Lo aseguró Silvia Alcoba de la CTA Autónoma Córdoba, quien junto a trabajadoras y trabajadores de la economía popular presentó un Amparo contra el cierre de 950 mil programas ‘Volver al Trabajo’ en el marco de una protesta en el centro de la ciudad. El desmantelamiento impactará a centenares de cooperativas y unidades productivas.
Trabajadoras y trabajadores de la economía popular presentaron este martes un Amparo contra el cierre de 950 mil programas ‘Volver al Trabajo’ y realizaron una protesta -con “Feriazo” incluido- en el centro de la ciudad en repudio a la quita de sus ingresos.
“Este Gobierno es crueldad pura. Congeló nuestro ingreso en 78.000 pesos y ahora quiere robarle el trabajo a más de 900 mil trabajadoras y trabajadores de la economía popular”, denunció Silvia Alcoba, Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma Córdoba y referente de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) que viene reclamando que el desmantalamiento se efectiviza desde hace tiempo.
“Que les quede claro, no somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer”, indicó.
Además de rechazar el cierre de los programas de trabajo agregó que “sin justicia social, no hay paz social en Córdoba y el país”.
La presentación del Amparo se realizó en Tribunales Federales, frente al Parque Sarmiento de Córdoba. El reclamo concentró diversas columnas de organizaciones sociales que se movilizaron desde el centro.
En un escrito, difundido previamente por las organizaciones CTA-A; FeNaT-CTAA; FOL; Libres del Sur; Teresa Vive; René Salamanca; Pueblo Fuerte, entre otros, reclamaron por la creación inmediata de políticas de trabajo e inclusión laboral alternativas a los programas de empleo que el Gobierno quiere eliminar, o en su defecto la suspensión de la eliminación del programa ‘Volver al Trabajo’.
El desmantelamiento impactará en más de 950 mil personas, centenares de cooperativas y unidades productivas de la economía popular: “La eliminación del programa hundirá en la indigencia a más de 950 mil trabajadores y trabajadoras sin generar alternativas superadoras de inclusión laboral, de generación de ingresos y trabajo digno”, indicaron las organizaciones.
También plantearon la necesidad de que “sea actualizado el monto del Salario Social Complementario, sea que se instrumente a través del programa Volver al Trabajo o cualquier otro programa, directamente vinculado a políticas de promoción del trabajo y la producción”, exigiendo que la actualización esté ligada nuevamente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.