Camilo Ortiz, trabajador de planta permanente que presta servicios desde hace más de 20 años en el organismo continúa en su lugar de trabajo.
En el mes de mayo le notificaron un traslado para que preste servicios y tareas en los turnos rotativos nocturnos, en lo que es la Residencia de Pre Egreso, modificando sus condiciones de labor, ante ese acto que careció de elementos que el procedimiento administrativo regula, además que es un acto anti jurídico, arbitrario e injustificado, ATE interpuso un recurso de reconsideración impugnando la totalidad de este acto administrativo por ser nulo.
“Hablando procidentalmente, ATE hizo una nota firmada por Federico Giuliani, Secretario General, interponiendo además un pronto despacho porque pasados los 30 días que el Estado tenía para responder ese recurso de impugnación, no había respondido”, comentó Paloma Muñoz Gamboa, miembro del cuerpo de asesoramiento legal de ATE.
Estos traslados masivos que se vienen realizando son de la mano de la potestad variandi del Estado, esa facultad de emodificar por razones de servicios y tareas se está usando de manera arbitraria y le dan otra finalidad, aplicándose sobre las y los trabajadores que son militantes sindicales, delegados y afiliados que tienen activismo sindical y/o otras causelas de discriminación como disidencias políticas o de orientación sexual donde hemos visto que el Estado usa la figura para trasladar arbitrariamente a la primera línea de trabajadores.
“Estas facultades siempre las rechazamos por ser desviación de poder que ataca siempre a las y los trabajadores que son precarizados por el mismo Estado y que tienen el objeto de discriminarlos y cambiarles condiciones esenciales sobre su salario o jornada laboral sin justificación alguna y sin razones del porqué del traslado”; remarcó Muñoz Gamboa.
“Además hubo una gran actuación gremial por parte del delegado y el Consejo Directivo Provincial, que acompañamos con la respuesta del recurso y del pronto despacho. Camilo es papá de dos niñes y está a cargo de elles, por eso alegamos también que se desprotegida a su hijo y por eso alegamos normas de la 26061 en protección de niños y adolescentes. Un poco paradójico que SENAF que protege a esta franja etaria, los haya buscado dejar en desamparo yendo contra un trabajador”, sentenció Paloma.
Fuente: www.atecordoba.org