En dos notas dirigidas a la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, el Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba solicitó información precisa sobre cuándo se realizarán los pases a contratos de las y los trabajadores monotributistas del Ministerio a su cargo, que están comprometidos en un acta realizada en el Ministerio de Trabajo, sobre todo atento que ante la inmensa cantidad de monotributos y personal precarizado, la puesta en marcha de los contratos solo afectó a 10 trabajadores y trabajadores por el momento.
No menos importante es la solicitud realizada en la primera de las notas citadas, donde ATE pide que se realicen también “las gestiones necesarias para brindarles a las/os compañeras/os que trabajan bajo la condición de monotributo un aumento salarial de emergencia, dado que sus salarios se encuentran muy por debajo de la canasta básica familiar”.
En esa, línea nuestro gremio aprovecha “para pedirle realice las gestiones necesarias para que las compañeras contratadas que realizan tareas profesionales psicólogas y trabajadoras sociales y que aún tienen contratos B o C, sean recategorizadas a la brevedad, ya que su actual condición avasalla sus derechos y va en claro detrimento de sus salarios”.
Precarias condiciones de trabajo
A su vez, en una segunda nota, ATE Córdoba dio a la ministra Martínez un extenso y detallado panorama de las dificultades que atraviesan las y los trabajadores de las distintas áreas de la cartera a bajo su responsabilidad.
En tal sentido, solicitó una audiencia con representación de profesionales de cada área y representación gremial, así como “reabrir las mesas de trabajo que se sostuvieron durante el año pasado, a fin de poder solucionar las problemáticas en las que nos explayamos abajo, con el objeto de trabajar en condiciones dignas y garantizar que les usuaries accedan a su derecho de una vida libre de violencia”.
Seguidamente, enumeró por cada área de trabajo las carencias que el personal sufre diariamente y los altísimos porcentajes de precarización existentes por sector.
Asistencia en Violencia Familiar
“En el Equipo Técnico del Área de Asistencia en Violencia Familiar actualmente somos 30 las/os profesionales psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas/o en condición de monotributistas, conveniadas, contratadas y planta permanente. 17 profesionales del total son monotributistas y conveniadas, es decir es un área que se sostiene en su mayoría por trabajadoras/es con una marcada y visible condición de precariedad en cuanto a derechos laborales. No somos parte de la discusión paritaria, no contamos con obra social, jubilación, licencias, entre otros muchos derechos laborales básicos. Cabe resaltar de igual modo que, el aumento reciente para las/os trabajadoras/es de planta permanente y contratadas/os fue del 5%, lo cual también es indigno.
Es un área que ha sufrido traslados (algunos compulsivos, otros consensuados) de compañeras desde hace meses, es ilógico que a mayor demanda haya menos personal. La sobrecarga de trabajo recae cada vez más en un número reducido de personas, exigiendo responder a demandas que significan, entendiendo la temática, un alto grado de desgaste físico y emocional.
Realizamos primeras entrevistas, seguimientos de situaciones, informes socio-económicos, informes para el Juzgado de Violencia, planificamos y coordinamos espacios de talleres y grupos terapéuticos, asesoramos y tomamos denuncias. 19 trabajadoras realizamos 3 días de guardia entre turno mañana y tarde, situación que se hace difícil e insostenible en el tiempo considerando la totalidad de las tareas exigidas. Sumado a ello, realizamos carga diaria de todas las intervenciones, tarea administrativa que también debe hacer la/el profesional.”
Brigada de Protección de la Mujer
“En el área de la Brigada de Protección de la Mujer (BPM) somos 24 profesionales psicólogas/os y trabajadoras sociales. De ese total solo un compañero se encuentra en planta permanente, 7 compañeres somos contratades y 16 somos monotributistas (de las cuales 8 tenemos convenios con los colegios profesionales).
Esta realidad implica que la mayoría de nuestros salarios se encuentran por debajo de la canasta familiar básica e incluso debajo de la línea de la pobreza.
Al ser insuficiente la cantidad de profesionales, esto dificulta y hasta imposibilita realizar trabajo interdisciplinario, fundamental para abordar la complejidad de las urgencias que recibimos. Por otra parte, los recursos materiales con los que contamos para nuestro trabajo son insuficientes o se encuentran deteriorados: computadoras, impresoras, celulares. La oficina es pequeña, la ventana vidriada en uno de los ingresos de la institución hace que nos encontremos expuestas mientras nos damos tiempo a pensar intervenciones o tomamos decisiones que son cruciales para quienes consultan, exponiéndonos a situaciones de inseguridad y riesgo para nuestra integridad psicofísica.
Por otra parte, sostener por largos períodos de tiempo horarios rotativos que incluyen el horario nocturno, genera en les profesionales un desgaste y cansancio adicional, no contamos en la oficina con ninguna de las condiciones que nos permitan, aun manteniendo alerta que nuestra tarea implica, mejorar esta situación que va en detrimento de nuestra salud y también en la calidad de cada intervención”.
0800
“En el Área del 0800, que al igual que la BPM cubre las 24 hs. de los 365 días del año, hay 30 profesionales. La mayoría tienen condiciones contractuales precarias, tanto con monotributos o incluso becas con salarios de indignidad, sin poder acceder a derechos básicos, no solo a la estabilidad laboral – madre de todos los derechos – sino tampoco a licencias, vacaciones, obra social. Hay una sola responsable real del área y luego en lo organizativo están designados coordinadores por turnos a quienes no se les reconoce de ningún modo la diferencia en su función respecto del resto del equipo”.
Trata de personas
“El Área de Trata de Personas, al momento de su creación, en el año 2012, era una Secretaría de Estado, luego pasó a ser una Secretaría dependiente de un Ministerio; con la primera gestión de Schiaretti pasó a ser Subsecretaría y actualmente es una Dirección. Esto refleja una clara voluntad política de desjerarquizar el área, restándole importancia a la temática y a las intervenciones que se requieren.
El área debe dar cobertura en toda la provincia de Córdoba y actualmente se encuentra integrada por sólo 7 profesionales abocadas/os a la asistencia a víctimas de trata. Debemos asistir a procedimientos judiciales y demás intervenciones que se precisen, implicando realizar regularmente viajes a lo largo la provincia y, con cierta frecuencia, a distintos puntos del país. Esto demuestra el gran vaciamiento que han realizado en el área, el cual comenzó con el despido de 14 compañeras/os en el año 2015.
En el contrato laboral correspondiente a cada agente está previsto una jornada normal y habitual de lunes a viernes, abarcando el rango horario de ocho (8) a veinte (20) horas cubierto en dos turnos. Si bien las/los profesionales deberíamos acotarnos a la jornada estipulada en cada contrato, lo cierto y real es que para dar efectivo cumplimiento a las tareas que exige la temática que abordamos, nuestra labor habitualmente implica trabajar más horas de lo previsto formalmente y en horarios fuera de la jornada comprometiéndose, además, las horas y días de descanso. Asimismo, la actividad frecuentemente implica trabajar en horarios nocturnos. A ello, debe agregarse que las 24 hs. del día, de lunes a lunes, nuestros teléfonos privados se encuentran a disposición; siendo permanentes las comunicaciones mantenidas fuera de los horarios de trabajo, y en días – horas de descanso.
Por otro lado, es recurrente que por la modalidad de las tareas a realizar y el reducido número de profesionales intervinientes, se deban modificar los horarios estipulados con el fin de garantizar el cumplimiento de las correspondientes funciones del área. Al respecto, cabe destacar que, a raíz de las cuestiones ya señaladas, adhiriendo a la inmediatez y urgencia que la actividad muchas veces requiere provocan la imposibilidad de mantener una organización personal, siendo dificultoso además asumir compromisos laborales – fuera de la administración pública – propios de la profesión que cada una/o ejerce. En definitiva, resulta inviable la posibilidad de generar más ingresos para el sustento personal y familiar, obligando de hecho a las/los profesionales a una relación de exclusividad con la función.
Es preciso indicar que gran parte de las actividades que la temática demanda se desenvuelven bajo escenarios que podrían considerarse de riesgo en cuanto a la integridad psicofísica de las/los profesionales. En líneas generales, se acude a procedimientos judiciales y se efectúan otro tipo de intervenciones dentro de establecimientos y/o viviendas en pésimas condiciones de seguridad, salubridad e higiene.
Pese a las circunstancias esbozadas, las/los profesionales de éste área conforman un único equipo técnico especializado en la temática de Trata de Personas, cumpliendo el doble rol de rescate y asistencia integral a víctimas.
En razón de todo lo señalado, resulta notorio que las condiciones que implican el desarrollo de esta compleja tarea no tiene correlación alguna con los contratos de trabajo formalizados, en cuanto a: jornada extendida e irregular, desempeño de tareas en horas y días de descanso, interferencia en la libre disponibilidad de tiempo y organización de la vida personal de cada agente, exclusividad de hecho en la función, impedimento y/o dificultad en el desarrollo de otras tareas remunerativas fuera de la administración pública y un salario insuficiente e inequitativo; justamente, la remuneración percibida no encuentra reflejo alguno en las condiciones recientemente mencionadas; contando con salarios de $50.000″.
Constatación
“En el Área de Constatación somos solo 10 profesionales, de las cuales solo 3 están planta permanente, una contratada y 6 son monotributistas. Cabe destacar que en el turno tarde hay solo 2 profesionales cubriendo la demanda. De más está redundar en las consecuencias que esto tiene, a esto se agrega que se nos exigen resultados cuantitativos en los que no se valoran los procesos para arribar a los mismos, ni los tiempos necesarios, no existe la posibilidad de la interdisciplina y el criterio que prima es el de la cantidad por sobre la calidad, lo cual consideramos gravísimo, ya que somos quienes valoramos el riesgo y con nuestros informes definimos si hay o no situaciones de violencia. No contamos con recursos materiales suficientes, sobre todo computadoras. Tampoco se nos habilitan permisos para realizar capacitaciones pertinentes a la tarea en horarios de trabajo, ni con espacios de formación. Si bien contamos con un espacio de reunión es un espacio que funciona de una manera muy rígida, donde no podemos explayarnos sobre temas que no estén prestablecidos y que surgen en la misma, las devoluciones nos las realizan por WhatsApp. Esto refleja un modo de funcionamiento impersonal del área”.
Conclusión
“Frente a la demanda diaria en aumento -véase en las estadísticas expresadas inclusive por funcionarias/os del Ministerio-, sostenemos el personal en todas las áreas es insuficiente. Asistimos a mujeres, identidades diversas y niños/as en situación de violencia, y el costo es sobre otras mujeres, nosotras, las trabajadoras.
Cada una/o de nosotras/os está comprometida/o e involucrada/o en la problemática con la cual trabajamos y elegimos dicho Ministerio para desempeñarnos profesionalmente porque se enlaza a nosotras a la causa feminista.
Nuestra tarea es esencial, entonces que también debe ser reconocida como tal en nuestras condiciones laborales, en nuestros derechos y no solo en nuestras obligaciones.
En este sentido, y de acuerdo a la vivencia diaria, no es posible pasar por alto que tal escenario de sobrecarga y precariedad laboral trae consecuencias en dos sentidos. Por un lado, el cansancio físico y emocional que implica estar en la primera línea (considerando que también estamos expuestas/o al contexto de pandemia) tiene efectos claros en nuestra salud mental. En este punto queremos recordar que en el caso de las trabajadoras conveniadas y monotributistas si enferman no disponen de obra social, quedando una vez más al descubierto la relación encubierta con el Estado Provincial.
Por otro lado, y no menos importante, ya que es un aspecto estudiado en el trabajo con violencias, es la necesidad del trabajo interdisciplinario. Al ser el número de profesionales insuficientes se dificulta sostenerlo. Enfermarnos o cualquier circunstancia que surja en el plano de lo personal, queda bajo responsabilidad del/a profesional resolverlo con su co-equiper, cuando lo hay, cuya única opción es que dicho co-equiper cubra el trabajo de ambos/as, ya que no se reduce la exigencia en atención.
Sumado a ello, el aumento de las situaciones de violencia atravesadas y combinadas con situaciones de salud mental viene siendo significativo al momento de asistir. Consideramos nos encontramos en un contexto de pandemia que conlleva consecuencias en varios y amplios sentidos, incluyendo el colapso del sistema de salud, específicamente el área de salud mental. El ministerio recibe mujeres con tales problemáticas, pero no contamos con profesionales de psiquiatría, los cuales sean parte de la interdisciplina, considerando que los equipos son piscologías y trabajadoras sociales y en algunos equipos abogadas, quienes no pueden responder a tal demanda además de no ser su competencia.
Sostenemos que todos los aspectos mencionados son preocupantes y requieren ser revistos ya que impactan directamente en la calidad de atención brindada a mujeres, identidades diversas y niños/as y también en la salud de sus trabajadoras, esenciales para el Ministerio.
Somos en general mujeres, una paradoja siendo nuestro ámbito laboral el Ministerio de la Mujer, que no contemos con derechos laborales básicos. Somos quienes nos encontramos en la primera línea combatiendo la violencia machista y patriarcal, con salarios que no llegan a cubrir la canasta básica familiar, lo cual también entendemos se constituye en violencia.
En este sentido, solicitamos que nuestros sueldos y condiciones laborales se equiparen al trabajo que realizamos. Que se revea la insuficiencia de personal todas las áreas del Ministerio. Que se garantice el trabajo interdisciplinario de manera sostenida y en todos turnos, al igual que incorporar profesionales del área de psiquiatría. Que se garanticen espacios de supervisión y también de cuidados para las/os profesionales. Y que se reconozca el régimen especial por tarea de riesgo psicosocial”.
Fuente: www.atecordoba.org