Por Juan Yacobs*
A días del inicio del juicio contra seis defensores ambientales del Valle de Punilla, procesados por enfrentar la falta de consulta previa, libre e informada en la construcción de la Autovía de Punilla, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) internacionalizó el conflicto y presentó una denuncia urgente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su sede de Ginebra, Suiza.
El Secretario general de la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, se hizo presente ante el organismo internacional para exigir una intervención inmediata frente a la avanzada represiva y judicial del Gobierno de Martín Llaryora y el Ministerio Público Fiscal provincial, que buscan disciplinar la protesta social y criminalizar a quienes defienden el territorio, el ambiente y los derechos colectivos.
La nota fue recibida formalmente por Rosinda Silva, que es funcionaria legal de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de los reclamos vinculados al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, lo que otorga un peso institucional clave a la presentación realizada por la CTA Autónoma.
La denuncia se inscribe en un escenario institucional alarmante: El Poder Judicial de Córdoba se encuentra alcanzado por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de garantías constitucionales y del debido proceso, mientras se multiplican los episodios de Violencia Institucional y persecución política contra trabajadores, comunidades indígenas y organizaciones sociales.
Desde Ginebra, Giuliani fue contundente al señalar la responsabilidad política de los distintos gobiernos que permitieron y profundizaron este modelo de saqueo y represión: “La falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas del Departamento Punilla es responsabilidad de los gobiernos de Alberto Fernández, Juan Schiaretti y de sus continuidades actuales, expresadas en Javier Milei y Martín Llaryora. En una semana en la que la judicialización de la protesta tendrá un nuevo capítulo en Cruz del Eje, llevamos este reclamo al mundo y exigimos respuestas urgentes”.
La CTA Autónoma es parte denunciante ante la OIT por la violación del Convenio 169, que obliga al Estado argentino a consultar a los pueblos indígenas antes de avanzar con obras que afecten sus territorios. Sin embargo, todas las instancias de diálogo y mediación con el gobierno de Córdoba resultaron infructuosas. Mientras la obra avanza sobre territorios ancestrales, bosques nativos y cuencas hídricas, se acelera el procesamiento judicial de quienes resisten, en una clara muestra de doble vara: rapidez para castigar la protesta y dilación para frenar el daño ambiental.
La denuncia presentada ante la OIT también advierte sobre el alambrado de sitios sagrados, cementerios comunitarios y espacios de ceremonia, así como el hostigamiento judicial sistemático contra referentes sindicales y territoriales. La criminalización alcanza incluso al propio Giuliani, en un intento evidente de disciplinar a las organizaciones gremiales que se plantan frente al poder político y empresarial.
El jueves 18 de diciembre a las 9 de la mañana, en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, comenzará el juicio contra seis defensores ambientales de Punilla. La audiencia se realizará en el marco de una Jornada Nacional de Lucha convocada por todas las centrales sindicales del país para repudiar el proyecto de Reforma Laboral, con una movilización en Cruz del Eje para acompañar a las y los compañeros procesados.
Desde la CTA Autónoma y las organizaciones convocantes llaman a fortalecer la solidaridad de clase y a acompañar esta lucha, entendiendo que cuando se criminaliza la protesta, se ataca al conjunto del movimiento obrero y popular. La defensa del ambiente, del territorio y de los derechos humanos es inseparable de la defensa del trabajo, la democracia y la soberanía popular.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla