El investigador del instituto de formación de la CTA Autónoma analizó uno de los puntos más polémicos de la ley Bases. El objetivo de la “deslaboralización”.
Por Alvaro Torriglia
La Reforma Laboral incluida en la ley Bases que sancionó el congreso no va a contribuir a crear más empleo ni a facilitar la registración de puestos de trabajo. En cambio, limitará el derecho a la protesta, promoverá la “deslaboralización” de las relaciones del trabajo y aportará a consolidar la actual caída del salario real y los cambios en las relaciones de fuerza que se produjeron en los últimos años entre empleadores y empleados. Esta es la conclusión de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, respecto de los cambios normativos impulsados por el gobierno de Javier Milei. Un intento, señaló, de devolver las relaciones laborales al siglo XIX, cuando no estaban reguladas por el derecho laboral.
Campos estuvo en Rosario, en la sede de ATE, presentando “La Fortaleza; sindicatos, Estado y relaciones de fuerza”. Una historia del sindicalismo y sus luchas entre 1945 y 2001, que tiene conclusiones muy actuales. “Lo que uno busca con esto, es hacerle preguntas a la historia para ver cómo las respuestas nos ayudan a pensar el presente y los desafíos del futuro”, señaló durante una entrevista con el programa radial La Banda Cambiaria.
“Tampoco va a aumentar la registración como lo muestran las experiencias más recientes; en los 90, con una legislación muy flexible, el desempleo creció mucho, mientras que en los primeros años de la posconvertilidad, con reformas laborales que fueron en sentido contrario, tuvimos los mejores años de creación de empleo”, señaló.
¿Qué es lo que sí va a cambiar con la reforma laboral?, se preguntó. Y contestó: “La reforma le va a dar a los empleados la posibilidad de contratar muy barato y sin compromisos a futuro; y hasta gratis, si se generalizan los fondos de cese laboral, que igualmente dependerán de la negociación colectiva posterior”. Esta herramienta, que copia el actual sistema de la construcción, permite a las patronales “sacarse de encima el costo de la incertidumbre sobre la economía y trasladarlo a los trabajadores, que son la parte más débil del contrato”.
Campos advirtió que en varios aspectos, las modificaciones que se introdujeron en el Senado al proyecto de ley que ingresó el Poder Ejecutivo por la Cámara baja fueron “más regresivas” desde el punto de vista de los trabajadores. Por ejemplo, el cambio en el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, “introduce la consideración de que gran parte de las manifestaciones del derecho de huelga, las que vayan más allá de no prestar servicios, pueden dar lugar a despidos con causa”.
“El texto de esta reforma dice que tenés derecho a huelga pero que solo poder lo podés ejercer quedándote en tu casa, ya que si vas a hacerlo cerca o en los lugares de trabajo, se puede interpretar como una obstaculización del ingreso o egreso de mercadería y bienes. Pese a que se llama cláusula antibloqueo, la letra escrita no habla de impedir sino de obstaculizar ese tránsito, de modo que les da a los empleadores la vía de intentar los despidos cuando por ejemplo hay una manifestación frente a la empresa”, señaló.
El impacto en el trabajo
Otro de los componentes más regresivos es el proceso de “deslaboralización” que promueve. “Esto figura en el DNU 70 aunque está suspendido y estaba en el proyecto original de la ley Bases pero se cayó en Diputados, luego el Senado lo volvió a poner sobre la mesa”, recordó. ¿Qué busca este proyecto? “Legalizar una práctica muy extendida en el mercado de fuerza de trabajo, que es que el empleador te contrate y te obligue a facturar el monotributo, pero que se realiza en fraude a la ley, lo cual te daba muchas chances de ganar cuando el empleado se decidía a hacer el reclamo”, explicó.
La ley sancionada dice ahora que en esos casos prima la voluntad de las partes al momento de contratar. “Esto se lleva a las patadas con el derecho laboral, en el que no importa lo que digan las partes si no la ley. Por ejemplo, nadie puede cobrar menos que un salario mínimo, vital y móvil, aunque lo acuerde”, agregó.
Esta estrategia apunta a que “el Derecho Civil y Comercial le vaya comiendo pedacitos al derecho laboral, y esos pedacitos dejan de ser parte de las relaciones laborales para pasar a ser parte de las relaciones civiles y comerciales, bajo el concepto de la locación de servicios”.
“Es ni más ni menos que volver a la regulación de los vínculos entre trabajadores y empleadores que teníamos en el siglo XIX, cuando se tomaba esta relación como entre iguales y se la regulaba por el código civil”, historió. Y recordó que fue justamente durante el gobierno de Julio Argentino Roca, en 1904, cuando “se instrumentó un código de trabajo, la primera legislación laboral en Argentina”.
A su juicio, la normativa aprobada recientemente forma parte del plan de cristalizar, con reformas institucionales, “los cambios en las relaciones de fuerza que hubo en los últimos años entre empleadores y empleados”. Es decir, “crear un nuevo orden que vaya más allá de los cambios de gobierno”.
“Un ejemplo de lo que se quiere hacer es lo que pasó con la profunda modificación de la ley de contrato de trabajo que realizó la dictadura en 1976, sacándole un tercio de su articulado; desde el 83 pasaron muchos gobiernos de la democracia y ninguno llegó a tener la fuerza para volver al texto original de 1974, cuando normativamente estaría a tiro de decreto”.
El cuerpo del análisis de La Fortaleza es la historia del movimiento obrero, de la relación entre los sindicatos, el Estado y la sociedad entre 1945 y 2001, pero arranca un poco antes y sus conclusiones llegan hasta 2019. “Lo que uno busca con esto, es hacerle preguntas a la historia para ver cómo las respuestas nos ayudan a pensar el presente y los desafíos del futuro”.
“En los últimos diez o doce años volvió el asedio, no sólo en Argentina sino en el mundo porque estos procesos son globales, con especificidades locales”, explicó. En esta línea, la derrota de las huelgas ferroviaria y telefónica contra las privatizaciones, conflictos testigos de las reformas de los 90 en Argentina, “no son inescindibles de la secuencia que incluye la derrota de los mineros británicos a manos de la Tatcher o de la de los controladores aéreos en EEUU, durante el gobierno de Reagan”.
El gobierno de Javier Milei, junto a la oposición amigable, hace de este camino un programa. “Se empiezan a ver los lineamientos generales de la gestión, como el de ir a una suerte de paz de los cementerios, en la que no haya inflación pero tampoco trabajo, y en la que los salarios queden estancados en un nivel 30% ó 40% menos que en 2017”. Un movimiento que tuvo en la devaluación de diciembre, la recesión y los despidos del Estado, una movida fundacional.
Escenario complejo
“El Gobierno Nacional se encontró con un escenario extremadamente complejo y trasladó todos los costos de esos ajustes macroeconómicos a un sector de la población, los trabajadores y las trabajadoras”, dijo el investigador.
Frente a esto, Campos está convencido de que la clase obrera “va a estar lejos de quedarse quieta”. Ejemplo de la resistencia es que “el proyecto original de la ley Bases y el DNU contenían un ataque más profundo a las relaciones del trabajo que la reforma que salió, ya que iban contra las convenciones colectivas del trabajo”. Por otra parte, “el mismo día que se aprobó esta versión los aceiteros estaban de huelga y seguramente habrá medidas en la Patagonia”.
Seguro de que “el final de la historia no está escrito”, el investigador rescató “la potencia” de un mundo sindical que “lejos de reducirse a los diez nombres propios que todos conocen, es una estructura muy compleja, con distintos niveles de representación, llena de tensiones y vitalidad”.
Fuente: www.lacapital.com.ar