Por María Fernanda Boriotti*
El Gobierno Nacional y las provincias delinearon una política común, que, con matices, va tiñendo la relación con estatales, docentes, jubilados y, por supuesto, trabajadores de la salud. Los rasgos comunes son: Eliminación de las clausulas gatillo y de la Ley de Movilidad en el caso de los jubilados y aumentos por suma fija, achatando las escalas.
Siendo la canasta de ingresos mínimos para el grupo familiar de 71 mil pesos, millones de trabajadores y jubilados que están por debajo, y sufrieron la depreciación de sus ingresos durante el macrismo, perderán aún más. En tanto, los sectores de privilegio (bancos, cerealeras, petroleras y mineras) continuaran subsidiados o con aportes muy por debajo del volumen de sus ganancias.
Otro aspecto esencial es la continuidad y/o reactivación de la forma de contratación precaria. La movilización de prestadores en Mendoza, de los enfermeros en Corrientes, de las cooperativas tercerizadas de limpieza en Tucumán y de los residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen en la lucha por la desprecarización un hilo común.
La crisis fiscal del Estado permea hacia abajo en restricciones políticas al punto de trabar compromisos públicos como el que hiciera el 22 de enero el Ministro de Salud con respecto a los despidos en el Hospital Posadas.
Si leemos con atención las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, la presunta buena voluntad está condicionada a la concreción de un ajuste fiscal. Por ello, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA) ha sido parte de las movilizaciones que reclamaron la investigación de la Deuda y el repudio a la porción contraída de manera fraudulenta.
En medio de una situación económica y política abierta e inestable, los sindicatos autónomos y democráticos tienen el deber de ponerse al frente del reclamo social, con responsabilidad y sin claudicaciones.
*Presidenta de FESPROSA. Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma Rosario