El 29 de mayo del 2024 se presentó en Tribunales II el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, citado por el fiscal Ernesto de Aragón en el marco de una causa que lo imputa por participar en las movilizaciones del 25 de mayo de ese año en el centro de Córdoba, bajo la figura de “intimidación pública” e “incitación a la violencia”.
De Aragón viene siendo el ariete del acoso judicial a Giuliani y es el mismo Fiscal que solicitó el 28 de mayo que se realizaran allamientos en el domicilio particular del dirigente sindical, así como en la sede gremial de ATE Río Cuarto.
Los letrados de Giuliani, Claudio Orosz y Eugenio Biafore expresaron que existe una nutrida jurisprudencia nacional, internacional, observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Relatoría de Libertad de Expresión de Octubre d 2019 y del Mandato del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas del mes de enero del año 2024, además de la Observación General de ONU Nº 87, que demuestran que no existe delito porque protestar es un derecho.
En tal sentido Biafore citó el caso de Pablo Álvarez, un dirigente de Luz y Fuerza llevado a juicio por los mismos presuntos delitos que Giuliani, que fue sobreseído en un juicio ante la Cámara de Acusación. “El tribunal dijo en su momento que no solo Álvarez no había realizado ningún delito al participar de una manifestación, sino que el tipo de delito (intimidación e incitación a la violencia) no puede alcanzar a la protesta social”, relató el abogado.
Consultados los letrados si estas causas judiciales pretenden criminalizar la protesta, Orosz respondió: “Vivimos en Córdoba y se sabe el sojuzgamiento que tiene el Poder Judicial y particularmente el Ministerio Público Fiscal (MPF) al poder político. Tanto es así que la cabeza del MPF se renueva cada cinco años por elección del Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura de mayoría automática. Así sucedió con los últimos fiscales generales. Por eso no tenemos ninguna duda que hay una voluntad política de criminalizar la protesta social, que es indetenible”.
Biafore por su parte agregó que el intento de separar a los dirigentes de las bases, acusándolos de determinados delitos, “no es nueva en Argentina. Ya hace 115 años Miguel Cané fundamentaba la ‘Ley de Residencia’, que permitía expulsar a los extranjeros socialistas, anarquistas y comunistas que organizaban sindicatos, diciendo que nuestro pueblo es laborioso pero que estos dirigentes ejercen la violencia. Hoy nuevamente se quiere separar al pueblo que pelea de los dirigentes y las organizaciones que encabezan estas luchas”.
“Son las condiciones sociales que generan que millones de argentinos salgan a protestar, y se funda en el ejercicio sano del derecho a la protesta, que es lo que nos garantiza la democracia en este país”, sentenció.