Por Héctor Brondo*
El ajuste del Gobierno encabezado por Javier Milei ha dejado de ser una política económica para convertirse en una práctica sistemática de desprotección social. Entre sus víctimas más visibles y castigadas se encuentran los jubilados y pensionados, quienes hoy padecen un deterioro acelerado de sus condiciones de vida, empujados a una situación límite que no admite eufemismos.
Los haberes previsionales, ya de por sí insuficientes, han quedado completamente desfasados frente a la inflación y al aumento sostenido del costo de vida. Para millones de adultos mayores en Argentina, sostener necesidades básicas como la alimentación, los medicamentos o los servicios se ha vuelto una tarea angustiante. Pero el golpe no termina ahí: el recorte de prestaciones y el vaciamiento progresivo del PAMI agravan aún más un panorama que roza lo inhumano.
La Obra Social más importante del país para este sector atraviesa un proceso alarmante. Reducción de cápitas, demoras en los pagos, recorte de servicios y una creciente incertidumbre que instala un temor concreto: el desmantelamiento del sistema.

De concretarse ese escenario, las consecuencias serían devastadoras. No solo para los jubilados, que quedarían a la deriva, sino también para los sistemas de salud provinciales y municipales, que ya operan al límite y deberían absorber una demanda masiva sin los recursos correspondientes.
Este traslado encubierto de responsabilidades no es una casualidad, sino una decisión política. El Estado Nacional se retrae, pero no elimina las necesidades: Las desplaza. Y en ese desplazamiento, son los más vulnerables quienes cargan con el peso más brutal.
Persistir en este rumbo no es solo económicamente regresivo, sino moralmente indefendible. Ajustar sobre quienes ya no tienen margen no es eficiencia: Es abandono. Y ese abandono, tarde o temprano, tiene consecuencias que exceden cualquier plan de Gobierno.
*Periodista. Ex dirigente del Círculo de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)