Por Horacio Rovelli
El martes 12 de marzo 2024, en la reunión anual de AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), su presidente, Facundo Gómez Minujín, dijo que la Cámara adhiere a “los objetivos y a la dirección de las medidas anunciadas” por el gobierno de Javier Milei, así como también apoya “la eliminación de trabas regulatorias y obstáculos para desarrollar sus actividades y la libertad a las empresas para decidir su plan de negocios”.
Gómez Minujín, que es también titular de JP Morgan en la Argentina [1], agregó que “no es sostenible una economía basada en el subsidio a los alimentos, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, la vivienda, el combustible, la luz y el gas”, y afirmó que “el tamaño del Estado, el déficit fiscal generado y la emisión monetaria” hicieron que la Argentina fuera “un país no viable”.
En ningún momento mencionó que el peso de la deuda pública es una hipoteca costosa para el erario nacional. Tampoco dijo nada de que la deuda externa contraída en el gobierno de Macri y la deuda interna del gobierno de Alberto Fernández son causas principales del gasto estatal, y menos habló de que entre las 720 empresas asociadas a AmCham se encuentran 25 empresas que son a su vez las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos, lista publicada por el BCRA [2]. El Cohete dio el listado de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares [3], donde se destacan esas empresas.
Es más, tampoco dijo que muchas de esas firmas, no solo fueron las mayores compradoras de dólares entre 2016 y 2019, sino que después, en el período 2020- 2023, recibieron del BCRA dólares a precio oficial para pagar sus deudas supuestas o reales en el exterior, adquiriéndolos a la mitad del precio de los dólares paralelos, como lo convalidó el gobierno de Milei al devaluar nuestra moneda en un 118% el 12 de diciembre de 2023 [4].
Esto es, un grupo parásito y rentista (donde las empresas asociadas a AmCham son de las más importantes) se apropió de 100.000 millones de dólares en la gestión de Cambiemos. A los que deben sumarse los llamados inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión, etc.) que compraron en la gestión del Frente de Todos títulos de deuda del Tesoro de la Nación por 54,4 billones de pesos (son bonos en pesos ajustables, por ende, equivalentes a unos 54.000 millones de dólares. En CER [5]: $26,4 billones; dólar linked: $5,2 billones, y dual: $22,8 billones). Es más, el ministro Caputo les propone a sus tenedores extender el vencimiento (vencen a lo largo de este año y en el 2025) para los años 2026-2027 y a todos ellos les otorga la cláusula puts (seguro de liquidez), por la cual, ante cualquier necesidad, presentan los bonos referidos al BCRA y cobran en efectivo al día siguiente (con los intereses incluidos).
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili [6], gracias al apoyo de los grandes fondos de cobertura, en tres meses devaluaron nuestra moneda en un 124% (el jueves 7 de diciembre de 2023 el precio oficial era de 400 pesos y el viernes 15 de marzo de 2024 fue de 896 pesos) y disminuyeron la tasa de interés de referencia del BCRA de 110 a 80% anual. De esa manera no solo consiguieron que los sectores con ahorro en divisas las tengan que cambiar por pesos (a precios cada vez menores) para mantener el mismo nivel de vida y/o financiar el stock de mercaderías que no venden, sino que los que ahorran en pesos cobran una tasa menor que la inflación.
Obviamente se beneficia el BCRA, que paga menos intereses por los encajes remunerados, cuyo stock suma más de 30 billones de pesos a mediados de marzo de 2024, de los cuales, en pases de uno a seis días, alcanzan los 29,9 billones de pesos, aminorando de esa manera su déficit para-fiscal o cuasi-fiscal.
El sideral ajuste monetario genera como reflejo la depreciación cambiaria, dado que la base monetaria es de 10,7 billones de pesos al 15 de marzo de 2024 y el 7 de diciembre de 2023 era de 10,1billones de pesos (creció en un 5,9% contra una inflación acumulada de no menos del 70% en el período) y el tipo de cambio oficial se incrementó en 124%.
Según la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación), la Administración nacional pagó en concepto de intereses de la deuda, en el primer bimestre de 2024, la suma de 2,46 billones de pesos, que representó el 25,5% del gasto total y, comparando con igual lapso del año pasado, creció en un 34,2% (que es obvio, porque la devaluación obliga a juntar más pesos para pagar los intereses de la deuda en divisas). Dicho incremento del gasto en intereses de la deuda se contrasta con un gasto primario (todo el gasto público de la Administración nacional exceptuado los intereses de la deuda), que descendió en un 33,6% en igual lapso.
Sin embargo, en ese marco, Javier Milei en su discurso del 1 de marzo de 2024, al sostener que la causa de la inflación es el déficit fiscal, propone llevar todo el gasto público consolidado (se denomina Gasto Público Argentino) al 25% del PIB (no dice en qué tiempo). Y pretende comprometer a las provincias en ese objetivo con la firma de un pacto el 25 de mayo de 2024, cuando la Secretaría de Hacienda de la Nación informa que el gasto consolidado del gobierno nacional del año 2023, base caja, alcanza el 24,4% del PIB, el de la CABA y las provincias, el 15,7%, y el de los municipios, el 3,3%, que significa un 43,5% del PIB.
Cuando el descenso de la actividad económica generalizada hace caer la recaudación de los impuestos e ingresos previsionales en términos reales, eso deriva inevitablemente en un nuevo ajuste para conseguir el equilibrio fiscal.
Si la inflación de febrero de 2024 medida por el IPC del INDEC fue realmente del 13,2%, observamos que anualizada es de 276,2%, porcentaje muy superior a la recaudación en general, pero esencialmente comparándola con la recaudación en seguridad social, lo que demuestra cómo la combinación de la devaluación de nuestra moneda y la liberación de los precios impacta en sueldos y salarios. El descenso en la recaudación de las cargas y aportes previsionales nos permite explicar que está disminuyendo el consumo interno y con ello se reduce y se reducirá aún más la recaudación del IVA en las cuentas de Estado nacional y del Impuesto a los Ingresos Brutos en la recaudación de las provincias.
También, al descender los recursos previsionales y dado que el índice de movilidad se ajusta por dos variables (crecimiento del salario real y la recaudación de la ANSES) y como esas dos variables bajan a la par, si no se cambia la fórmula, disminuyen en términos reales las jubilaciones y pensiones. Paralelamente los sueldos y salarios muestran una caída considerable en términos reales, ante la estampida de los precios.
El gobierno se esfuerza por reducir el gasto primario que, según la OPC y su lectura del SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera) de la Secretaría de Hacienda de la Nación del primer bimestre de 2024, y dado su propio índice de deflación, lo hizo en una disminución de las erogaciones en un tercio (33,6%). Principalmente la disminución del gasto es en:
- pago de jubilaciones y pensiones (en un 33%);
- subsidios económicos (54,2%);
- transferencias a las provincias (en un 73%);
- obra pública (el gasto de capital desciende interanualmente en un 82,4%).
El fuerte ajuste fiscal permitió, siempre según la OPC, un resultado financiero positivo de un billón de pesos. Pero debe contemplarse que es base caja y debería verse el final con todos los gastos devengados.
Obviamente, el superávit primario y financiero logrado en el primer bimestre de 2024 es a costa de la población, que percibe menor haberes previsionales y aportes del Estado nacional, política que el gobierno de Javier Milei pretende continuar y de la que el mismo Presidente se jacta: “Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer”. Milei se ufana sobre su política económica de “motosierra y licuadora”. Asimismo, remarca que el Fondo Monetario Internacional validó lo que está haciendo.
Lo que nunca explica es para qué se realiza semejante ajuste de las cuentas públicas y su impacto sobre el consumo y la inversión en la economía argentina. Y la respuesta es para garantizar tres objetivos que se interrelacionan entre sí:
- Pagar, a través del presupuesto nacional, una deuda que no se investigó (y que se está pagando), beneficiando a los deudores, porque el pueblo argentino les paga su endeudamiento.
- La enajenación del patrimonio nacional en beneficio de grandes fondos que, a cambio de esa deuda, van a exigir nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas (YPF; ARSAT, Banco de la Nación Argentina, etc.).
- De esa manera, como interrelación entre los puntos a y b, garantizar un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador que no genera trabajo y beneficia exclusivamente al gran capital financiero.
Disciplina laboral y comercial
Es el mismo Luis Caputo que se opone a las tratativas que habían realizado los trabajadores de Aerolíneas Argentinas con la empresa el 28 de febrero de 2024. Es más, había un principio de acuerdo para que los trabajadores aeronáuticos percibiesen un 16% de mejora salarial ese mes y otro 12% en marzo, y casi estaba convenido con Trabajo, pero intervino el Ministerio de Economía y todo quedó en la nada.
Desde el Ministerio de Economía, la orden no escrita pero imperante es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril. Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, más conocidos como el gremio aceitero, industria exportadora y una de las claves del modelo, que habían acordado con las empresas del ramo tasas de aumentos en las remuneraciones para compensar la suba de los precios, ante la pasividad de la Secretaría de Trabajo sostuvo que “hay una decisión política de licuar los salarios, por eso no homologan nada”.
Igual sucede con los bancarios, camioneros, trabajadores de edificios, etc. El nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, abogado de Techint y de la UIA y, por ende, no ajeno a la redacción del Capítulo IV del DNU 70/23 de flexibilidad laboral que la Justicia suspendió en su ejecución, deberá aceptar o rechazar los acuerdos, pero el objetivo de Caputo es que desciendan los salarios y con ello el consumo y, por esa vía, moderar la tasa de inflación y aumentar los saldos exportables.
El jefe del Palacio de Hacienda, después de que devaluaron y liberaron los precios, consideró que hubo remarcaciones excesivas por parte de las empresas alimenticias y los fabricantes de artículos de limpieza y tocador, de manera tal que son muchos los productos que tienen un precio en la Argentina, al tipo de cambio oficial, mayor que en el exterior. El viernes 8 de marzo de 2024 se reunió con el sector industrial, y el lunes 11 con los supermercadistas: “Nosotros cumplimos a rajatabla el programa de equilibrio fiscal y recomposición del balance del Banco Central. Pero hay una suba desmedida de precios, de la que toda la cadena es responsable” y les amenazó con permitir la libre importación, que comienza a cumplirse mediante la Comunicación A 7980 del BCRA que determinó las importaciones de una serie de alimentos que pasarán a disponer de las divisas necesarias para poder concretar esa operación en un plazo de 30 días.
También se determinó suspender, por un plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias a las importaciones de los alimentos básicos comprendidos en la medida oficial (lácteos; carnes vacuna, porcina, aviar y ovina; yerba; azúcar; harina de trigo; arroz; aceites de oliva y de girasol, etc.), con lo que se subsidia por la vía cambiaria y tributaria a los importadores con el propósito de intentar contener la inflación en alimentos. Como pasó con Martínez de Hoz y con Menem, las grandes empresas son las que van a traer los alimentos del exterior.
En síntesis
Los funcionarios de los fondos de cobertura, que ocupan formalmente cargos en el actual gobierno, cumplen a rajatabla con lo trazado para imponer un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador que sobreviva a la actual administración, para beneficio exclusivo de sus mandantes, cuando debería ser a favor del pueblo argentino.
[1] Los principales accionistas del JP Morgan Chase & Co. (JPM) son Vanguard Group Inc; Blackrock Inc; State Street Corporation; Morgan Stanley; y Fidelity Fund. En la mayoría de las empresas asociadas a AmCham, los fondos de cobertura (BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO – Allianz, Franklin Templeton, Gramercy; Greylock, etc.) participan como socios y/o financistas de estas.
[2] Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, en el que demuestra que, de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares —prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional—.
[3] Las empresas que forman parte de las 100 y que son miembro de la AmCham son: Western Union Financial Services Argentina S. R. L.; American Express Argentina S. A.; General Motors de Argentina; Shell Cia Argentina de Petroleo S. A.; Cohen S. A. sociedad de bolsa; Monsanto Argentina S. A. I. C (hoy fusionada con bayer S. A.); Telecom Argentina S. A.; AES Alicura S. A.; Procter & Gamble Argentina; Acindar Industria Argentina de Aceros S. A.; Industrias John Deere Argentina S. A.; Arcor S. A. I. C.; Chevrolet S. A. De ahorro para fines determinados; Dow Agrosciences Argentina S. A.; Syngenta Agro S. A.; CNH Industrial Capital Argentina S. A.; Dow Quimica Argentina S. A.; Halliburton Argentina S. A.; Minera Argentina Gold S. A.; Colgate Palmolive Argentina S. A.; Embotelladora del Atlántico S. A.; SC Johnson & Son de Argentina S. A. Industrial Comercial; Pfizer S. R. L.; Newsan S. A.; Transportadora de Gas del Norte S. A.
[4] El caso del Grupo ARCOR que compró, entre los años 2016-2019, 360,7 millones de dólares y puede demostrar en sus memorias y balances solo 65,4 millones de dólares, que es el 18,13 % de esa suma. O el caso de Telecom S. A. compró 647,5 millones de dólares y contaba con recursos efectivos, según sus estados contables, por 434,5 millones de dólares, el 67,1 % del total. O Transportadora Gas del Norte S. A. compró 231,4 millones de dólares y puede demostrar en sus estados contables solo el 53,9 % de esa suma. O el de Shell Argentina S. A., los activos líquidos declarados en los estados contables de esos años suman 133.091.061 dólares, cifra coincidente con la liquidez resultante de cada ejercicio (diferencia entre la posición inicial y final), pero sólo representa el 18,23 % de los 730.134.892 dólares que informa el BCRA que la empresa compró al MULC en igual lapso.
[5] CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia, ajusta los bonos partir de la tasa de variación promedio-diario del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes previo. Dólar linked es el precio oficial de la divisa, por ende se beneficiaron y se benefician con la devaluación de nuestra moneda. Y bonos dual son títulos públicos que se ajustan por la inflación o por la devaluación a opción de su tenedor.
[6] Ambos son socios en la Consultora Anker Latinoamérica, agente de mercado abierto.
Fuente: www.elcohetealaluna.com