A fines de septiembre, ciento cincuenta paracaidistas británicos bajaron a la playa de San Carlos, caminaron de noche hasta Pradera del Ganso y subieron la última loma antes de Puerto Argentino. Repitieron, paso por paso, el camino que hizo su batallón en 1982, cuando del otro lado de esas lomas esperaban soldados argentinos, en su mayoría conscriptos. Esta vez nadie esperaba: el enemigo era una hipótesis de instrucción, y lo único que el ejercicio daba por cierto era la costa desde la que iba a llegar.
Londres llamó rutina a lo que funcionó como puesta en escena. Desde 1833, el Reino Unido sostiene la ocupación del archipiélago con la fuerza, y el ejercicio lo recordó justo cuando el petróleo empieza a tener fecha: el yacimiento Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las islas, debe producir en 2028, y quien custodia la costa custodia también el negocio.
El simulacro se conoció recién el 13 de octubre, cuando lo publicó The Times, el mismo martes en que la Argentina pedía en Hamburgo que un tribunal internacional frenara Sea Lion. Esa coincidencia ordena una disputa que se juega en tres planos al mismo tiempo: Londres ensaya la guerra que ya ganó para custodiar un yacimiento que todavía no produce, Washington usa su neutralidad como ficha en la negociación con un aliado, y el gobierno argentino lleva a los tribunales internacionales un reclamo que en el continente desmiente por decreto.
Retomar lo que ya ocupan
El Ministerio de Defensa británico explicó que el ejercicio, llamado Cape Upholder, cierra cada rotación de la tropa destacada en las islas y que estaba planificado de antemano. El guion dice otra cosa. Según The Times, por primera vez en años los soldados practicaron cómo retomar el archipiélago en lugar de cómo defenderlo, y lo hicieron con el mismo batallón que en 1982 perdió a su jefe en Pradera del Ganso.
Ensayar una reconquista supone imaginar una pérdida. Una potencia que se declara segura de su posesión dedicó seis días a repetir el recorrido de su victoria porque la memoria de esa guerra también funciona como arma: le habla a la tropa, a los isleños, a los inversores del petróleo y a Buenos Aires en el mismo gesto. El secretario de Defensa británico dijo por esos días que «esto no es 1982», mientras sus paracaidistas entrenaban, loma por loma, exactamente 1982.
El mensaje tiene un destinatario más amplio que la Argentina. En 1986, la Asamblea General de la ONU declaró al Atlántico Sur zona de paz y cooperación y pidió a las potencias militares reducir su presencia en la región hasta eliminarla. Cuarenta años después, la base de Monte Agradable mantiene cazas en alerta permanente, rota batallones cada pocos meses y ensaya desembarcos, y el mar que la ONU quiso desmilitarizar funciona como la frontera armada de un territorio de ultramar.
El petróleo tiene custodia
Sea Lion pertenece a dos empresas privadas, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, y su permiso lleva la firma del gobierno isleño: licencias de explotación por treinta y cinco años sobre un recurso en disputa. La ONU pidió hace medio siglo que ninguna de las partes tomara decisiones unilaterales mientras durara el conflicto de soberanía, y Londres respondió a ese pedido con un contrato que corre hasta pasada la mitad de este siglo.
Cuando Milei habló de «saqueo ilegal» y llevó el caso al tribunal del Derecho del Mar, la respuesta británica llegó desde todo el gobierno a la vez. Defensa habló de capacidad militar, el área de Negocios prometió actuar contra cualquier obstáculo al comercio y la Cancillería citó a la embajadora argentina para acusar a Buenos Aires de dañar a los isleños. Tres ministerios distintos defendieron, con palabras distintas, el derecho de dos empresas a extraer petróleo de un mar en litigio.
El gesto más revelador llegó el mismo día en que la Argentina presentó su pedido en Hamburgo: el Reino Unido anunció que pedirá a Interpol rechazar las alertas argentinas contra los responsables de Sea Lion. La diplomacia británica sale así a proteger a los ejecutivos de una petrolera israelí y de su socia británica frente a la justicia argentina, con el mismo empeño con que su ejército protege la costa.
En esa misma sesión del Parlamento, Londres confirmó los actos de 2027 por los cuarenta y cinco años de la guerra, que su Ministerio de Defensa presentó con la palabra de siempre: liberación. En el relato oficial británico, 1982 y Sea Lion pertenecen a la misma historia, la de un territorio que se defiende con tropas y se explota con contratos.
Una soberanía con dos varas
Del lado argentino, Malvinas se convirtió en bandera de gobierno. En septiembre, en cadena nacional, Milei afirmó que las islas son argentinas «por historia y por derecho», anunció sanciones contra las empresas que operan allí sin autorización y reactivó la base naval de Ushuaia. Es el mismo presidente que en el debate de 2023 ubicó a Margaret Thatcher entre los grandes líderes de la historia de la humanidad, aunque fue ella quien ordenó hundir el crucero General Belgrano.
La doble vara se ve con más nitidez en los tribunales, y tiene como protagonistas a los mismos hombres. El 16 de septiembre, una jueza federal de Río Grande escuchó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y frenó Sea Lion. El 29, la Corte Suprema, con las firmas de sus tres integrantes, le negó a ese mismo centro legitimación para cuestionar la derogación de la Ley de Tierras. En trece días, los hombres que en 1982 defendieron las islas con un fusil de la conscripción obtuvieron voz para proteger el lecho marino de Malvinas y la perdieron para proteger la tierra continental que el decreto dejó sin límites frente a la compra extranjera.
El gobierno que acusa a Londres de saqueo en el Atlántico Sur ofrece en el continente treinta años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a las grandes inversiones extractivas a través del RIGI, y quitó por decreto los topes a la extranjerización de la tierra rural. Sostiene, así, dos ideas de soberanía a la vez: la que proclama en cadena nacional para las islas y la que firma en el Boletín Oficial para el resto del territorio. La primera se defiende en Hamburgo; la segunda se negocia con los inversores.
El conflicto sigue abierto. La Corte suspendió de manera provisoria, en otra causa, el artículo que derogó la Ley de Tierras, y la oposición pidió para este jueves una sesión especial en Diputados para tratarla. El plenario donde el oficialismo quería discutir su Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las multas contra las petroleras que perforan sin permiso, terminó a los gritos por ese mismo fallo.
Washington pone precio a su neutralidad
A fines de agosto, Donald Trump dijo que no descartaba revisar la neutralidad de Estados Unidos sobre Malvinas. La prensa británica explicó el gesto como una forma de presionar a Londres para que aumente su gasto militar, y meses antes se había filtrado un correo interno del Pentágono que analizaba esa revisión como castigo al Reino Unido por no acompañar la guerra contra Irán. En ninguna de esas versiones aparecen los derechos argentinos: las islas figuran como precio en una negociación entre aliados, medido en presupuesto de defensa y en alineamiento sobre Medio Oriente.
La historia ya mostró cuánto vale esa neutralidad. En abril de 1982, Ronald Reagan también se declaró neutral, y cuando fracasó la mediación le entregó a Londres apoyo militar y de inteligencia. Cuarenta y cuatro años después, el gobierno argentino confía en que el alineamiento con Washington le sume una carta en Malvinas, mientras infantes de Marina estadounidenses entrenan en Ushuaia y la base naval que Milei reactivó fue presentada en 2024, junto a la jefa del Comando Sur, como la puerta de entrada de «nuestros países» a la Antártida.
Según analistas fueguinos, lo que Washington mira desde Tierra del Fuego es el paso entre dos océanos y el camino al continente blanco, en plena competencia con China por las rutas del sur. En ese mapa, la soberanía argentina sobre Malvinas entra como una variable de negociación, y la cercanía que hoy se exhibe en Ushuaia puede valer tan poco como la neutralidad que Reagan abandonó en 1982.
La Resolución 2065 de la ONU reconoce desde 1965 que existe una disputa de soberanía y llama a resolverla negociando. Las licencias de Sea Lion, el pedido a Interpol y el desembarco ensayado en San Carlos van en la dirección contraria. En 2027 se cumplirán cuarenta y cinco años de la guerra, y Londres prepara los actos para celebrar lo que llama liberación con un yacimiento a punto de producir y un batallón que acaba de repetir el camino de 1982.
La Argentina llega a ese aniversario con un pedido en Hamburgo, una sesión en Diputados y un aliado en Washington que trata a Malvinas como moneda de cambio. En los tres escenarios carga la misma pregunta: qué soberanía puede defender un gobierno que reclama el lecho marino de las islas mientras deja la tierra del continente sin límites.
*Periodista. Máster en Bioética Internacional. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina” (Universidad de Buenos Aires). Formada en geopolítica en CLACSO
Fuente: www.tiempoar.com.ar