El polémico proyecto impulsado por el intendente Pablo Cornet permite cerrar con portones el ingreso a algunos barrios de la ciudad, bajo el argumento de prevenir delitos. La ordenanza fue votada por el oficialismo y hubo fuerte tensión con los vecinos que se oponen a la medida.
Por Iñaki Mendoza Rubio y Ezequiel Luque para La tinta
Tras varios meses de anuncios y consultas públicas, y a pesar del rechazo de buena parte de la población de Villa Allende, el intendente Pablo Cornet (PRO) decidió avanzar y ordenó a los concejales oficialistas que den luz verde al Programa Modelo de Prevención y Seguridad Vecinal.
La ordenanza fue aprobada con el votó de los ediles oficialistas, mientras afuera del recinto se llevaba a cabo una concentración de vecinos en contra del proyecto.
El programa contempla diversas medidas, pero la más notoria y polémica es el cerramiento de calles con portones de 2 metros de altura en más de 35 puntos de la ciudad, donde no se podrá circular de 22 a 06 horas. También se prevé la instalación de cámaras de videovigilancia, patrullajes preventivos, renovación de móviles de Seguridad Ciudadana y la capacitación del personal.
Según Cornet, la medida busca mejorar la seguridad ciudadana, pero los y las vecinas afectadas aseguran que existen otras alternativas “más eficientes” para atajar la inseguridad. Por ejemplo, la reflectación de la vía pública y arroyos, sanear las áreas naturales de fuga de los criminales, aumentar el patrullaje o la instauración de un sistema de alarma comunitaria.
Para Hugo Mariano Yagüe, abogado y vecino de la localidad, es imprescindible que la seguridad sea abordada en un contexto de organización vecinal que ayude a la labor de las fuerzas de seguridad.
“La Municipalidad ejerce una política alejada del sentido de los vecinos”
Les vecines, autoconvocades y organizades en asambleas barriales, se han unido en torno a la plataforma No al Cerramiento y han organizado una multitud de protestas e iniciativas en contra del proyecto.
Piden un proyecto de seguridad integral que combine prevención, tecnología, participación ciudadana y fortalecimiento institucional, en pro de mejorar la seguridad pública y la calidad de vida de la ciudadanía. “Exigimos un proyecto integral serio, que sea comunitario, planificado y transparente”, asegura Yagüe. Además, aclara que los vecinos han redactado un proyecto que pretende abordar el tema de la seguridad de una forma más integral: “La seguridad no solo se trata de asaltos o intrusiones domiciliarias; también existen las catástrofes climáticas, cuestiones sanitarias, seguridad vial y el buen estado de los espacios verdes”.
Y es que las inundaciones que tuvieron lugar en Villa Allende hace diez años siguen grabadas a fuego en la memoria colectiva del municipio. “Imaginemos que vuelve a pasar algo así con los portones cerrando el paso de ambulancias, patrullas de evacuación y vecinos que intentan protegerse; sería una situación absolutamente descabellada”, afirma el abogado.
Además, los vecinos denuncian que la norma tendrá un costo millonario (aproximadamente de unos 600 millones de pesos), monto que correría a cargo de las arcas de la Municipalidad.
En cuanto a la legalidad de la medida que pretende cerrar ciertas calles de la localidad, el abogado es contundente: “Una iniciativa como esta debe reunir distintas condiciones, entre otras, debe ser congruente con la normativa ya existente y este proyecto se basa en normas que dicen exactamente lo contrario a lo que proponen”.
Yagüe, además, afirma que la propia intendencia es conocedora de las fallas de su propia iniciativa: “El proyecto fue presentado en enero, pero fue retirado al poco tiempo; hubo una primera asunción de los errores porque sabían que sería impugnado por la sociedad y por los tribunales”. En este aspecto, el abogado anticipa que se presentarán amparos por la presunta inconstitucionalidad de la medida.
Fuente: www.latinta.com.ar