El 10 de julio de 1866, apenas cincuenta años después de la declaración de la Independencia, nacía la Sociedad Rural Argentina. Bajo el lema “Cultivar el suelo es servir a la Patria”, se presentaba como una institución destinada a promover el desarrollo agropecuario. Sin embargo, detrás de ese discurso comenzó a organizarse la corporación que durante décadas representaría los intereses de la oligarquía terrateniente, el grupo económico y político que dominaría buena parte de la historia argentina.
La Sociedad Rural nunca fue simplemente una entidad agropecuaria. Desde sus primeros años actuó como el principal órgano de representación de los grandes propietarios de tierra, defendiendo un modelo económico basado en la concentración de la propiedad, la exportación de materias primas y la estrecha vinculación con el capital británico.
La clase terrateniente argentina comenzó a consolidarse durante la primera mitad del siglo XIX. A través de concesiones, compras de tierras públicas y adjudicaciones realizadas por distintos gobiernos, un reducido grupo de familias fue acumulando enormes extensiones de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
Con la organización nacional ese proceso se aceleró. Apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Pereyra Iraola, Unzué, Álzaga, Santamarina, Leloir y tantos otros pasaron a controlar millones de hectáreas mientras el país consolidaba un modelo agroexportador destinado a abastecer de alimentos y materias primas a Europa, especialmente a Gran Bretaña. La tierra dejó de ser solamente un recurso productivo para convertirse en la principal fuente de poder económico y político de la Argentina.
La Campaña del Desierto y el gran reparto de tierras
La consolidación de ese poder tuvo uno de sus capítulos decisivos durante la Campaña del Desierto. Presentada oficialmente como una empresa destinada a incorporar territorios al Estado nacional, significó también el sometimiento de los pueblos originarios y la apropiación de millones de hectáreas que luego serían distribuidas entre un reducido grupo de particulares.
La Sociedad Rural fue una de las principales impulsoras de aquella expansión territorial. Sus dirigentes comprendían que el desarrollo del negocio ganadero exigía nuevas tierras para abastecer la creciente demanda europea de carnes y cereales.
Finalizada la campaña militar, enormes extensiones fueron vendidas o adjudicadas en condiciones extraordinariamente favorables, muchas veces por valores irrisorios respecto de su verdadera riqueza, consolidando una de las mayores concentraciones de tierras de América Latina. Mientras miles de indígenas eran asesinados, desplazados o confinados, nacía definitivamente la oligarquía terrateniente argentina.
Pocas figuras expresan con tanta claridad aquella concepción como Estanislao Zeballos. Presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 1888 y 1891, justificó públicamente el exterminio indígena y llegó incluso a recolectar cráneos y restos humanos para museos, convencido de que la llamada “civilización” debía imponerse sobre la “barbarie”.
Aquella mirada no fue un hecho aislado. Formaba parte del pensamiento dominante de una élite que veía a los pueblos originarios como un obstáculo para el progreso económico y la expansión de la gran propiedad rural.
El negocio del Modelo Agroexportador
La aparición del buque frigorífico transformó profundamente la economía argentina. Desde fines de la década de 1870 la posibilidad de exportar carne refrigerada hacia Europa multiplicó el valor de la tierra y convirtió a los grandes estancieros en uno de los sectores más poderosos del país.
La ecuación era sencilla: Más tierra significaba más ganado; más ganado significaba mayores exportaciones y mayores ganancias. La Sociedad Rural defendió ese modelo desde sus orígenes, impulsando una economía orientada al mercado externo mientras la industrialización nacional quedaba relegada.
La Sociedad Rural jamás limitó su actividad al plano económico. Durante la República Conservadora muchos de sus dirigentes ocuparon ministerios, bancas legislativas, gobernaciones y hasta la Presidencia de la Nación. Entre comienzos del siglo XX y la década de 1940 varios presidentes argentinos pertenecían o mantenían estrechos vínculos con la institución. Su influencia excedía ampliamente al sector agropecuario. Participaba activamente en las grandes decisiones del Estado y se convirtió en uno de los principales factores de poder de la Argentina.
La llegada del Estatuto del Peón Rural en 1944 marcó uno de los momentos de mayor confrontación entre la Sociedad Rural y el Estado. Por primera vez los trabajadores rurales obtenían derechos básicos como salario mínimo, descanso semanal, vacaciones pagas, vivienda digna y mejores condiciones laborales.
La respuesta de la Sociedad Rural fue inmediata.
Sostuvo públicamente que aquellas medidas sembraban “el germen del desorden social” y defendió que la relación entre patrón y peón debía parecerse más a la de un padre con sus hijos que a un vínculo regulado por la legislación laboral. Detrás de esa discusión se enfrentaban dos concepciones completamente distintas del país: una basada en los privilegios tradicionales de los grandes propietarios y otra que buscaba extender derechos a quienes trabajaban la tierra.
Pocas organizaciones empresarias alcanzaron el nivel de influencia política que históricamente ejerció la Sociedad Rural Argentina. Estados Unidos posee la American Farm Bureau Federation; Francia cuenta con la FNSEA; Brasil tiene la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil y el Reino Unido la National Farmers’ Union. Todas representan intereses del sector agropecuario y desarrollan tareas de lobby frente a sus gobiernos.
Sin embargo, ninguna nació como expresión directa de una oligarquía propietaria de millones de hectáreas ni llegó a convertirse en un actor con semejante capacidad para influir sobre la organización política de un país.
La diferencia radica en el origen mismo de la Sociedad Rural. Desde su nacimiento representó a los mayores terratenientes de la Argentina, cuando la tierra constituía la principal fuente de riqueza nacional. Esa posición le permitió ejercer una influencia que trascendió largamente la actividad agropecuaria para convertirse en uno de los principales factores de poder económico y político del país.
La historia de la Sociedad Rural Argentina es, en gran medida, la historia de la consolidación de una clase social que hizo de la propiedad de la tierra la base de su poder económico y de su influencia política.
Su nacimiento acompañó la expansión del modelo agroexportador; respaldó la incorporación de millones de hectáreas que terminaron concentradas en pocas manos; defendió los privilegios de los grandes estancieros y resistió cada intento de ampliar derechos para quienes trabajaban el campo.
Más que una simple asociación rural, fue la organización de la oligarquía terrateniente argentina. Comprender su historia es comprender cómo se consolidó uno de los grupos de poder más influyentes del país y cómo, desde fines del Siglo XIX, la disputa por la tierra, la riqueza y el modelo de Nación ha ocupado un lugar central en la historia argentina.
Fuente: Revisionismo Histórico Argentino