Por Carlos Vicente
En el mes de abril se ha cumplido un año de duración el conflicto de la EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) con el Sindicato de Luz y Fuerza. Pasaron muchas cosas en este lapso: desde la sanción de leyes que lesionan derechos laborales, a paros, movilizaciones, despidos y hasta la judicialización de las luchas sindicales. Todo con un enorme y desigual despliegue mediático.
Los ejes sobre los cuáles se ha desarrollado este conflicto son los siguientes:
-1. El motivo publico de la controversia gira en torno a la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 que regula la relación de los trabajadores y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Según sea el sector que opina le asigna un valor diferente al mismo.
El Directorio de la EPEC pretende desde hace bastante tiempo la derogación de clausulas de este CCT. y ha impulsado por distintas vías cumplir este objetivo. Ha instalado un discurso que achaca a los “privilegios anacrónicos” del mismo todas las culpas del costo energético en la provincia y a la falta de inversión en infraestructura.
El Sindicato defiende el Convenio que contiene derechos que conquistó con décadas de lucha (1975) y que defendió y recuperó (ante los embates dictatoriales, al mismo) con otras tantas décadas de lucha. También sostiene que si hoy existe una EPEC estatal e integrada se debe principalmente a su acción.
Los “privilegios” supuestos que esgrime la conducción empresaria con su publicidad en los medios de comunicación (menor costo de la energía para los trabajadores de la EPEC, el fondo jubilatorio compensador y el sistema de ingreso), además de ser derechos laborales conquistados, representan cifras de menor cuantía comparadas con el presupuesto general de la generación, transporte y distribución de electricidad en la Provincia o con las obras que se requieren para mejorar el sistema, y que la Empresa y el Gobierno no hicieron.
-2. Detrás de la modificación del convenio colectivo está el interés empresario y del Gobierno, de modificar las condiciones laborales y la escala salarial para disminuir lo que representa el “costo” de la fuerza de trabajo. Esto va en sintonía con las políticas de ajuste que se aplican en la Provincia, y especialmente con la política de negociación salarial a la baja, expresada con los distintos sectores de empleados públicos en estos cuatro años.
Los trabajadores de EPEC tienen un nivel salarial más alto que el promedio de la administración estatal y eso es lo que defienden con su accionar sindical junto al mantenimiento de los “planteles de trabajadores”, que sin duda es una de las razones que mantienen un nivel de prestación del servicio de electricidad aceptables.
La privatización y tercerización de la energía que se llevó adelante en casi todo el país en los años ’90, condujo a una reducción de la planta de personal y a su precarización. Los trabajadores tercerizados fueron encuadrados en otros convenios (como el de la construcción) por lo que bajaron sus salarios y condiciones laborales y con el tiempo ello impactó negativamente en el servicio de electricidad. La caída salarial de los tercerizados condujo, a su vez, a la baja del convenio colectivo de Luz y Fuerza.
El argumento empresario tan difundido en los medios de comunicación, de que el costo de la electricidad está determinado por el alto nivel salarial, quedo pulverizado por la política tarifaria de Macri, que demostró que los elevados costos tienen que ver esencialmente con la ganancia exorbitante de los grandes grupos energéticos.
-3. En abril de 2018, el Directorio de la EPEC denunció el Convenio Colectivo ante el Ministerio de Trabajo Provincial. En simultaneo a iniciativa del gobernador, la Legislatura de la Provincia sancionó leyes que derogaron clausulas del referido Convenio Colectivo. Las dos formas empleadas, tanto por el Directorio de la EPEC, como por el Gobierno de la Provincia, van en contra de lo estatuido por la Constitución Nacional (art. 14 bis) y la Ley 14250 promulgada por el Presidente Perón en octubre de 1953. Ambas establecen, respectivamente, el derecho de los gremios a concertar Convenios Colectivos de Trabajo y que una convención solo puede ser modificada por otra convención celebrada por los gremios de trabajadores y empleadores y homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que es uno de los firmantes de este Convenio, ha rechazado las disposiciones unilaterales de la conducción de la EPEC y la sanción de una ley que pretende anular derechos establecidos por una Convención Colectiva que tiene fuerza de Ley Nacional. Para sostener su posición, además de las demandas jurídicas, ha implementado distintas medidas de acción colectiva, que fieles a su tradición, se caracterizan por la manifestación activa de los trabajadores en la calle.
-4. La EPEC ha instalado una campaña de estigmatización de los trabajadores de la electricidad y de su sindicato. Por un lado denunciando como privilegios las clausulas del CCT y por otro señalando como violentas e ilegales a cualquier manifestación sindical.
La enorme pauta publicitaria que reparte el gobierno provincial en los medios ha logrado que los comunicadores con más rating en la mañana cordobesa, en radio y televisión, instalen falsas noticias repetidas hasta el cansancio utilizando para ello videos o audios de dudoso origen además de ilegales.
El linchamiento mediático de cada manifestación sindical, abonado con abundantes recursos públicos, es la vía central utilizada por EPEC en su campaña antisindical para incidir sobre la opinión pública y esencialmente sobre el Poder Judicial, que es donde radica sus denuncias y acciones con una finalidad claramente intimidatoria sobre el conjunto de los trabajadores.
-5. Sobre la base esta campaña publicitaria la EPECc ha implementado una política de persecución de carácter antisindical.
Las autoridades de la Empresa, han manifestado que uno de los objetivos de su gestión es terminar con el modelo gremial que expresa Luz y Fuerza, que desde su punto de vista es anacrónico y no se ha adaptado a los nuevos tiempos sociales. Si bien no aclara a que se refiere el supuesto anacronismo, de la lectura de sus denuncias y declaraciones judiciales se puede extraer que su idea fuerza es la pretensión permanente de imponer cuál es el modo o la conducta con la que deben actuar los trabajadores y activistas sindicales. Por ejemplo han manifestado en ámbito judicial que es “peligroso la reunión de activistas para el reparto de volantes”, o que “los trabajadores del sindicato ocupen el espacio público para expresar sus demandas”, y consideran que es una transgresión grave que el Sindicato “organice activistas”, y más aun que manifiesten a viva voz la defensa de Luz y Fuerza y su Convenio Colectivo.
Con una intención claramente intimidatoria mantuvieron durante el mes de julio de 2018, al estilo Patricia Bullrich, una fuerte presencia policial organizada en gruesas columnas que ocupaban ingresos y pisos completos del Edificio Central a fin de impedir la realización de asambleas de trabajadores.
Fuente: www.enredaccion.com.ar