliación voluntaria entre las partes ha finalizado sin resultados, tras la demanda presentada por falta de consulta previa, libre e informada C 169, para el caso de las comunidades indígenas de la provincia de Córdoba afectadas por la Autovía del Corredor Bioceánico.
“La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de Punilla reafirma su compromiso en la defensa de los territorios indígenas milenarios, ceremoniales y comunitarios que han sido gravemente impactados por la construcción de la Autovía de Punilla. Ante la falta de consulta previa, libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha formalizado la denuncia de las comunidades originarias afectadas.
“Con el impulso de la Segunda Caminata de los Pueblos Indígenas de Córdoba, encabezada por las comunidades Las Tunas y Sikiman/Ancón, acompañadas por la mayoría de las comunidades indígenas de la provincia de Córdoba, quienes resisten desde sus territorios, se ha hecho escuchar el reclamo de las voces ancestrales y contemporáneas que luchan por la defensa de sus derechos. Este acto fue clave para visibilizar el territorio preexistente que, lejos de estar en disputa, es reconocido como milenario, ancestral, ceremonial y de uso comunitario por parte de los pueblos que lo habitan.
“La denuncia presentada ante la OIT, suscrita por las comunidades Las Tunas, Sikiman/Ancón, Arabela, Ticas y Nueve Lunas, se suma a la creciente movilización en defensa de un territorio que no solo es físico, sino también cultural y espiritual. Estas comunidades, pertenecientes al Valle de Punilla, denuncian la ausencia de consulta y la violación de sus derechos fundamentales, tanto a nivel de las comunas como de los parques nacionales y el territorio argentino en su totalidad.
“La CTA-A Punilla, junto con otras organizaciones, continúa trabajando para frenar este avasallamiento, exigiendo que se respeten los acuerdos internacionales y los derechos de las comunidades indígenas, quienes han sido históricamente invisibilizadas y criminalizadas. En este sentido, señalamos a las entidades responsables, entre ellas Caminos de las Sierras y la CAF-BID, como co-responsables de la financiación y ejecución de un proyecto que no respetó el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.
“A través de este comunicado, exigimos una respuesta clara y contundente del Gobierno argentino, que hasta la fecha ha evadido sus obligaciones, tal como se evidencia en la falta de resultados concretos en el proceso de conciliación nacional, según la comunicación recibida por las organizaciones demandantes el pasado 26 de febrero firmado por Corinne Vargha encargada del Cono-Sur de la Organización Internacional del Trabajo.
“Del mismo modo, tras el desmantelamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la persecución y el desalojo a comunidades en todo el territorio nacional. La lucha de las comunidades indígenas, respaldada por la CTA-A, seguirá hasta que se logren condiciones de justicia y respeto para todos los territorios ancestrales”, finaliza la declaración que lleva las firmas de Juan Yacobs; Pablo Figueroa; Juan Pablo Pozzi y Fernando Guzmán; Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario Gremial y Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Punilla.