Por Jorge Navarro
En las últimas semanas, mientras la población de Córdoba y del país lucha contra la propagación del coronavirus, el gobierno de Schiaretti mando a varios de sus ministros a declarar que la provincia se encontraba en una crisis total por la caída de la recaudación y comenzaron a proponer y a tomar distintas medidas que representan una masacre social en plena cuarentena. Entre esas medidas a tomar se mencionaron el recorte de salarios y jubilaciones, el diferimiento de los aumentos a los jubilados y el pago con cuasimoneda de haberes. Entre las medidas que ya se tomaron cabe mencionar la emisión de bonos para proveedores, el no nombramiento de docentes suplentes, la eliminación de los planes de empleo (PPP, PIP, etc.) y el retraso en la asistencia social.
Para avanzar en ese ajustazo, Schiaretti ha pasado, en poco tiempo, de resaltar el “blindaje” de la economía provincial a alarmar sobre la “crisis” fiscal. Esas posiciones contradictorias tienen en común el objetivo de embaucar a la población para seguir manteniendo las finanzas publicas al servicio de los grandes capitalistas que operan en la provincia. Antes, el “blindaje” servía para endeudar en forma exponencial a Córdoba. Ahora la “crisis” es agitada para avanzar, no sobre los capitalistas que se beneficiaron con la situación anterior, sino sobre trabajadores y jubilados.
La provincia tiene una caída real en la recaudación desde julio de 2018. El último comunicado del Ministerio de Finanzas del 2 de abril, se titula “En marzo se perdió más de un cuarto de la recaudación”, explicándose que en, relación a igual período de 2018, los ingresos retrocedieron un 26,4%: en total cayó unos tres mil millones del programado. Para abril se prevé una caída muy superior que rondaría entre los 5 a 7 mil millones de pesos o más, sobre un presupuestado de 24 mil millones. Según un informe de Iaraf, entre el 1° y el 12 de abril la recaudación tributaria nacional subió un 5% en términos nominales, lo que significó una caída real del 28,3%, mientras que la recaudación provincial cayó 39,4% nominal y un 58,6% real.
Para cubrir semejante agujero, el PJ mira principalmente al Gobierno de Fernández, saliendo a apoyar públicamente la emisión monetaria y la negociación sobre la deuda externa. Pero el auxilio nacional no cubre el rojo ni por un mes. La semana pasada Nación remitió una cuota de apenas de 1.757 millones de pesos (ATN), se esperan dos más para mayo y junio. Schiaretti junto al resto de los gobernadores presionan para que se adelanten esas cuotas, ante el conflicto social que se avecina. La secretaria de Provincias nacional, Silvina Batakis, expresó “los siguientes 40.000 millones de pesos se distribuirán de acuerdo evolucione la crisis sanitaria y social” y añadió que “puede ser que este mes haya un refuerzo, aunque por ahí no de la misma magnitud” (Comercio y Justicia 13/4). En las últimas horas Fernández anunció un auxilio para pagar sueldos, sin dar más detalles.
La otra medida que espera Schiaretti es el acceso al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que Fernández anunció por otros 60 mil millones de pesos. Se trata de un préstamo a pagar en 36 cuotas desde enero de 2021 y actualizado por CER. Pan para hoy y hambre para mañana, puesto que en 2021 la provincia debe hacer frente a pagos de capital e intereses superiores a 87 mil millones de pesos, que crecerán con la devaluación del peso, puesto que es deuda dolarizada, y que se cuestiona su refinanciación por el default nacional.
La quiebra de la provincia fue ampliamente precipitada por el propio gobierno. Durante los últimos cuatros años la deuda creció en forma exponencial en un 1.000% aproximadamente. Desde la intervención a la Caja de Jubilaciones se fueron tomando distintas medidas para desfinanciarla por medio de rebajar aportes patronales, tercerizar grandes masas de trabajadores y pagar haberes exorbitantes a jueces y funcionarios. La propia recaudación provincial fue acentuando su carácter regresivo, recostada principalmente en los impuestos que pagan los trabajadores como ingresos brutos (que se traslada a precios), inmobiliario urbano, sellos entre otros; mientras que es ínfima la porción que pagan los terratenientes sojeros.
Las conclusiones de la crisis fiscal que atraviesa a la provincia saltan a la vista. Es el resultado anunciado del saqueo social y económico que durante años beneficio a los capitalistas. Las y los trabajadores tienen que intervenir con un gran plan de lucha y con independencia política.
Fuente: www.prensaobrera.com