Por Juan Yacobs*
En una provincia donde los hospitales públicos se caen a pedazos, donde los docentes cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza y donde las rutas parecen campos minados, llama la atención el silencio absoluto sobre uno de los servicios más caros del Estado: el Poder Judicial. Porque si vamos a hablar de eficiencia, resultados y prioridades, es hora de poner sobre la mesa una verdad incómoda: La Justicia en Córdoba está ausente, pero goza de privilegios propios de una corte.
Los datos son elocuentes. En el último presupuesto provincial, el Poder Judicial recibió una asignación millonaria —alrededor del 5% del total de recursos, superando incluso a sectores clave como Ciencia o Cultura—. Sin embargo, el ciudadano de a pie no recibe justicia a tiempo, ni muchas veces la recibe del todo. ¿Cuántas causas duermen el sueño eterno en los tribunales de familia, laborales o penales? ¿Cuántos años deben esperar las víctimas para que se celebre un juicio? ¿Cuántas denuncias por violencia institucional o corrupción se desactivan en la telaraña burocrática?
Y lo más grave: Cuando la Justicia sí interviene, muchas veces lo hace sin respetar los principios constitucionales que deberían guiar sus decisiones. Un caso reciente, y emblemático, lo confirma.
El último domingo 13 de julio, Córdoba fue testigo de una intervención judicial que terminó siendo un atentado ambiental por la falta de atención y criterio en materia de principio precautorio, ante un hecho de daño irreversible, derechos difusos de tercera generación. En Villa Allende, un tricentenario quebracho blanco fue extraído de manera brutal, en medio de maniobras improvisadas, sin garantías técnicas ni biológicas, y a pesar de las advertencias de vecinos, científicos y abogados ambientalistas.
La Justicia, en este caso, no solo llegó tarde: Resolvió sin aplicar el principio precautorio, pilar básico del Derecho Ambiental argentino. En lugar de prevenir el daño —como indica el artículo 4º de la Ley General del Ambiente—, la sentencia de la Cámara habilitó el “trasplante” del árbol sin trazar una hoja de ruta clara, sin evaluar impactos y sin asegurar que el procedimiento fuera seguro.
Tal como explicaron los peritos del caso: “A la sentencia dictada por la Cámara le faltó el trazado de una hoja de ruta precisa para cumplimentar lo que se decida hacer con el quebracho blanco. Algo que es propio de las sentencias ambientales, y no se debe eludir”.
El resultado fue el que temían: Maniobras ejecutadas con total improvisación, como reconocieron las evaluaciones sobre el terreno, coincidentes con lo denunciado ante el Ministerio Público Fiscal de Villa Allende. Los procedimientos no sólo pusieron en riesgo al árbol, sino que violaron normas básicas de protección ambiental. La presentación judicial reclamó la suspensión inmediata de todas las tareas, exigiendo que no se avance con ningún intento de trasplante hasta que existan certezas biológicas y legales.
El abogado Juan Smith fue contundente: “En materia medioambiental, sobre todo en acciones donde está involucrado el derecho a la vida en su más amplio sentido, es imprescindible que el juez otorgue garantías para que aquello que se decida no afecte esa vida”.
Esta omisión no es menor. Una sentencia ambiental sin aplicación del principio precautorio no es una sentencia justa: es una orden ciega que facilita la destrucción. El quebracho blanco de Villa Allende —símbolo natural y cultural, con más de 300 años de vida— hoy corre riesgo por culpa de una justicia apurada, mal informada y, sobre todo, irresponsable.
Carísima, lenta, y sin principios
Este caso no es la excepción. Es el espejo de un sistema que, además de ser carísimo e ineficaz, funciona sin responsabilidad ética, sin vocación democrática, y muchas veces, sin principios. El Poder Judicial cordobés tiene los sueldos más altos del Estado, pero ofrece los peores resultados. Jueces, fiscales y camaristas cobran hasta tres millones de pesos por mes, con estabilidad asegurada y sin evaluaciones de desempeño, mientras causas sensibles y urgentes se amontonan o prescriben.
La lentitud procesal es impunidad. La ausencia de criterios como el principio precautorio es negligencia institucional. Y lo más alarmante: no hay consecuencias. Nadie rinde cuentas. Nadie se hace cargo.
¿Para qué sirve una Justicia que no resuelve?
¿A quién responde una estructura que es ajena a las necesidades sociales y que no se siente interpelada por el sufrimiento cotidiano?
¿Porque si ni siquiera en causas donde está en juego la vida —humana o natural— la Justicia es capaz de actuar con sensatez y responsabilidad, ¿qué podemos esperar para las miles de causas que no tienen visibilidad mediática ni presión vecinal?
La sociedad cordobesa debe empezar a hacerse una pregunta incómoda pero urgente:
¿Es tolerable seguir financiando con fondos públicos una estructura que no rinde cuentas ni cumple su misión constitucional?
Porque sin Justicia real, se repliegan así innumerables argumentos de lesa naturaleza, como aquellos que echaron por tierra a don Quebracho cuando llevaba casi tres siglos de vida, en inmediaciones de nuestra capital provincial.