Por Jesús Chirino*
¿Es avance esa libertad?
El 11 de julio, 6 diputados de La Libertad Avanza (LLA) visitaron a criminales genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los legisladores llegaron a la unidad 31 de la cárcel de Ezeiza trasladándose en una camioneta blanca, marca Renault, patente MBI 546, parte de la flota de la Legislatura nacional.
Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, visitaron a un grupo de criminales presos por asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura desaparecedora de personas. En el grupo de genocidas estuvo Alfredo Astiz, junto a otros que actuaron en el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, como Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason. Todos ellos tienen horrorosas historias delictivas, de cinismo, insensibilidad y sadismo.
Dos de las legisladoras, Bonacci y Arrieta, dicen haber sido engañadas por Benedit y no sabían que visitarían torturadores. De manera insólita, Arrieta manifestó que desconocía quién era Alfredo Astiz y que tuvo que “googlearlo” para conocer su historia.
Tenían libertad para robar bebés
Alfredo Ignacio Astiz, uno de los represores más conocidos, es hijo de Alfredo Bernardo Astiz, nació el 8 de noviembre de 1951 en una familia tradicional de clase media-alta de la ciudad de Mar del Plata. Su padre fue un militar integrante de la Armada quien en 1975 se retiró, con el grado de Capitán de Navío y, en 1978, cuando ocurría el Mundial de fútbol, ejerció como jefe del Centro de Prensa Mar del Plata del Ente Autárquico Mundial 78. Ya entonces el papá de Alfredo tenía como objetivo mostrar que los crímenes que tenían a su hijo como perpetrador no eran ciertos.
El padre de Alfredo Astiz falleció el 14 de marzo de 2003, luego aparecería vinculado al robo de un bebé nacido en 1977 y entregado a un albañil que trabajaba en su casa. María Elena Vázquez, su esposa y mamá de Alfredo, fue procesada en esa causa en 2016, por el juez Santiago Inchausti.
Rendición incondicional en las Georgias
Alfredo Astiz, siendo oficial de la Armada Argentina, en 1982 fue destinado a las Islas Georgias del Sur. Dirigía un grupo comando llamado “Los Lagartos”. El 25 de abril, las tropas británicas desembarcaron en las islas. Pocas horas después, Astiz, ante tropas no muy superiores y luego de un solo disparo británico, con el misil Carl Gustav de 84 mm, se dio por derrotado y firmó la rendición incondicional ante los capitanes Pentreath y Barker, a bordo del buque británico HMS Plymouth.
Astiz no realizó ni un solo disparo, por lo cual violó el artículo 751 del Código Militar que dice: “Un soldado será condenado a prisión de 3 a 5 años si, en combate con un enemigo extranjero, se rinde sin haber agotado todas sus municiones o haber perdido al menos 2/3 de los hombres bajo su comando”. Existe una fotografía del momento de la rendición, imagen que contrasta con aquella que poco antes el entonces marino quiso construir cuando realizó un acto, que incluyó a trabajadores civiles que estaban en las islas, desde una lomada arengó a los presentes, cantó el Himno y vivó la Patria. El bravo arengador, no fue un muy valiente combatiente.
Luego de la cobarde rendición, quedó como prisionero de guerra y fue protegido por los ingleses cuando, desde Francia, reclamaron su extradición por crímenes que cometió durante la dictadura que aún gobernaba en Argentina.
No solo la Justicia argentina
Quienes reproducen un discurso negacionista del terrorismo de Estado que llevó adelante la dictadura cívico-militar y eclesiástica, suelen pretender poner dudas acerca de las condenas a los genocidas, dictadas por la Justicia argentina. Como en otros casos, el de Alfredo Astiz permite advertir que también se les han impuesto penas en otros países.
Dada la vigencia, en Argentina, de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, en 1990, Francia lo juzgó en ausencia. Ese proceso judicial terminó condenándolo a prisión perpetua, por el secuestro y asesinato, en 1977, de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Desde entonces, no podría salir de la Argentina sin que lo apresen y lleven a Francia o a Italia pues, en 2007, la Justicia de ese país también lo condenó en ausencia a prisión perpetua, al hallarlo culpable de secuestro, tortura y homicidio voluntario y premeditado de tres ciudadanos de origen italiano durante la dictadura militar. Los asesinados fueron Angela Aieta de Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija Susana que, mientras estaba secuestrada en la ESMA, dio a luz una beba, reencontrada en 1999. También lo reclama la Justicia de Suecia y la de Alemania. Todo por delitos cometidos durante la dictadura.
Arrojarlos vivos al mar
En 1977, Astiz se presentó en Plaza de Mayo con el nombre de Gustavo, mentía que era hermano de un desaparecido. En algunas oportunidades llegaba acompañado por una mujer, sobre la que mentía que era su hermana, en realidad era una secuestrada de la ESMA. Como integrante de uno de los siniestros Grupos de Tarea de la dictadura, usaba esas mentiras para infiltrarse entre quienes pedían por sus hijos. Poco a poco, fue ganándose la confianza de las Madres. El 8 de diciembre de 1977, día en que los católicos celebran la Inmaculada Concepción de María, Astiz señaló a los militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz que, en esa jornada, juntaban firmas y dinero para publicar una solicitada en el diario La Nación, denunciando las desapariciones de personas. Luego de eso, comenzaron los secuestros que siguieron hasta el 10 de diciembre de ese año. Entre las 12 personas secuestradas estuvieron las Madres Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, como también las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. La Justicia argentina estableció que el grupo de la Santa Cruz, el 14 de diciembre, luego de sesiones de tortura, fue arrojado al mar en unos de los llamados “vuelos de la muerte”. En 2005 se encontraron algunos de los cuerpos. Estaban enterrados como NN (nomen nescio, nombre desconocido) en el cementerio de General Lavalle, localidad cercana a las playas en las cuales habían sido depositados por las corrientes marinas en 1977.
El ex marino cuenta con varias otras condenas, y hace años fue exonerado de la Armada y perdió su condición de militar por ser culpable de delitos de lesa humanidad.
No solo son visitas
Condenado en distintos países, Alfredo Astiz nunca se arrepintió de sus crímenes y más de una vez manifestó que solo debería ser juzgado por la Justicia militar. En 2022, mandó una carta al Tribunal Oral Federal 5, que rechazó su pedido de libertad condicional, justificando lo que hizo durante la dictadura y diciendo que no es un criminal “ni mucho menos un genocida”, a pesar de las múltiples condenas. También supo decir que se considera “víctima de una ilegal persecución”. Conocido como “El Ángel rubio de la muerte”, reivindica lo realizado durante la dictadura como si fuera algo realizado “en defensa de la Patria”.
Es preocupante que, dos días después del 9 de julio, cuando el presidente y la vicepresidenta de la Nación se sacaran fotos en un tanque militar en medio del desfile, legisladores oficialistas visiten a genocidas. Además, los organismos de Derechos Humanos señalan que, el 7 de marzo, los genocidas contaron con otras visitas: el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, licenciado Guillermo Madero; el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, abogado Lucas Erbes. Todos del equipo de Luis Petri, ministro de Defensa.
Según trascendió, el pedido de los represores es la impunidad, salir de las cárceles. Lucrecia Astiz, hermana de Alfredo, es una de las que deja en claro ese pedido y viene reclamando que las autoridades liberen a los militares. En enero firmó, junto a otras mujeres, una nota pidiendo que Javier Milei y Victoria Villarruel cumplieran con sus promesas de campaña. Se están dando algunas reacciones que permiten pensar que el “Nunca Más” está escrito con mucha fuerza en el cuerpo social de nuestro país, que sufrió el horror impuesto por aquellos que se creyeron moralmente superiores cometiendo los más atroces crímenes.
*Docente. Periodista. Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTAA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María
Fuente: www.eldiariocba.com.ar