Por Héctor Oscar Brondo*
Las casualidades no existen, las ironías del destino, sí.
El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, sabe que es así; lo está experimentando en carne propia.
El cirujano santiagueño que abrió su propio camino en la política de Córdoba con sigilosa y tozuda militancia en “La Carrillo”, espacio que funciona al amparo de “La Tribuna” -como se conoce en el mundo peronista cordobés a la guardia pretoriana del gobernador Juan Schiaretti, una suerte de “La Cámpora” kirchnerista, aunque con fanatismo no tan expuesto y perfil más técnico- quizá sienta que el espanto por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” apareció de repente en su carrera profesional y pública como un muro contra el que terminó colisionando de frente, sin tiempo ni reflejos para pisar el freno.
El nombre con el que Cardozo bautizó a la cofradía de compañeros de ruta y el del principal establecimiento público de la provincia destinado a la atención maternal integral, de prematuros y de recién nacidos, rinde homenaje al primer ministro de Salud que tuvo la Argentina: el neurocirujano y médico sanitarista Ramón Carrillo, también oriundo de Santiago del Estero y de quien el titular de la cartera sanitaria de Córdoba conoce su biografía y foja de servicios a la comunidad con lujo de detalles.
Las ironías del destino existen.
Un par de amigos de la vida (con funciones relevantes en hospitales en la actualidad) y colaboradores dilectos de Cardozo (profesionales de la salud, burócratas de carrera, legisladores del palo, asesores de comunicación, periodistas de su extrema confianza, etcétera) le escucharon confesar, con desconsuelo, que estaba al tanto de lo que sucedía en el complejo materno neonatal de Manuel Cardeñosa al 2900. Lo sabría desde mediados de marzo último, cuando sorprendieron al equipo de salud de ese hospital las primeras muertes (¿las primeras?) de bebés saludables, nacidos a término, con todos los parámetros normales.
Lo habrían puesto al tanto de la situación Liliana Asís y Claudia Ringelheim, ex directora y ex subdirectora del hospital estatal, respectivamente, recientemente desplazadas de sus cargos por el Ministro Cardozo cuando estalló el escándalo y tomó estado público.
La comunicación interna de lo sucedido habría ido acompañada de la sugerencia de cerrar el establecimiento para determinar las causas fehacientes de los decesos que contrariaban una sentencia científica de validez universal: los bebés sanos no mueren así porque sí.
La respuesta desde el despacho mayor del Pablo Pizzurno fue un “no” tajante y se les habría ordenado a los presuntos remitentes del mensaje que guardaran el secreto con total hermetismo y se ocuparan de esclarecer lo sucedido, de manera urgente. Se les habría advertido, además, que si incumplían las indicaciones ministeriales podrían sufrir castigos administrativos.
En rigor de verdad, la decisión y la advertencia sorprendieron a pocos.
Los memoriosos recuerdan que a comienzos de 2018, cuando Cardozo era una de las espadas más filosas del equipo técnico y político del entonces Ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, envió al grupo de whatsapp que compartía con directores de hospitales y funcionarios de la cartera sanitaria una copia fiel del memorándum original N° 2/2018 (firmado por él de puño y letra) en el que se los conminaba a guardar silencio total acerca del sensible crecimiento en Córdoba de casos de hepatitis por transmisión sexual que había disparado las alarmas del registro epidemiológico.
La resolución concluía con un claro apercibimiento a los destinatarios: “en caso de no cumplir con las directivas ministeriales encomendadas, quedarán a disposición de posibles sanciones”.
Una captura de pantalla del mensaje se filtró desde un celular particular de un trabajador de la salud con jerarquía y trayectoria del Hospital Córdoba y que no tardaron en replicar sus pares de otros establecimientos públicos.
Por el asunto, Cardozo fue denunciado penalmente por supuesto abuso de autoridad.
Ya como titular de la cartera Cardozo instruyó a sus subalternos, con tenor similar, aunque de manera más cuidadosa, cuando en el peor momento de la pandemia de Covid-19 detonó en Río Cuarto un escándalo nacional a raíz de la designación de Ignacio Martín en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto. Se trata del falso médico (no tenía siquiera terminado el secundario) que actuó en la Capital alternativa y en otras ciudades del interior durante el pico de casos de coronavirus.
Dispuso lo mismo cuando Pablo Musse denunció ante los medios de comunicación del país que las autoridades sanitarias de Córdoba le impidieron despedir a su hija Solange en su lecho de moribunda en Alta Gracia, al impedirle seguir viaje en la ruta que transitaba rumbo a la ciudad de El Tajamar por no tener un hisopado con resultado negativo de Covid-19. El episodio polémico ocurrió el 21 de agosto de 2020.
Igual sucedió cuando se sospechó de la existencia de vacunados VIP en la Provincia de Córdoba cuando la Sputnik V era un insumo vital sumamente escaso aquí y en todo el país. El antecedente tomó estado público a través de un legislador opositor y por redes sociales; tuvo como prueba el caso de Matías González, nieto del actual legislador provincial y ex ministro de Salud de Córdoba, Oscar Gonzalez. El joven recibió el primer pinchazo no bien arribaron a nuestra ciudad las primeras dosis del antígeno ruso. Tenía entonces 28 años.
La lista de beneficiados al margen de los protocolos establecidos es larga. Algunos de ellos reconocieron el “favor” sin ruborizarse siquiera.
Todos los antecedentes citados llegaron a la Justicia.
Lo mismo que sucede ahora con lo del Neonatal. En junio último, cuando la sangre llegó al río (y el río desembocó en el mar de la insensatez) tras la muerte de varias bebas que también fallecieron pocas horas después de nacer a término, saludables, de mamás sanas y con todos los parámetros neonatológicos normales, las autoridades sanitarias pusieron los antecedentes en conocimiento del Poder Judicial.
Casi al mismo tiempo, Cardozo descabezó el Área de Bioética del Ministerio de Salud, al desplazar a su coordinadora María Fernanda Marchetti, sin previo aviso, y no designar a nadie en su lugar; el cargo sigue vacante.
La instancia tiene mucho peso en la elaboración de protocolos específicos para la sanidad en toda la provincia.
Desde entonces, el espacio donde solían deliberar cada 15 días representantes de los comités de bioética de instituciones hospitalarias -tanto públicas como privadas- “con la finalidad de promover la reflexión crítica de la realidad a la luz de principios y valores que buscan reconocer, definir y delimitar los problemas que pueden suscitarse en las prácticas de salud”, no volvió a constituirse.
La situación fue cuestionada con severidad por la Red de Comités de Bioética de la Provincia de Córdoba. También, por el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba y por el capítulo argentino de la Red de Bioética promovida por Unesco, entre otras entidades científicas prestigiosas.
Los bien pensados dicen que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
El resto opina lo contrario.
El martes, encumbrados dirigentes políticos de la principal fuerza de oposición (con varias capas de cobertura anti flama) convocaron a conferencia de prensa para pedir el inmediato desplazamiento de Diego Cardozo de su cargo de ministro.
El Gobierno respondió a la estocada -y a muchos cordobeses- invitando a una reunión en El Panal a la primera línea de mando de la Mesa de Enlace que nuclea a los principales empresarios ruralistas cordobeses. Mientras, sigue desoyendo el pedido de audiencia de las madres del dolor y de los padres que perdieron a sus bebés saludables poco después de nacer en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”. Lo hacen con la ilusión de que alguien les diga que pasó o qué cree que pasó en esa institución emblemática de la salud pública.
La Justicia investiga el caso espeluznante.
La instrucción arrancó demasiado tarde y con vicios técnicos de procedimiento, impropios de un fiscal con la experiencia y la formación del que tiene a cargo el trámite incandescente.
Y eso, se sabe, es de mal agüero.
*Periodista. Secretario Tesorero del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)