Por Carla Gambluch
Celeste Martínez es la Secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de la Provincia de Córdoba y nos comentó acerca del lugar que tienen los derechos humanos hoy en día, a partir del Gobierno de Cambiemos. Es importante ver cómo se están vulnerando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo a partir de la criminalización de las protestas.
“Considero que los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a la organización sindical libre y democrática, por lo tanto la fuerza pública no puede, ni debe interponerse porque estaría entorpeciendo el ejercicio libre de este derecho por parte de los trabajadores y las trabajadoras”, expresó Celeste Martínez.
“Entendemos entonces que la presencia estatal no está respondiendo a su rol de garante de seguridad y esto no será posible mientras no cesen las vulneraciones de derechos que viven diariamente los colectivos que ayudan a la construcción transformadora de la realidad”, continuó la compañera de la CTA-A Provincia.
No olvidemos que previo al G20 (y que sigue vigente), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dió luz verde al Gatillo Fácil, esto provocó un gran rechazo por parte de nuestra central y por muchas otras organizaciones sociales, políticas y culturales. “En nuestro horizonte está la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Es decir, mientras no cese la violencia que constituyen los casos de Gatillo Fácil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no hay democracia posible; porque significa que se están avalando los mecanismos represivos propios de los gobiernos dictatoriales”, dijo Martínez.
La provincia de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Nación, firmaron un acuerdo que permite la requisa en ómnibus por parte de las fuerzas de seguridad. “Considero que la expansión de las fuerzas policiales en los territorios produce acciones arbitrarias que terminan por consolidar una cultura policial segregacionista y discriminatoria debido a que son los jóvenes de sectores populares los que se convierten en una población privilegiada para el poder policiaco, para las políticas represivas que vulneran los derechos humanos”, dijo Celeste Martínez.
Este acuerdo deja ver una sistematicidad que responde a componentes estructurales de la política de seguridad tal como está pensada en nuestra provincia. diremos entonces qué es necesario: (…) hacer visible el carácter no aleatorio de la violencia policial, no sólo porque permite dar cuenta de los insoslayables aspectos de clase, territoriales, de género y socioculturales de las víctimas del uso estatal de la violencia letal; es decir su carácter discriminatorio y desigual. Pero además, da cuenta de un modo específico de resolución de conflictos incorporado y naturalizado en las prácticas policiales. (Brocca, Morales & Plaza, 2015, p.5).
Para concluir, es importante hacer un análisis, por más breve que sea, para reflexionar el accionar del Gobierno que supuestamente brega por nuestros derechos humanos y por la democracia, y que en realidad sólo hace todo lo contrario, los mata.
“Nuestra mirada como CTA-A Provincia de Córdoba acerca de cómo el Gobierno de Macri está tratando el tema de derechos humanos, podemos decir que en cuanto a políticas estatales de derechos humanos es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial, después de arduos avances logrados por las luchas y demandas de los organismos de derechos humanos y del pueblo en su conjunto, desde el Gobierno Nacional se están produciendo profundos retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan conquistas históricas”, señaló Celeste.
“Renovamos siempre nuestro compromiso con las luchas sociales, promoviendo una reflexión crítica respecto de estas importantes problemáticas y exhortando a que quienes tengan la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de del pueblo actúen en consecuencia”, finalizó la compañera Celeste Martínez.