El Foro que nuclea a organizaciones del área advirtió que los prestadores quedaron 100 puntos debajo de la inflación y que los transportistas no están pudiendo trabajar, lo que deja a 200 mil personas con discapacidad sin tratamiento. Reclaman al Gobierno una “respuesta inmediata”.
Mediante un comunicado, el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad alertó sobre lo que considera una “crisis del sector de discapacidad y la vulneración de los derechos del colectivo”.
Y es que la brutal devaluación que fue seguida de una inflación similar —calculada por la consultoras por encima del 30% para diciembre— elevó los costos operativos (sueldo, combustible, alimentos e insumos) de los prestadores de servicios en el sector de discapacidad, que vienen castigados desde la pandemia de COVID-19.
“Los aranceles de las prestaciones no se condicen con la inflación actual y los servicios peligran. La brecha entre los aumentos de aranceles y los incrementos en los costos operativos es insostenible”, sostienen desde el Foro, compuesto por quince organizaciones del área.
Sin transporte no hay calidad de vida
Según detallan, existe un desfasaje a diciembre 2023 de 100 puntos. Ya que, mientras los aumentos de aranceles —fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud— fueron de 120,8% en 2023, la inflación en el mismo período fue de un 220%.
El rubro que más afectado se vio es el de los transportistas que trasladan a personas con discapacidad debido a los aumentos de precios de los combustibles.
“La nafta y el gasoil tuvieron remarcaciones todos los meses, excepto en septiembre. En diciembre del 2023 la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre. El martes 2 de enero de 2024, los combustibles subieron en un 26%, luego de que la Secretaría de Energía autorizara el aumento”, explicaron. Como consecuencia, los transportistas no están pudiendo brindar el servicio y, sin transporte, las personas con discapacidad no pueden acceder a las demás prestaciones de salud, educación, terapéuticas y rehabilitación, entre otras. Se trata de un universo de 200.000 personas, que pueden quedarse sin servicios básicos para mantener su calidad de vida.
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras del área se calculan en más de 150.000.
“Discapacidad está en emergencia y no es una frase, es una realidad. El sostenimiento de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 peligra”, advierten desde el Foro.
En esa línea, le reclamaron una “reacción y respuesta inmediata del Gobierno Nacional y sus funcionarios”, que involucre un aumento del 100% en los aranceles y del 120% para los transportistas.
Fuente: www.canalabierto.com.ar