Durante la mañana del viernes pasado el Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba (SIPETACO-CTA) presentó un recurso de amparo contra la ordenanza que va a regular el sorteo de las chapas de taxi por entender que incumple con las leyes vigentes y los convenios laborales del sector.
El viernes el SIPETACO acudió al edificio de Tribunales I para presentar un amparo y solicitar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 12.859.
Según expresaron desde el gremio que encabeza Miguel Arias, los pilares del nuevo marco regulatorio del servicio público de autos de alquiler con chofer vulneran derechos previstos en el Convenio Colectivo de los peones de taxi, como así también de leyes nacionales y de las constitucionales Provincial y Nacional.
Uno doe los puntos más cuestionados por los peones de taxi tiene que ver con el cupo establecido para el próximo otorgamiento de chapas. Al ser consultado por Diario Sindical el abogado patrocinante de SIPETACO-CTA, Carlos Cafure, expresó que la normativa es discriminatoria y desfavorable para las y los peones de taxis.
“A los peones de taxis se les pide que ingresen con coches cero kilómetro, mientras que al público en general le demandan autos de hasta dos años de antigüedad”, destacó.
Y añadió: “El mecanismo actual establece que el 47,5% de las chapas se destinará al público en general, el 5% a personas con discapacidad y el 47,5% restante a los conductores. A ello se le suma el contexto económico, donde muchas personas no están en condiciones de comprar un vehículo cero kilómetro”.
Cafure explicó que históricamente la mayoría de las chapas estuvieron para las y los peones, situación que se hoy se intenta modificar.
“De alguna manera siempre se buscó premiar a los conductores de mayor antigüedad por todo lo que significa la idoneidad, el conocimiento y la historia de un peón de taxi que está 12 horas arriba de un vehículo y que anhela dejar de ser un chofer para ser titular logrando movilidad social ascendente”, sentenció el asesor letrado.
“El artículo cuarto dice que la Municipalidad puede adoptar medidas especiales para el cumplimiento del servicio en caso de paro de transporte, porque la Ley de Servicios esenciales establece que debe existir una guardia mínima. Lo que no dicen es que este apartado vulnera el derecho a huelga, además de ser muy difícil de acatar”, expresó en diálogo con La Voz el abogado Carlos Cafure.
“La cantidad de licitaciones para los conductores en actividad va en contra de derechos adquiridos. En el sorteo que se hizo en el período del doctor Luis Juez se adjudicaron varias chapas y el 100 por ciento fue asignado a choferes. En el primer gobierno de Mestre, ese porcentaje cayó al 60, pero mantuvo una porción mayoritaria para los peones. El sorteo actual baja a un 47,5 por ciento para trabajadores siendo que público en general, más discapacitados, se llevan un 55. Pero no solo es un derecho adquirido, hay un tema de idoneidad por los años que llevan trabajando”, señaló Cafure.
Pese a la adversa situación, desde el SIPETACO confían en que la Justicia fallará a favor de las y los trabajadores.
Fuente: www.diariosindical.com.ar; www.lavoz.com.ar