La media sanción en Diputados profundiza el régimen de excepción para el gran capital y lo extiende a las infraestructuras digitales estratégicas.
El Súper RIGI no es una política de desarrollo sino un nuevo régimen de privilegios para grandes corporaciones, ahora también orientado a data centers, inteligencia artificial y otras infraestructuras críticas de la economía digital.
Baja impuestos, reduce contribuciones patronales, habilita mayor disponibilidad de divisas, exime exportaciones, limita las potestades tributarias y regulatorias de provincias y municipios y blinda esos beneficios durante treinta años mediante derechos adquiridos y arbitraje internacional.
Mientras el Estado resigna recursos, capacidad de regulación y soberanía sobre sectores estratégicos, las contraprestaciones en materia de empleo, proveedores locales, transferencia tecnológica, soberanía de datos, cuidado ambiental e integración productiva permanecen débiles, condicionadas o directamente ausentes.
Argentina puede atraer inversiones. La discusión es si lo hace para construir capacidades para el desarrollo nacional o para garantizar rentabilidad privada resignando recursos públicos, energía, agua, territorio y derechos soberanos.
En este informe analizamos los privilegios otorgados al gran capital, las restricciones sobre las potestades estatales y locales, los riesgos de una nueva forma de enclave tecnológico y las alternativas para promover inversiones con contraprestaciones reales.
Fuente: www.ipypp.org.ar