Para Giuliani, “esa agresividad discursiva adquiere una dimensión institucional preocupante. El pedido de Caputo para avanzar con una ley que sancione a periodistas implica pasar del ataque verbal a la búsqueda de mecanismos legales de disciplinamiento. En una democracia, ninguna de esas actividades puede ser considerada un delito. El poder debe soportar el examen público, no intentar eliminarlo”.
A su juicio, “la ofensiva contra el periodismo debe ser analizada junto con las medidas de criminalización de la protesta social. Mientras Milei ataca a periodistas, trabajadores y medios, su Gobierno también avanza contra quienes se movilizan para hacer frente a sus políticas. Las detenciones y causas contra manifestantes, la represión de protestas y la utilización del aparato judicial para perseguir a quienes luchan forman parte de un mismo escenario: El intento de sofocar el reclamo y la crítica social”.
“Frente a esa realidad, controlar el relato se vuelve una herramienta política. Si las denuncias pueden ser deslegitimadas como ‘operaciones’, si los periodistas pueden ser amenazados con sanciones y si las voces críticas pueden ser perseguidas, entonces el Gobierno intenta construir un escenario donde solamente tenga legitimidad su propia versión de los hechos. Lo que pasa es que la información no pertenece al Gobierno. El derecho a informar y a ser informado pertenece al conjunto de la sociedad”, apuntó.
Y concluyó: “Cuando el poder puede decidir qué información es ‘verdadera’ y qué periodista merece ser sancionado, la libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a convertirse en una concesión graciosa del Gobierno. Por eso, frente a la avanzada de Milei, Caputo y la casta, la respuesta debe ser clara: Ninguna mordaza, ninguna persecución y ningún periodista criminalizado por informar”.
Fuente: Programa “Así Son Las Cosas” que se difunde por FM Gospel de Río Cuarto