La empresa estatal israelí suscribió acuerdos con diez gobiernos provinciales, con impulso del Ministerio del Interior, para realizar un “Plan Maestro” de manejo del agua, pero la letra de lo firmado no se hizo pública. Desde las comunidades denuncian que se trata de megaobras inconsultas y diseñadas para las empresas. Mekorot fue denunciada por la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino.
Por Facundo Martín
No uno, sino dos fantasmas recorren la Argentina. La sequía de los últimos años afectó prácticamente a la totalidad del territorio nacional y evidenció la grave crisis del cambio climático con impactos muy concretos en el ambiente, la vida humana y la siempre dependiente economía agroexportadora. Pero a conjurar esa tragedia parece haber llegado Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel que desembarcó el año pasado en el país con la promesa de acabar con los problemas de la sequía y, fundamentalmente, la “cultura de la abundancia” que se vive en América Latina, según el coordinador del Proyectos Especiales e Internacionales de la empresa, el argentino Diego Berger.
A cambio de un contrato millonario con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se despliega en el país una fugaz misión hidráulica compuesta de expertos, planes y espejos celestes. Hasta aquí se podría tener un conflicto más como tantos otros. Sin embargo, al tomar en cuenta los pesados antecedentes de Mekorot, el agua empezó a cambiar de color. El hecho de que la empresa haya sido uno de los principales brazos ejecutores de la política de apartheid contra el pueblo de Palestina hizo encender todas las alarmas. La empresa estatal israelí está denunciada por realizar un plan de manejo de agua que controla y limita el acceso a este bien común a los habitantes del territorio palestino.
En abril de 2022, una delegación argentina encabezada por el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, viajó a Isarel para conocer en terreno el “modelo israelí” de gestión del agua. El Ministro fue acompañado por gobernadores y representantes de diez provincias, junto con legisladores y funcionarios nacionales. Con la idea polémica de centralizar la gestión del agua a nivel nacional en manos privadas, en ese viaje se selló un acuerdo de cooperación entre el CFI y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión y desarrollo de infraestructura hídrica en el marco de la denominada Agenda 2025 del organismo de inversiones federal.
Forman parte del acuerdo Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Esta diversidad geográfica y política parece tener como única estrategia común el aprovechar la oportunidad de “hacer política” con la chapa de Mekorot.
Donde haya una necesidad, ¿habrá un plan hídrico para las comunidades?
Más allá del marketing azul con el que Mekorot se exporta al mundo, su modus operandi es, a decir verdad, muy poco sofisticado. Se resume en ofrecer asesoramiento para la formulación de “planes hídricos” que se adaptan a toda necesidad y contexto. Han desarrollado planes desde República Dominicana hasta la región del Bio Bio en el sur de Chile.
El CFI es un particular organismo interestatal autónomo, creado en 1959 y dependiente de las provincias que tiene como fin el desarrollo de herramientas técnico-financieras. En este marco construyó una poco transparente ingeniería de cooperación donde las provincias acuerdan con el CFI y éste a su vez acuerda con Mekorot. De esta manera se vuelve sumamente opaco y complejo el entramado de objetivos, compromisos, responsables y contrataciones que durarán entre nueve y doce meses, según cada provincia.
De hecho, ante el requerimiento de información acerca de los alcances de los convenios firmados, el CFI advirtió que no se encuentra alcanzado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La información a la se puede acceder, entonces, es poco coherente, vaga y fragmentada. Tampoco han existido instancias de participación pública ni mecanismos de transparencia en cuanto al origen y montos específicos de las contrataciones.
Por ejemplo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los mandatarios que firmó en febrero de este año el acuerdo técnico con Mekorot para la elaboración de un “Plan Maestro” de gestión del agua. En marzo, las asambleas ciudadanas riojanas solicitaron tener acceso a la documentación del convenio ante la Cámara de Diputados provincial y la Secretaría de Agua y Energía riojana, pero no tuvieron respuestas. En paralelo, la campaña Fuera Mekorot —integrada por organismos de derechos humanos, asambleas ciudadanas y organizaciones sociales y políticas— ha realizado un sostenido trabajo de pedidos de informes en la Cámara de Diputados de la Nación, el Ministerio del Interior, el CFI y a los gobiernos de las provincias involucradas, sin respuestas relevantes.
Sin embargo, lo que llamativamente se plasma es un conjunto de subcontrataciones de expertos y consultores locales o nacionales, sean estos técnicos de instituciones de gestión del agua o investigadores de universidades que —en muchos casos— ya se encontraban trabajando en las temáticas y en las provincias, incluso en los mismos proyectos que ahora Mekorot viene a “apoyar” como los cuestionados casos de Mendoza y San Juan.
Pablo Chianetta, es médico veterinario y vive en Las Lomitas, Formosa. Hace 37 años es parte de la fundación de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades Wichí y Nivaclé del Gran Chaco en la defensa de sus territorios y apoyo de las juventudes indígenas. En Formosa, Mekorot va a trabajar sobre el Acueducto del Norte, un proyecto de 211 kilómetros que toma agua del río Paraguay y la bombea a contrapendiente a lo largo de la Ruta 86. “Aquí los ríos son sedimentarios y de planicie”, aclara Pablo con paciencia, explicando que ese tipo de obras implican un altísimo costo operativo y de mantenimiento o, de lo contrario, se colmatan y dejan de funcionar.
“Las megaobras como el Acueducto del Norte son una barbaridad. Son proyectos centralizados que no funcionan para las comunidades, sino para las empresas y el gobierno que factura por movimientos de suelo, pero no solucionan los problemas reales. Desarrollo con eso no hay”, sentencia.
Para el desarrollo de la obra la Corporación Andina de Fomento ha asignado un crédito de 200 millones de dólares que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El proyecto consiste en la construcción de una toma de captación sobre el río Paraguay, un acueducto central con estaciones de bombeo y cisternas de distribución y derivaciones. Según Pablo Chianetta “el poder de las comunidades queda absolutamente limitado, por eso apostamos por obras más pequeñas, que solucionan realmente los problemas, que no impliquen un gasto permanente de dinero y que sean gestionados por las poblaciones locales”.
Agua que no has de beber: La historia de Mekorot
“El agua es el elixir de la vida”, anuncia el video con el que la empresa se presenta en el mundo digital. PeroMekorot parece tener una doble vida. Su cara pública se pinta como una exitosa empresa estatal nacional que se dedica, en un contexto de cambio climático y crisis energética, a exportar al mundo el “modelo israelí” basado en los principios de eficiencia, innovación y rentabilidad. Pero cuando regresa a casa aparece el despojo, el acaparamiento y la mercantilización.
Alon Tal, en su libro Contaminación en una Tierra prometida. Una ahistoria ambiental de Israel, registra con detalle las luchas burocráticas y políticas que Mekorot tuvo que atravesar hasta llegar a consolidarse como la empresa “emblema” que hoy es para Israel. Fundada como consultora privada en 1937. Su poder creció en 1948, luego de la creación del Estado de Israel, cuando fue incorporada en el complejo entramado de la captación y distribución del agua a nivel nacional.
Mekorot asumió el desarrollo y control de las mega-infraestructuras que le permitieron a Israel imponerse en el territorio —incluso en los ocupados tras la guerra de 1967 como la Ribera Occidental— a partir de extraer, desalinizar, entubar y trasladar agua por miles de kilómetros de acueductos. Con sistemas de monitoreo de alta tecnología, la empresa controla actualmente más de 3.000 plantas y 13.000 kilómetros de acueductos para garantizar la demanda del agronegocio y la población de Israel. Todo esto violando sistemáticamente el derecho humano al agua de los pueblos que habitaban ese territorio y aledaños como el beduino-palestino del Negev/Naqab.
La fama de Mekorot ha trascendido. En 2014, el Secretario General de la ONU incluyó en su informe al Consejo de Derechos Humanos una condena de la empresa por sus políticas. Luego de eso varios países, entre ellos Holanda y Portugal, han rechazado o rescindido convenios de “asistencia técnica” debido a sus antecedentes.
En el informe al Consejo de Derechos Humanos se precisa: “La empresa nacional israelí de suministro de agua, Mekorot, posee todas las redes de abastecimiento de agua en la Ribera Occidental y suministra cerca del 50 por ciento del agua disponible en las comunidades palestinas. Según la información recibida, Mekorot reduce considerablemente el suministro de agua a los palestinos en los meses de verano con el fin de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos”.
En ese informe, se destaca como un ejemplo paradigmático lo que ocurre en el pueblo de Kufr al-Deek, cerca de Ariel, uno de los mayores asentamientos israelíes en la parte occidental de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania. “Cuando escasea el agua en los meses de verano, Mekorot cierra las válvulas que abastecen Kufr al-Deek para no afectar al suministro de agua de Ariel. Además, Ariel vierte aguas residuales indebidamente, lo que contamina los pozos de los que dependen los residentes de Kufr al-Deek para conseguir el agua potable y la destinada a la agricultura”, denunció la ONU en 2014.
La Campaña Fuera Mekorot, un antecedente y un rechazo vigente
En Argentina, la campaña Fuera Mekorot tuvo su primera articulación en 2011, impulsada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En ese momento, Mekorot negociaba su participación en la construcción de un planta potabilizadora en la ciudad de La Plata. La campaña fue acompañada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras organizaciones. La campaña ganó la adhesión de legisladores provinciales que impulsaron el rechazo y finalmente, en 2014, se suspendió la concesión.
Si bien en aquella experiencia la lucha fue exitosa, en esta oportunidad desde el Comité de la Campaña reconocen que el contexto político de alianzas es diferente y que no ha llegado aún a tener la repercusión necesaria para frenar los convenios. Se han realizado audiencias públicas, jornadas de protesta y difusión y pedidos de informes en todos los organismos públicos así como en los gobiernos de las provincias involucradas.
De acuerdo a Bruno Gagliardo, del Comité de la campaña Fuera Mekorot, las acciones se basan en informar y generar espacios de intercambio entre las asambleas territoriales, potenciando sus acciones de lucha y promoviendo al mismo tiempo el boicot, la desinversión y sanciones sobre la empresa. Ahora están buscando trascender las fronteras de Argentina alcanzado a toda la región. Existen articulaciones y redes contra los proyectos que la empresa tiene en marcha en Uruguay, Perú, México, Brasil, Chile y República Dominicana.
Luciana Fernández vive al pie de la Sierra de Ancasti, al este de San Fernando del Valle de Catamarca y es miembro del Colectivo de Asambleas Pucará. Desde que llegó la noticia de que Mekorot hizo un acuerdo para trabajar en la provincia comenzaron a organizarse para reunir información y difundirla entre las asambleas que luchan contra el extractivismo. “¿En qué cambiará nuestra vida?”, se pregunta.
“¿Qué puede saber un técnico de Israel sobre la diversidad y complejidad de lo que sucede en Argentina? ¿Qué tiene que ver Mekorot con nuestros territorios? De la nada van a sacar un plan maestro. Suena más bien a estafa”, asegura Fernández. Sus certezas tienen raíces claras. Mientras Mekorot realiza visitas técnicas y planes, la empresa Livent, que desde 1998 extrae litio en las cercanías del Salar del Hombre Muerto, ya secó el río Trapiche y nadie le ha cobrado por eso. Ahora, para ampliar ese proyecto, han construido un acueducto para sacar agua del río Los Patos. No parece haber mucha innovación en todo esto. “La infraestructura la paga el Estado y la tendencia es que el agua se paga y accede el que la puede pagar. Vienen a sistematizar y profundizar el saqueo”, denuncia la asambleísta.
Foto de portada: El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto a gobernadores y representantes de Mekorot tras la firma de acuerdo con cinco provincias. Foto: Ministerio del Interior
Fuente: www.agenciatierraviva.com.ar