La Municipalización de la Lucha Social desenmascara a los Barones del Conurbano

Por Jorge Falcone

No resultaban fáciles para lxs excluídxs sociales las tratativas con el Ministerio de Desarrollo Social, pero dado el peso que grandes organizaciones (Movimiento Evita, Barrios de Pie, La Dignidad) tenían en dicha cartera, entre marchas y contramarchas se había logrado un statu quo de relativo entendimiento, claramente expresado por un funcionario del área que alguna vez ante interlocutores extra parlamentarios comentó “pertenecemos a distintas organizaciones pero hablamos un mismo idioma”.

El recambio de Daniel Arroyo por “Juanchi” Zavaleta al frente de esa repartición, como se ha venido analizando en distintos medios, supone un significativo viraje de la orientación de dicha gestión en favor de los intendentes, aunque por ahora se apacigüen los ánimos populares prometiendo que, al menos hasta fin de año, se respetarán todos los acuerdos.

De concretarse tal previsión de otorgarle mayor protagonismo en materia de asistencia social a los jefes comunales, es de suponer que la lucha por recursos y ampliación de derechos descomprimirá la Avenida 9 de Julio trasladando dicha demanda al escenario de los municipios.

Para comprender mejor el significado y alcance de este cambio de frente por parte del oficialismo, vale la pena refrescar qué es lo que está en juego, en tiempos de drástica reducción del empleo formal.

A lo largo de casi 20 años se multiplicó por diez la cantidad de personas que reciben algún tipo de ayuda estatal. Actualmente hay un total de 141 planes y programas sociales. Según los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), alrededor de 22 millones de habitantes del país recibe un programa alimentario, además de otros montos como la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a 4 millones de madres.

Esos planes sociales son repartidos por 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, además de los casi 1.300 municipios.

El plan más importante que tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social es “Potenciar Trabajo” y está destinado a brindar inclusión laboral, sobre todo a los trabajadores de la economía popular, y favorecer el acceso al crédito no bancario.

Dicho plan tiene una meta en el Presupuesto 2021 de 870.000 beneficiarios y, según datos del Presupuesto Nacional, reservó para este año 101.000 millones de pesos, alrededor de 276 millones de pesos diarios.

En el último informe sobre el “Estado de Situación” del programa Potenciar Trabajo, se presentaron un total de 2.069.719 solicitudes de inscripción de trabajadores y trabajadoras. De las que ya poseen resolución favorable 1.152.577 solicitudes.

También está la Tarjeta Alimentar y se suma el Plan Alimentos Especiales.

Según datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, más del 50 por ciento de las personas que habitan el país estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria en la pandemia.

En los últimos 10 años, se duplicó el número alcanzado por ayuda alimentaria. En el 2010 un 24,4% de los hogares recibió algún auxilio estatal, mientras que en la actualidad la cifra está en el 48%, prácticamente el doble.

Sin embargo, otro informe del mismo observatorio de la UCA, difundido a fines de julio apuntó contra la tarjeta Alimentar, ya que – si bien “resultó una red de protección” ante el “empeoramiento de la situación socio-alimentaria” del país – no mejoró la calidad nutricional de quienes la perciben.

En su “Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta Alimentar. Efectos directos e indirectos en la inseguridad alimentaria, consumos alimentarios y no alimentarios“, se comparó el consumo de alimentos y productos de limpieza o higiene personal en los hogares que reciben la tarjeta, frente a los que no.

Según ese informe, “no se aprecian impactos estadísticamente significativos en el consumo de carne, de lácteos ni de frutas o verduras. Se aprecia, en cambio, que los hogares destinatarios del Programa tendrán una mayor propensión al consumo de huevos y legumbres que los hogares del grupo de comparación“, es decir, sin la tarjeta Alimentar.

En tal sentido, la investigación concluyó que “se aprecia una ausencia de impactos sobre la calidad de la dieta de los niños/as y adolescentes en grupos de alimentos fuente de nutrientes esenciales (lácteos, frutas y verduras)

El programa Alimentar forma parte del “Plan Argentina contra el Hambre“, destinado a personas que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por embarazo, personas con discapacidad que cobran la AUH sin límite de edad y madres con 7 hijos o más que perciben pensiones no contributivas.

Esas personas reciben un beneficio que va desde los $6.000 a los $ 12.000 pesos, suministrado por transferencia bancaria o a través de una tarjeta física.

Como puede apreciarse, ninguna medida paliativa de la emergencia social adoptada por gobiernos dizque progresistas reemplaza la creación de trabajo genuino llevada a cabo mediante planes de reconversión laboral inscriptos en un proyecto estratégico de país que apunte a la Justicia Social y no a la indefinida prórroga del asistencialismo.

De chispas y praderas

Una de las primeras consecuencias del recambio operado en la superestructura gubernamental que se ocupa de la cuestión social tuvo lugar durante los últimos días en la comuna de Lomas de Zamora, cuyo intendente, Martín Insaurralde, acusó a “un grupo de violentos” que, según él, “utilizaron a un grupo de vecinos” que tiene reclamos legítimos para provocar incidentes.

En otras palabras, el conspicuo dirigente kirchnerista no tuvo mejor idea que aggiornar la rancia teoría de los infiltrados acuñada por el peronismo ortodoxo en tiempos en que semejante estigma suponía el inmediato faenamiento posterior a cargo de la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, popularmente conocida como Triple A.

Pues, dicho y hecho: En horas de la madrugada, la policía irrumpió en los locales del MTR Votamos Luchar ubicados en Olimpo y en Villa Albertina, de forma intimidatoria, cuando en uno de los hogares había una compañera con sus hijxs y en el local principal de la organización funciona una panificadora.

Como lo reflejara el portal AnRed, acciones semejantes dan cuenta de cómo es gobernar reprimiendo Lomas de Zamora desde Puerto Madero o un country de San Vicente para el funcionario que en 2013 pretendía bajar la edad de imputabilidad: continuidades, ninguna ruptura, ninguna grieta. El aval de Kicillof y la política de seguridad de Berni, a lo que se sumó la Justicia, con un allanamiento a un comedor donde las vecinas estaban haciendo pan a las 6:30 de la mañana,  cierra ese entramado  de poderes que se aúnan para amedrentar a los movimientos sociales.

A la luz del panorama descripto, y en atención a su posible deriva, cabe interrogarse cuál será la actitud que habrán de adoptar las organizaciones sociales oficialistas.

Resulta lícito al respecto cuestionarse si, confrontada con las multitudes que colmaron el Puente Pueyrredón el último 26/6 exigiendo Justicia por Darío y Maxi, la contundente marcha y concentración convocada por la UTEP el Día de San Cayetano, tras la consigna de Tierra, Techo y Trabajo, expresa una fractura potencial en el campo popular.

Puede que no sea esa la intención de las respectivas dirigencias, que otrora compartieran – por ejemplo – la resistencia contra el cuatrienio macrista. Pero en todo caso cabe reparar en datos como el que aporta el periodista Alejandro Bercovich, destacando que para ciertos sectores influyentes del empresariado local sería conveniente que Cristina manejara directamente la economía. Sobre todo a partir de lo expresado por esta durante el cierre de listas, indicando que el próximo aporte del FMI no será destinado a saldar parte de la deuda interna, como se había anunciado, sino a cumplir con los acreedores externos.

Y, si eso es así, ocurre porque esos potentados nunca dejaron de lucrar durante la llamada “Década Ganada”, y ante la inestabilidad institucional generada por un inepto como Macri… siempre preferirán que sus intereses descansen a resguardo de la contención social que hoy reportan las organizaciones sociales afines al gobierno, mientras dure su lealtad a “La Jefa” y su vocación de convertirse en sindicato.

El hambre es impaciente

Obviamente, el sentido común imperante -y la caterva de incautxs que sigue considerando al ganar una elección como el sumun de la acción política- atribuye este tipo de análisis a un pensamiento maximalista supuestamente alimentado por la trajinada idea de que “cuanto peor mejor”.

Pero, apelando a un principio caro a la identidad política del gobierno argentino, recordaremos que “la única verdad es la realidad”: Un video recientemente viralizado muestra cómo decenas de personas se abalanzan sobre el asfalto para agarrar los productos desparramados que cayeron de un camión de la cadena de supermercados Wallmart que hace poco volcó de madrugada en la Ruta Nacional 9, cerca de la localidad de Zárate.

Poco después, móviles de la Policía local y Gendarmería se acercaron a custodiar la carga desparramada sobre el asfalto, en salvaguarda de la propiedad privada. Sin embargo, no pudieron evitar que vecinos de barrios periféricos se acercaran con las primeras horas de la mañana al lugar y se abalanzaran sobre las cajas de mercadería.

Pasadas las 12, no quedó registro de las toneladas de mercadería transportadas por el vehículo.

“La gente de barrio tiene hambre. Fueron cuatro años muy duros. La gente quiso sacar la mercadería y la policía se metió, hubo balazos de goma, agresión. La policía no nos dejaba sacar cosas pero ellos también se llevaban”, describió un joven en diálogo con C5N.

Esas imágenes no vienen de Sudáfrica. Y por estos lados no se veían desde los prolegómenos de diciembre 2001. En la era de las redes sociales y el repentismo informativo, perforan el blindaje mediático que preserva el gran espejismo de prosperidad que vive la Mátrix porteña, como destellos fugaces de la Argentina real, esa que experimenta la cuenta regresiva de una deuda interna no saldada por ningún gobierno de los que desfilaron hasta ahora, desde que rige la farsa insostenible que llamamos democracia.

Una vez más, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Fuente: www.olp-resistir-y-vencer-blogspot.com