“Desde la UTEM-CTAA (Unión de Trabajadores de los Estados Municipales) nos solidarizamos con el compañero Federico Giuliani, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, provincia de Córdoba, y de la CTA Autónoma provincial, quien está sufriendo el accionar de miembros del Poder Judicial provincial que, en sintonía con posiciones políticas autoritarias, criminalizan el derecho elemental a la protesta.
“Repudiamos esta actitud de ciertos elementos del Poder Judicial, creemos que conviene preguntarse qué queda dentro del terreno democrático si se elimina el derecho a peticionar y de protestar ante las medidas gubernamentales que atacan cuestiones tan básicas como el derecho a tener ingresos suficientes para el sustento diario. Resulta irónico, y falto de sustento, el argumento de ponerle límites a la protesta de los sectores que sufren el desorden que produce en sus vidas las políticas que les coloca en situación total de vulnerabilidad.
“El único límite posible, y deseable, en una sociedad democrática, para este tipo de protesta es el abandono, de parte de los gobernantes, de posiciones ideológicas que guían su accionar que beneficia a los sectores con mayor poder económico a costa del bienestar general de la población, es decir del pueblo que es el origen de todo poder en la sociedad democrática. Pedirle a los sectores, heridos por esas políticas, que protesten de manera ‘ordenada y prolija’ no es otra cosa que sostener que solicitarles que soporten la postergación y el hambre de manera obediente y sin alterar nada en el espacio público para que no aparezca el verdadero rostro de un sistema que genera pobreza y castiga grupos sociales condenándolos a la marginación.
“La protesta no puede ser criminalízala sin que nuestra sociedad vea atacada su democracia. Llevar adelante esas ideas es retroceder 40 años y volver a pisar el suelo de una Argentina donde no se podía reclamar los que nos corresponde sin correr peligro por el accionar estatal. Claro que aquello fue mucho más terrible pero es difícil pensar en el crecimiento de nuestra democracia o en sumar una contribución a la misma criminalizando la protesta. Si ese es el camino elegido por las autoridades luego: ¿Qué sigue?, indica la nota de UTEM-CTAA de Villa María que lidera el compañero Jesús Chirino, Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María.