Cuatro trabajadores de Molino Minetti de Córdoba, entre ellos dos delegados gremiales, están a la espera de un veredicto de la Justicia Penal acusados de “turbación de la posesión”, debido a la toma del establecimiento en julio de 2019 por reiterados incumplimientos de la patronal y al posterior despido de 150 obreros en noviembre de ese mismo año año, en lo que implica un renovado caso de criminalización de la protesta amparada por el “Cordobesismo”.
Eran 18 los imputados, 15 de ellos tenían juicios laborales, tres no. De los 18 trabajadores once hicieron acuerdos laborales a la baja por lo que se les dio por extinguida la acción penal y otros tres desistieron de posibles acciones laborales. Quedaron cuatro operarios, dos de ellos delegados, que decidieron no venderse en los juicios laborales aceptando arreglos a la baja y afrontar el juicio penal, donde ya se terminó el debate y presumiblemente el 31 de este mes se conocería el veredicto.
La CTA Autónoma de la provincia de Córdoba apoyó desde un comienzo la justa lucha de los trabajadores de Molino Minetti; repudió la actitud de la patronal que no pagaba en tiempo y forma el salario a los laburantes; advirtió que la presencia de personal de Infantería de la Policía para forzar el desalojo de la planta se daba en el marco de una política de persecución sindical; y reclamó al Gobierno de la Provincia que tome cartas en el asunto para resolver el prolongado conflicto gremial.
Para la Central, “la empresa incumplió la legislación laboral vigente y provocó el despedido de manera arbitraria e ilegal de 150 trabajadores que no habían recibido ni pagos de sueldos adeudados ni indemnización, por lo que los despidos son contrarios a la ley”.
“Quienes trabajaron en el Molino Minetti nos han enseñado del valor y la entereza que otorga la lucha de quienes no se rinden. Las 150 familias a las que la patronal arrojó a la calle sin el mínimo sustento; la complicidad de una orden judicial inescrupulosa que ratificó la voluntad de la patronal tras el incipiente proceso de recuperación de la actividad por sus trabajadores y trabajadoras; la connivencia de un sindicato cooptado y socio de la patronal; y la muestra más cabal de connivencia del poder político a la hora de actuar, donde se busca imputar a los delegados por delitos infundados, son la muestra de toda la desidia que debemos cambiar”, señala la nota de la CTA-A Córdoba.
Caso Minetti
El Caso Minetti se torna perseguible penalmente el 12 de julio de 2019; momento en que los trabajadores deciden en asamblea la toma de la fábrica.
Los incumplimientos de la patronal en el pago de salarios, ART, seguros de vida, seguridad social se remontaban a finales del año 2018. Siempre se concurrió al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba en un intento por solucionar el diferendo; la patronal asistía esporádicamente con promesas de pago que incumplía sistemáticamente, hasta que en julio del 2019 (adeudando 3 quincenas, medio aguinaldo, lo que cobraban mensualizado, etc), se produce la toma del establecimiento.
El Presidente del Directorio recurre a la Justicia Penal y formaliza una adenuncia por supuesta “turbación de la posesión”. Es necesario recordar que nunca realizó ningún trámite ante la autoridad administrativa a los fines de lograr acuerdos cumplibles ni solicitó la “Conciliación Obligatoria”; tampoco recurrió a la Justicia Laboral a los fines que declare “ilegal” la medida tomada por los trabajadores, y mucho menos a la justicia civil a los fines de recuperar el dominio sobre la propiedad.
Siguió habiendo audiencias en el Ministerio de Trabajo Provincial hasta que entre el 6 y el 9 de noviembre de 2019 decide despedir a la totalidad de los trabajadores de la planta, no así a los 10 administrativos. El día 11 de noviembre de ese mismo año la empresa entra en Concurso Preventivo.
Esto es de suma importancia dado que los créditos de los trabajadores entran de manera diferente al Concurso. Las acreencias de los trabajadores (por ser despido con causa), deben ser resueltos en la Justicia Laboral, y de ser reconocidos entran como créditos quirografarios (sin el privilegio de la ley de concursos).
En las audiencias ante el Ministerio de Trabajo nunca ofrecieron ni pusieron a disposición de los trabajadores lo que les debían al momento del despido, violaron toda la legislación laboral.
En el caso de los delegados (los que tienen tutela sindical), nunca realizaron la quita de la misma. La ley prevé el pedido de apartamiento del sector de trabajo de los delegados. No era su interés, priorizaron la causa penal.
El 18 de diciembre del 2019 ocurre un hecho en el que se suceden acontecimientos de violencia contra uno de los directores y el auto del Presidente del Directorio de Minetti, frente a un operativo descomunal de la Policía provincial.
La entrega de la planta por parte de los trabajadores fue mediada y sin violencia antes que se ejecutase la orden de desalojo, en febrero del 2020.
Derechos humanos
Los Minetti, ex zares del cemento portland en Córdoba y acusados de delitos de Lesa Humanidad en Tucumán, son una de las familias más ricas e ilustres de la provincia. Según la empresa, a cargo Fernando Miguel Cornú de Olmos y Agustín Figueroa Álvarez, la molinera -que volvió a funcionar en febrero-marzo de 2020- estaba en insolvencia financiera y no podía afrontar sus pasivos. Por lo tanto, decidieron bajar sus persianas y convocar a sus acreedores para ver si puede arreglar el pago de las deudas.
Desde la empresa se aducía, por un lado, que la crisis económica vivida en los años de la Presidencia de Mauricio Macri derivó en una retracción del consumo interno y por lo tanto en el freno de las ventas de harina. Por el otro, el balance en baja también fue por la mala inversión en la producción de biocombustibles en la provincia de Tucumán, donde son dueños de la firma La Fronterita, productora de bioetanol en base a caña de azúcar, cuyo precio en dólares se redujo a la mitad, por las políticas implantadas por la Secretaría de Energía durante el Gobierno “Macrista”.
Fue justamente en ésta última empresa, La Fronterita, donde a mediados del 2019, la Fiscalía de Tucumán pidió una investigación contra los CEOS de Minetti, acusados de haber participado en el secuestro y desaparición de 68 obreros durante el periodo 1975-1978. Según el expediente, a cargo del fiscal Pablo Camuña, hay evidencias de que luego de la desaparición de sus trabajadores, el Ingenio La Fronterita de los Minetti logró desprenderse del 60 por ciento de sus trabajadores, incrementó la producción un 30 por ciento y adquirió otro Ingenio con refinería en Bella Vista. Todo bajo la venia del represor Antonio Bussi, quien durante la democracia fue elegido Gobernador en dicha provincia.
La familia Minetti, ex dueña de la fábrica de cemento homónima vendida hace unos años a la multinacional Holcim en millones de dólares, no es novata en el negocio inmobiliario. “José Minetti y Cia. Ltds SACI” es la empresa a cargo de la fábrica molinera. Su directorio, según el Boletín Oficial de Córdoba en el año 2017, lo ocupan miembros de la extensa familia cementera como Javier Cornú de Olmos, Fernando Miguel de Cornú de Olmos y María Pía Figueroa Minetti Molina, entre otros.