El Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba, Cruz Alberto Martín, denunció que el Gobierno Nacional “está utilizando el dinero que los discapacitados aportan a la Obra Social para jugar a la bicicleta financiera a través del Decreto 908/16”.
Martín reclamó “la devolución de los fondos porque con esta medida se está privando a esta gente de sillas de ruedas, audífonos, acompañantes terapéuticos y otros beneficios”, a la vez que exigió “el fin de esta persecución a las Personas con Discapacidad a partir de la quita de pensiones por discapacidad a las que les inventan faltas incompatibilidades”.
A su juicio, “es indispensable que una pensión sea por ley compatible con el Salario Mínimo Vital y Móvil de modo que permita que la persona con discapacidad trabaje y gane un sustento digno para sostenerse a sí mismo y a su familia”.
“Ese sería su verdadero certificado de inclusión en la sociedad que ayudaría a terminar con tanta hipocresía”, dijo Martín.
El dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba (UTS-CTA) cuestionó el incumplimiento de la Ley 22.431, que en su artículo 8 establece que “el Estado Nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Para “Cacho” Martín, “nunca se vivió una situación tan adversa para el acceso a los derechos para las Personas con Discapacidad. Se lucha, se resiste, pero no alcanza”.