Tanti: Para que la inutilidad no se note hay que amordazar al periodismo libre -

La actitud del oficialismo de Tanti con el Intendente Emiliano Paredes al frente, además de vergonzoso incluye una gravedad jamás esperada en tiempos de democracia que, claro está con esta muestra y otras actitudes, precisamente no vienen siendo ejemplo de apego a la democracia y cuando esto sucede desde instancias gubernamentales no es otra cosa que Violencia Estatal.

Silenciar al periodismo libre para evitar quedar expuesto cómo incapaz e inútil no es el camino correcto y quedará en manos del intendente Paredes la posibilidad, aunque tardía, de vetar la chantada de ordenanza y pedirle disculpas a la sociedad y en especial a la única destinataria de semejante atropello.

En Tanti, el periodismo molesta

La periodista del principal medio periodístico local fue intimada por una dirigente política, bajo amenazas de demanda penal, por difundir videos de los debates de una sesión del Concejo Deliberante local.

Por Licenciado Milton Copparoni

Cristina Coudray, la periodista que incomoda a la política en Tanti

Cristina Coudray es una periodista de 79 años que vive y desarrolla su actividad en Tanti, en las sierras de Córdoba.

Desde hace muchos años, su medio local (Aprendamos a Sumar, más conocido como “El Diarito de Tanti”) es una de las voces referentes del periodismo local por su constancia, su independencia y su coraje.

Hace algunos meses, “El Diarito de Tanti”, una publicación que durante más de 20 años y hasta 2016 se había editado semanalmente en Tanti, volvió a circular en formato digital mediante una página en la red social Facebook.

Una de las principales tareas desarrolladas por el medio, y que no era abordada por ningún otro periodista o medio local, ha sido la de informar los temas que se discuten y las resoluciones que se toman en el Concejo Deliberante local.

En algunas oportunidades, las filmaciones de los debates públicos realizados por Cristina Coudray y difundidos por “El Diarito” han sido motivo de reclamos de los dirigentes locales, que argumentan que los videos de las sesiones son “recortes” y que transmiten una visión parcial o tendenciosa de lo ocurrido en esa institución política.

Una Ordenanza inconstitucional que amenaza la libertad de prensa

Frente a la incomodidad por los artículos y videos de Cristina Coudray sobre las sesiones del Concejo Deliberante de Tanti, prosperó la iniciativa de sancionar una ordenanza local que establece “requisitos” para la filmación de las sesiones públicas, entre los cuales se cuenta la obligación de “gestionar los medios para que en la filmación se muestren visiblemente la totalidad de los concejales, no pudiendo filmar únicamente a algunos miembros del cuerpo”.

La norma, Ordenanza 1542/25, sancionada el 24 de septiembre pasado, también “prohíbe totalmente” la distribución del material de grabación recortado, indicando que debe ser distribuido en forma completa por sesión o por tema del orden del día. La ordenanza también indica que la regla es aplicable a cualquier vecino, asesores, concejales u otras personas que realicen las filmaciones.

Lo que los concejales locales parecen desconocer son principios de lo más elementales del derecho constitucional y del derecho público provincial en Córdoba, conocimientos fundamentales para el cumplimiento de sus deberes como funcionarios.

Deberían conocer los concejales que, en el sistema jurídico argentino, la libertad de prensa tiene una fuerte protección, ya que se considera al periodismo como una institución fundamental de la democracia y de la República, esencial para evitar tiranías de quienes creen que están por encima de las leyes y fuera del alcance de los controles de la ciudadanía.

Para que una democracia funcione y las personas puedan elegir y decidir con libertad, es necesario que los ciudadanos estén informados y accedan, sin filtros ni censura, a la información sobre lo que sus gobernantes hacen o dicen, y no solamente a lo que los gobernantes quieren que se sepa, sino también a lo que los periodistas, en su rol de control del poder, logran averiguar.

Por eso, la Constitución Nacional Argentina protege la libertad de prensa en su artículo 14, cuando establece que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho “(…) a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (…)”.

Pero para los fundadores de la Argentina la prensa era tan importante que no se limitaron a reconocer el derecho a ejercerla sin censura del poder, sino que además establecieron la orden directa de que el poder político no puede restringirla. En su artículo 32, indica que “el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Esto no significa quitarle el poder a los legisladores nacionales para restringir la libertad de prensa para que lo terminen ejerciendo concejales locales, sino que no se pueden dictar normas que restrinjan la libertad de prensa.

En el mismo sentido se orientan los tratados internacionales con rango constitucional y de derechos humanos, que tienen supremacía sobre las leyes, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, y que este derecho “no se puede restringir por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales (…)”. En consecuencia, todas las personas que conocen mínimamente el sistema jurídico argentino (a mí me lo enseñaron en quinto año de la secundaria) saben que una ordenanza local no puede estar por encima de la Constitución Nacional. Eso es lo que se llama inconstitucionalidad, y sería bueno que los concejales que cumplen una función pública a nivel local leyeran la Constitución de la Argentina.

¿Una amenaza para amedrentar a la prensa independiente?

La ordenanza en cuestión no solamente es inconstitucional, sino también peligrosa, porque en este preciso momento una concejal de Tanti la está utilizando para intentar amenazar al periodismo independiente sobre posibles consecuencias legales por difundir lo que sucede en un ámbito público, donde funcionarios públicos que representan a los vecinos toman decisiones que nos afectan a todos.

Mediante una carta documento, la concejal Rosario Álvarez (Unidos por Córdoba) intimó este miércoles 24 de diciembre a Cristina Coudray a que “cese de inmediato” con lo que califica como “publicaciones audiovisuales fragmentadas/recortadas/descontextualizadas relativas a sesiones del Concejo Deliberante”, y a que proceda a ratificar o rectificar el contenido de un video publicado en el que se resume lo sucedido en la sesión del Concejo Deliberante en la que se tratan los presupuestos y la ordenanza tarifaria 2026, “bajo apercibimiento de ley”, bajo amenaza de iniciar una “querella criminal por calumnias e injurias”, además de acciones civiles por daños y perjuicios.

Todo esto en relación con el video publicado en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/p/1ALMom3nxF/

Según la concejal, el contenido del video publicado por“El Diarito” es “fragmentado, recortado y descontextualizado”, y “no se trata de un hecho aislado, sino que conductas de similar tenor ya han ocurrido con anterioridad, evidenciando un patrón reiterado de incumplimiento normativo y utilización distorsiva de contenidos públicos, con el consecuente perjuicio institucional, político y personal que ello conlleva; importando una conducta abusiva y violatoria del marco legal vigente, que lesiona la transparencia institucional, el correcto funcionamiento del sistema democrático local y la honra funcional de quienes integramos el Concejo Deliberante”.

Además, la funcionaria pública indicó que esta situación le causa “dolor, angustia, estupor y zozobra, minando mi ánimo y espíritu, produciéndome un daño injustificado e inmerecido”.

La democracia se defiende con transparencia y coraje

Frente a este lamentable panorama, me permito (porque así me lo permite la Constitución Argentina y las leyes de la Nación) hacer algunas reflexiones:

1. Contrariamente a lo que algunos piensan, la democracia no es un mecanismo para conseguir puestos públicos a cambio de juntar votos. Se trata de un sistema en el que el poder radica en el pueblo, que tiene derecho no solamente a elegir representantes, sino también a saber qué es lo que hacen, y a exigirles transparencia y cuestionar su accionar si así lo considera. A quien no le guste que se difunda lo que hace como representante público, no le guste que le exijan rendición de cuentas o le produzcan “dolor, angustia, estupor y zozobra” los cuestionamientos por las decisiones que toma, quizás no debería ejercer una función pública, sino una actividad privada donde sus actos no sean cuestionados. A los políticos: sepan que la “responsabilidad de los funcionarios” significa que deben responder, rendir cuentas y, por lo tanto, pueden recibir cuestionamientos y pedidos de explicaciones. Es su deber. No pueden demandar a quien les pide explicaciones, porque es su obligación. Quizás esté bueno leer las leyes antes de asumir una función pública y saber cuáles son las responsabilidades del puesto.

2. La democracia no se defiende demandando a la prensa por contar lo que se hace en el gobierno local. Al contrario, la democracia se defiende con transparencia, y eso no es un problema cuando los funcionarios actúan de forma correcta y no tienen nada que ocultar. ¿Por qué, en lugar de dictar una ordenanza inconstitucional y vergonzosa, el Concejo Deliberante no implementó un servicio público de transmisión de las sesiones, para que todos los vecinos puedan conocer lo que se discute y se decide en forma completa, como dicen pretender? ¿O es que en realidad solo se busca obstruir el ejercicio de la prensa y el derecho de los ciudadanos a saber cómo vota cada representante? Me permito la duda y me hago cargo de ella.

3. La democracia se protege con periodistas con compromiso y coraje, como Cristina Coudray, que desde hace muchos años brinda a los vecinos un servicio fundamental e imprescindible: contar lo que otros medios callan y decir lo que muchos vecinos no se atreven a expresar por miedo a represalias. Aprovecho esta columna para agradecer a Cristina Coudray por los servicios prestados a nuestra comunidad durante tantos años. Dolor, angustia, estupor y zozobra debería generarnos a todos los vecinos que, un 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, una persona querida y respetada de nuestra comunidad, de 79 años de edad, reciba una amenaza de demanda criminal por parte de una representante política local. Mi solidaridad con Cristina.

4. Qué bueno que una modesta concejal de Tanti tenga los recursos económicos suficientes para recurrir a uno de los estudios jurídicos más caros y prestigiosos de Córdoba para demandar a una humilde vecina. Pero me pregunto: ¿no será mucho? ¿O es que la firma de un afamado abogado es parte también del intento de amedrentamiento? Esto, claro, asumiendo que los servicios jurídicos fueron abonados por la propia concejal y no por algún otro dirigente político interesado en acallar a la prensa local. Me reservo mis dudas.

5. Los funcionarios públicos no pueden escudarse en supuestas “calumnias o injurias” para limitar la libertad de prensa cuando lo que aborda la prensa tiene que ver con cuestiones relativas a su función o su accionar público, debido a que se trata de asuntos de interés público, sobre los cuales la opinión pública tiene derecho a opinar y juzgar. Justamente por eso, en 2009 el Congreso de la Nación reformó el Código Penal para despenalizar los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. La reforma fue en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de lo resuelto en el caso Kimel.

6. En lugar de ordenanzas para sancionar a quienes difunden los debates, ¿no sería mejor una ordenanza para obligar a nuestros concejales a hacer un curso básico de legislación local y lectura de la Constitución Nacional?

7. La Ordenanza 1542/25 es una vergüenza y espero que la deroguen antes de que trasciendan más allá de nuestro pueblo las pequeñas prácticas tiránicas que están dispuestos a avalar nuestros concejales.

8. Defendamos entre todos el periodismo libre en Tanti, porque el día en que no haya un periodista dispuesto a contar lo que se decide en sesiones que se hacen en días, horarios y lugares estratégicamente elegidos para que nadie pueda asistir, será el día en que nuestros gobernantes nos lleven por delante.

Invito a todos a que nos solidaricemos con Cristina Coudray, especialmente a los colegas periodistas que creen en la importancia del ejercicio independiente de la profesión.

Licenciado Milton Copparoni