Por Juan Yacobs*
En el Valle de Punilla ejercer la comunicación social, el periodismo con compromiso y rigor frente a las causas más justas puede resultar peligroso. Al menos, así lo entiende el Juez de Control de Cosquín, Ramiro Nuñez, que ha decidido llevar a juicio al docente y comunicador social Marco D’Angelo, integrante de la Comisión Ejecutiva Local de la CTA Autónoma Punilla, por cubrir para su canal de Facebook “La Escuelita Serrana”, las protestas que se sucedieron cuando el ex Intendente de esa ciudad, Gabriel Musso, decidió interrumpir una asamblea popular que se desarrollaba en la Plaza Principal de la Capital Nacional del Folklore el 18 de agosto del año 2022.
Frente a la presencia inesperada -pero sospechable- del entonces Intendente que era cuestionado abiertamente en una asamblea popular en laPlaza, los vecinos, sin entender semejante provocación, decidieron increpar y reprocharle al funcionario la autorización firmada para la obra de la Autovía de Punilla y que jamás había dado la cara, ni atendido ninguno de los reclamos de las familias que se quedaron sin agua, que perdieron sus viviendas o que ven partirse las paredes por el impacto de las detonaciones.
Frente a la espontánea y precipitada manifestación de los vecinos de Cosquín ante la presencia del Intendente Musso, el compañero Marco D’Angelo, como otros comunicadores que ejercen su labor denodadamente, decidió comenzar a grabar la escena por seguridad, ante cualquier mal entendido y que se tenga registro de lo que sucedía en la Plaza de Cosquín en aquel mes de agosto del año 2022.
Marco D’Angelo.
Este intento por registrar lo que estaba sucediendo, como loable y arriesgada tarea de comunicar lo que realmente pasa, sin filtros ni censura como sucede con los medios que reciben la pauta, es interpretado por el Juez de Control Nuñez como “toda una contribución y mutuo apoyo psíquico y físico, que en ese particular contexto, tuvieron la idoneidad suficiente, seriedad y gravedad para inspirar mayor temor en la persona de la víctima (el intendente Musso), y por lo tanto justificar la imputación del delito de amenazas como co-autor penal”.
Es decir que no sólo la protesta social pacífica de quienes sienten la provocación de un Intendente que camina delante de una asamblea en su contra sin detenerse ni reparar que lo que allí se planteaba es un delito, sino que además, las tareas de registro, cobertura o crónica periodística podría calificarse para Nuñez como un ilícito en calidad de co-autoría penal.
Esta elevación a juicio es objetada por el doctor René Amsler quién en el oficio de apelación afirmó que”con el material probatorio no queda probada la existencia material del hecho (amenazas), con el grado de probabilidad exigida para dicha etapa procesal“, y además se señala en el escrito de la defensa la “arbitrariedad manifiesta, en tanto el material probatorio se analiza parcialmente omitiendo y tergiversando hechos o aspectos sostenidos en la oposición”, por lo que el letrado de la defensa reclama además que la resolución del Juez Nuñez incurre en la violación a la prohibición de la “Reformato in peius”, es decir que el Juez de Control no tiene la potestad para incorporar opiniones, o interpretaciones sobre el material probatorio de la imputación.
Doctor René Amsler.
No es casualidad que toda esta perversión del Derecho Penal se utilice para procesar a activistas y comunicadores que se presentaron frente a un Intendente Municipal que fue denunciado en reiteradas oportunidades ante esa misma Fiscalía por violentar la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT), la Ley Orgánica de Municipios y la Ley General del ambiente.
Cabe recordar también que el Juez Ramiro Nuñez le negó un Hábeas Corpus Preventivo y otro Correctivo al grupo de acampantes que fueron desalojadas por la fuerza el 10 de mayo del año 2002 en el obrador Molinari de la Autovía de Punilla. En aquella oportunidad, el grupo de mujeres desalojadas estuvieron más de doce horas ocultas en el monte por carecer de garantías para transitar libremente por el sector luego de un desalojo ilegal a las 3:40 de la madrugada. Sin embargo, para el magistrado, no existía riesgo ni de ser detenidas, ni tampoco impedimentos para su libre tránsito por el sector de los obradores de la empresa SACDE. Parece chiste, pero no es así, es el mundo del revés.
Solicitamos la absolución de todas las causas penales contra los defensores ambientales de Punilla, y en particular las que se tramitan contra los comunicadores sociales que ejercen el Derecho a la Expresión consagrado en distintos convenios y garantías de orden internacional como el Pacto de San José de Costa Rica.
Foto de portada: Ex Intendente de Cosquín, Gustavo Musso
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla