Los pueblos vuelven a resistir el avance del poder minero

Por Silvana Melo

No es un jardín de sueños y retamas lo que quedará para la adultez de las niñeces que hoy sobreviven al hambre, a la descapitalización social y cultural de sus familias, al saqueo brutal de las riquezas de la tierra. La pacha devastada desde su espíritu ancestral hasta el oro, el cobre, la plata que le arrancan de las vísceras las multinacionales para llevarse las ganancias y dejar un páramo de contaminación y paisaje vaciado, cortados los cerros al pie. En una tierra donde se entrega el alma a cambio de divisas, el gobierno instaló la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), destinada a “destrabar” la megaminería en todas las provincias, especialmente aquellas siete donde está paralizada por legislaciones nacidas de luchas populares. Horas después, mandaban a la gendarmería a expulsar a balazos a los vecinos de Andalgalá que resisten con lo que tienen y con lo que pueden la puesta en marcha de Mara – Agua Rica. La Mesa empezó a caminar aceleradamente.

“Estamos convencidos de que la minería puede ofrecerle a la Argentina soluciones a los problemas que tiene, pero existe en la sociedad civil una desconfianza hacia la actividad que hemos visto en muchos lugares”. Lo dijo uno de los convocantes de la Mesa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Quieren “explicarles” a los pueblos que resisten desde hace veinte años la llegada de las transnacionales predadoras, lo maravilloso de la actividad. A ellos, que han sufrido y sufren la contaminación, el agua cianurada, la caída de los cerros como una estocada feroz a sus territorios y a su cultura, a los cada vez más pequeños reservorios de agua dulce usados masivamente para la lixiviación y el fracking, a ellos que han sufrido y sufren las falsas promesas laborales que se agigantan en la instalación y se reducen fatalmente a la hora de la explotación, a ellos que se han enfermado y han visto sucumbir sus ríos por derrames y sus canillas por el agua envenenada. Ellos, que no participaron en la presentación de la Mesa. Aunque el poder político pretenda representarlos a través de lo que las mismas asambleas definen como dos grupos ambientalistas “legitimadores del encuentro” que cuentan como único territorio “los medios de comunicación y las redes sociales”.

La Mesa nace bajo la desesperación oficial de conseguir dólares mientras la otra pata intensa del extractivismo no tolera una suba de retenciones ni un aporte especial cuando la rentabilidad se disparó hasta la vecindad de los satélites de Musk. Algunos empresarios, además, se refrescaron las caras y se maquillaron de progresismo como Grobocopatel en pareja con Juan Grabois y Chino Navarro o Antonio Aracre (CEO de Syngenta), con el auspicio a medios de comunicación y periodistas autorrotulados de centroizquierda. Dijo la Mesa que la megaminería “tiene capacidad para generar exportaciones que, en el mediano plazo, contribuirían a resolver la falta de dólares que estrangula a la economía argentina en cada ciclo expansivo”.

Las estrangulaciones populares no habilitan mesas. Las del medioambiente (la vida misma) tampoco.
Por eso la secretaria de Minería, Fernanda Avila, declaró: “No existe contradicción entre minería y cuidado ambiental”. Y nadie se ruborizó.

Los pueblos, las asambleas, los ríos y los cerros, desde sus territorios, sospechan que el único objetivo de la Mesa es lograr que claudiquen las resistencias en las siete provincias “que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares”. Esquel en 2003 y Lonco Pue en 2012 (Chubut y Neuquén respectivamente) son dos ejemplos victoriosos con papeles institucionales para mostrar: ganaron los plebiscitos que pudieron llevar adelante a pesar de los poderes económico y político en sólida sociedad. Chubut, Mendoza y Catamarca duermen con un solo ojo en tiempos en que acechan derogaciones y represión.

Las asambleas resisten “a la gran minería” porque “en todo el mundo se impone sin licencia social, con gran conflictividad y represión, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política y con persecuciones físicas y judiciales”.

La Alumbrera catamarqueña, ya en proceso de cierre por agotamiento, ha consumido más de 86 millones de litros de agua dulce cada día. Más que el total del consumo de la provincia. Ahora es el tiempo de Mara–Agua Rica. Que utilizará la infraestructura y la experiencia de su hermana en retirada. Ahí está en llamas la resistencia del pueblo. Andalgalá caminó 1300 kilómetros entre sus cerros y la capital federal. Andalgalá le pidió a la Justicia que frenara el proyecto minero. Andalgalá Resiste y es echado a balazos de los acampes.

Por la Gendarmería, que es la fuerza federal.

La forma que tiene la Mesa de explicarles a los pueblos por qué contaminar, vaciar la tierra, destruir los cerros y dejar un páramo cuando se agota es conveniente y ventajoso.

Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar