Por Florencia Guttlein
La situación económica, social y laboral del país es lamentable. La crisis se acentúa y repercute directamente en los trabajadores. Principales víctimas de las políticas represivas y de ajuste del gobierno de Mauricio Macri.
El 2018 cerró con cifras alarmantes: en noviembre, una familia tipo necesitó $25.206 para no ser pobre; la inflación en 2018 cerró en 47,6% y es la más alta desde 1991; la pobreza subió un 33,6%.
Según un informe publicado por RETRUCO Noticias, la Canasta Básica Alimentaria alcanzó, en 2018, un 51,5% variación interanual y una Canasta Básica Total que señala la medida para no ser pobre –que llegó al 54,6%-, la inflación llegó el 137% durante el gobierno de Mauricio Macri, en ANSES disminuyeron las prestaciones y la cantidad de gente asistida; PAMI sufrió una reducción en los subsidios y en los trabajadores; la Agencia Nacional de Discapacidad tiene 185.000 trámites parados desde hace dos años, 200.000 beneficios suspendidos y cierres en 72 centros de atención local; en SENASA hubo un achicamiento del organismo, despidos masivos y autogestión y autocontrol de los privados. Sin mencionar las subas de tarifas en luz, gas, agua y transporte.
Fabricaciones Militares también fue una de las áreas más afectadas por las políticas de ajustes del Gobierno Nacional, durante el 2018 se dieron de baja 78 contratos en Villa María y 100 en Río Tercero. Cientos de familias quedaron a la deriva. Trabajadores con una antigüedad de más de 18 años perdieron su fuente de trabajo y tuvieron que volver a empezar. Muchos de ellos aún siguen esperando la reincorporación.
En ese contexto de despidos, aumentos, de precarización, de ajuste y represión los gremios y sindicatos sociales y gremiales dieron batalla a las políticas reduccionistas del gobierno de Macri. Muchas aún sigue en pie de lucha, exigiendo respuestas a las peticiones realizadas. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) es una de ellas. Liliana Salerno, Secretaria General de ATE Córdoba comentó que “no hay respuestas a las peticiones del gremio con respecto a la reincorporación de todos los trabajadores que fueron despedidos durante el 2018”.
“Cuando perdemos las fuentes de trabajo, también perdemos parte de la soberanía nacional y por sobre todo dejamos trabajadores y trabajadoras fuera del sistema”, expresó Salerno.
Salerno apuntó directamente contra la Administración Provincial y dijo que “el Gobierno de Juan Schiaretti es cómplice y aliado del Gobierno de Macri. Con la excusa de permitir la gobernabilidad le ha votado y facilitado a través de las cámaras legislativas, vaciar el Estado”.
En Córdoba la situación es alarmante ya que muchos trabajadores y trabajadoras que perdieron sus puestos de empleo aún no lo han recuperado y a otros les cuesta todavía reincorporarse laboralmente.
Fabricaciones Militares es solo una de las tantas áreas que comenzaron el 2019 con reducción en su personal de trabajo. Salerno señaló: “Los empleados al ser contratados no pudieron percibir una indemnización, ya que estaban regidos por el Decreto 214/06. Es realmente una injusticia que se vayan con una mano atrás y otra adelante. Estuvieron algunos hasta 18 años trabajando”.
La situación de dichos trabajadores es un ejemplo, un reflejo fiel de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, una maniobra más, de las tantas que lleva adelante Macri desde que asumió la Presidencia de la Nación.
En ese contexto de ajuste y de pérdida de fuentes de trabajo, los aumentos de tarifas, el incremento de la Canasta Básica, la suba de la inflación suponen un golpe duro al bolsillo de todos y todas los trabajadores y trabajadoras que no solo tienen que afrontar el desafío de volver a empezar sino también de salir adelante en una realidad que parece no mejorar.