“Desde la CTA Autónoma Regional Punilla expresamos nuestra absoluta solidaridad con los seis compañeros y compañeras procesadas por participar en un acto legítimo de expresión y repudio contra el avance extractivista en nuestra región, en defensa del bosque nativo, el agua y los territorios. Exigimos su inmediato desprocesamiento y denunciamos el uso del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento social.
“Los hechos por los que hoy se pretende llevar a juicio a estos activistas ocurrieron en 2022, durante un Plenario Abierto de Organizaciones Ambientales. En ese contexto, el entonces Intendente de Cosquín, Gabriel Musso (Unidos por Córdoba-PJ), se presentó en el lugar de forma provocativa, luego de haber habilitado, de manera unilateral y sin consulta previa al Concejo Deliberante ni al pueblo de Cosquín, el paso de la traza de la Autovía de Punilla por el éjido municipal.
“Este accionar autoritario y entreguista no sólo viola los mecanismos de participación democrática, sino que se inscribe en una política sistemática de saqueo ambiental que ignora el grito de alerta de nuestras comunidades, que hace más de ocho años resisten este proyecto devastador. La construcción de la Autovía, sin consulta previa, libre e informada, implica una destrucción irreparable del ya maltrecho bosque nativo —del cual apenas queda el 3%— y una profundización de la crisis hídrica que afecta a miles de familias trabajadoras en nuestra región.
“Sabemos que detrás del cemento vienen los negocios: La especulación inmobiliaria, la destrucción del hábitat, los incendios provocados y más precarización para las comunidades. A cambio, unos pocos se enriquecen, mientras las mayorías ven empeorar sus condiciones de vida.
“Este juicio no puede leerse por fuera del contexto nacional de ofensiva extractivista y regresiva que representa el RIGI, impulsado por el actual gobierno de Javier Milei y votado por la mayoría del arco político patronal. Este régimen de saqueo garantiza privilegios a las grandes corporaciones a costa de los derechos de nuestras comunidades. Judicializar a quienes luchan por la vida es parte del mismo plan: Disciplinar, aislar y criminalizar para que el saqueo avance sin obstáculos.
“Frente a esto, desde la CTA-A Regional Punilla llamamos a las organizaciones del campo popular, a las asambleas socioambientales, a los gremios y a la ciudadanía a redoblar la solidaridad con los compañeros procesados, a exigir su desprocesamiento inmediato y a seguir construyendo un gran frente de unidad para frenar el RIGI, la Autovía y todos los proyectos de muerte”, finaliza la declaración de la Central del Valle de Punilla.