El secretario general y los adjuntos de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria, rechazaron el Decreto oficial 669/2019 de reducción del pago del monto de las indemnizaciones por accidentes laborales o enfermedades y exigieron su «inmediata derogación». Un documento de la Central repudió la decisión presidencial y señaló que «la medida fue determinada a pocos días de la muerte de un obrero de la construcción en la terminal de Ezeiza». También los abogados laboralistas cuestionaron el nuevo DNU de Macri que protege las ganancias de las ART. Afirmaron que se trata de una norma regresiva e inconstitucional, sin fundamento que justifique la necesidad y menos la urgencia, vulnerando las exigencias constitucionales para la utilización del instrumento del DNU.
Por Mario Hernández
Mediante el DNU 669/2019, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido recortar el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se modifica el art. 12 de la ley 24.557, estableciendo que “…desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado”, cuando actualmente, para ese período se aplica un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Es una norma regresiva e inconstitucional. En primer lugar, no existe fundamento alguno que justifique la necesidad y menos la urgencia, vulnerando las exigencias constitucionales para la utilización de este instrumento por parte del PEN y los estándares fijados por la Corte Suprema.
Asimismo, prevé su aplicación retroactiva, en perjuicio de la persona que trabaja, estableciendo que las modificaciones se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
Cabe resaltar que el sistema vigente se desentiende de la prevención de los riesgos laborales, rechaza la cobertura de la mayoría de las enfermedades profesionales, no repara adecuadamente los daños causados en la integridad psicofísica de las personas que trabajan y no crea instancias de participación obrera en los establecimientos para evitar los siniestros. Por el contrario, ha transferido todo lo relacionado a la gestión de la salud y seguridad laboral a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entidades privadas, con fines de lucro, cuya rentabilidad es financiera.
La reforma operada en el año 2017 tuvo como una única finalidad dificultar al extremo la posibilidad de acceso a la justicia de las personas damnificadas y sus derechohabientes, violando este derecho humano fundamental.
Vergonzosamente, en sus fundamentos establece frases como: “…mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma”… “resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las Aseguradoras”… “la situación descripta crea incentivos adversos para el propósito mismo del sistema ya que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios resultante de la actualización de sus pasivos, fomenta la litigiosidad (y los costos concomitantes)…” “la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros podría provocar un riesgo sistémico que la presente medida buscar evitar”.
De este modo, queda de manifiesto que en lugar de proteger a las y los sujetos de preferente tutela, de acuerdo a la manda constitucional del art. 14 bis CN, invierte la prevalencia normativa y pretende garantizar la rentabilidad económica de estas entidades privadas que operan en el mercado financiero, desconociendo los Derechos Humanos fundamentales en juego a la protección de la integridad psicofísica, el principio de indemnidad y la obligación de seguridad.
Por todas las razones expuestas, la Asociación de abogados y abogadas laboralistas rechaza el DNU mencionado, e insta a las juezas y jueces a ejercer el control de convencionalidad debido, como asimismo, a los demás poderes públicos, a cumplir con los estándares de constitucionalidad vigentes en materia de accidentes y enfermedades profesionales, conforme la protección establecida en los Convenios 155 y 187 de OIT y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad vigente.
El Sistema de Riesgos de Trabajo tiene como uno de sus supuestos objetivos reducir la siniestralidad en el trabajo a través de la prevención de riesgos en la actividad laboral y reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Para todos los empleadores es obligatorio afiliarse a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) o acreditar los requisitos para auto asegurarse ante las entidades competentes.
Al hablar de la relación entre empleados/as y patronales es necesario partir de ciertas bases. La primera, que se aborda un vínculo de poder asimétrico en el cual siempre quien vende su fuerza de trabajo tiene mayor riesgo de ver vulnerabilizados sus derechos. La segunda, que uno de los pilares del Derecho del Trabajo es el principio de indemnidad: el ser humano debe salir ileso de una relación laboral. Esto supone obligaciones para los empleadores, sobre todo, la de prevenir los accidentes. Si a pesar de ello un trabajador sufre un daño, éste debe ser reparado. Algo que tampoco resuelve la cuestión, pues una afección en la integridad psicofísica ocasiona efectos que no son mensurables ni anulados desde lo económico.
Por eso, desde entidades gremiales suele enfatizarse en la necesidad de mejorar la prevención y el cuidado de la salud, el desarrollo de condiciones dignas y equitativas de labor, el armado de medioambientes de trabajo seguros y saludables. Asimismo, perciben necesario que los trabajadores y trabajadoras sean parte del diseño, implementación y fiscalización del régimen de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y consideran que debe haber una intensa responsabilidad de patrones y ARTs sobre los riesgos y una respuesta integral de estos frente al daño.
Las ART son empresas financieras
En el esquema actual de relaciones de producción, la parte trabajadora sufre un triple robo: el desgaste del cuerpo, la apropiación de la riqueza que produce por parte de los empresarios y la transferencia de ingresos que significa destinar los aportes colectivos de las obras sociales a los daños no reconocidos en el ámbito laboral (físicos y psíquicos) por parte de las ART.
El economista Sergio Arelovich definió que “las ART son empresas financieras antes que compañías dedicadas a asegurar riesgos del trabajo”. Sus activos son esencialmente financieros, tienen ingresos por participar de la especulación con títulos, acciones, moneda extranjera, etc. Y el dinero recaudado no tiene por destino disminuir la siniestralidad, sino incrementar la ganancia especulativa.
De hecho, en su reciente estudio de julio de 2019, el especialista mostró que entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018 se incrementó en un 129% el resultado financiero de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. En 2018, el saldo positivo entre las pérdidas y las ganancias por la actividad especulativa fue de 5.805 millones de pesos. Es decir, 15.904.109 de pesos por día, 662.671 por hora.
Según el Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el período enero-diciembre de 2018 hubo 669 accidentes mortales. Es decir, tomando los 365 días del año, casi dos muertes cada 24 horas. El 99,25% fueron de trabajadores y trabajadoras en unidades productivas. Los siniestros totales ascendieron a 545.907, 1.495 por día. El segmento etario más afectado está entre los 20 a 39 años, que explica el 59% de los siniestros totales.
Así y todo, como muestra Arelovich en su informe, del total de trabajadores y trabajadoras aseguradas, menos de 1% inició juicio y en la mayoría de los casos se debió por ausencia o insuficiencia de respuesta por parte del sistema.
Planteando la salvedad de que en el caso del empleo público hay regímenes distintos que no entran en las estadísticas y que la informalidad laboral general en Argentina llega al 40%, un dato relevante de los informes de la SRT que abarca el trabajo público y privado registrados, es que mientras entre 2017 y 2018 la litigiosidad cayó un 40%, los accidentes sólo se redujeron un 6% y los casos notificados por accidentes mortales disminuyeron, según el organismo, un 9,6%.
“La cantidad de juicios de acuerdo al tamaño de empresa también registró bajas superiores al 40% en la mayoría de los casos. Las empresas con una nómina de entre 1.501 y 2.000 empleados obtuvieron la mayor caída interanual: 49%”, explica la Superintendencia. Números que, sin dudas, clarifican quiénes se han beneficiado más con la nueva ley.
Menem lo hizo, Macri lo empeoró
Lamentablemente, este escenario que inició la Ley menemista 24.557 en el marco de otras normativas flexibilizadoras, y que fue modificado en algunos aspectos regresivamente por el kirchnerismo en 2012, sufrió un empeoramiento de la mano del macrismo. El gobierno nacional ató esta modificación al obsesivo discurso presidencial y empresarial sobre la necesidad de una reforma laboral para bajar costos, aumentar la productividad y, entre otras cosas, despedir sin causa.
Para desplegar esas políticas e intentar consenso social, la CEOcracia atacó a quienes defienden los mandatos constitucionales que las frenan: pasaron de denunciar “la extorsión de los sindicatos”, a señalar a “la mafia de los abogados laboralistas” y el “curro de la justicia del trabajo”. Los latiguillos fueron y son la presunta alta litigiosidad y la llamada “industria del juicio”.
Según indicó el Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, sólo el 3 % de los accidentes laborales desemboca en la justicia. “La verdadera industria es la industria del incumplimiento. De cómo gano más plata invirtiendo menos y eso el sistema se lo permite a las empresas. Me desentiendo de la prevención y sólo me cubro pagando un seguro”, afirmó cuando Macri promulgó la nueva ley en 2017, a la que posteriormente debían adherir los estados provinciales.
La realidad es que el esquema actual privatizado consolidó un sistema legal basado en el gran negocio de la enfermedad, que garantiza la ausencia de prevención y, por lo tanto, genera enfermedades de origen laboral, que en su gran mayoría ni siquiera forman parte del fixture de las ART. Médicos y abogados laborales coinciden en que es mínima la proporción de enfermedades laborales reconocidas como tales. Y un dato que falta, entre otros, es qué sucede cuando los trabajadores y trabajadoras se jubilan.
La reforma macrista ratificó además un trámite administrativo a través de las Comisiones Médicas, constituidas ahora como instancia administrativa previa, única, obligatoria y excluyente. Éstas serán las responsables de determinar en 60 días hábiles prorrogables, si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Vale recordar que en 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de las Comisiones Médicas, convirtiéndolas en una instancia voluntaria. Como plantea la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario (AALR) las mismas “carecen de idoneidad para investigar los accidentes y enfermedades del trabajo, las condiciones y medioambiente, y la relación entre estos y las enfermedades. Están compuestas exclusivamente por médicos, que sólo están capacitados para determinar enfermedades y grados de incapacidad. No los integran ingenieros o técnicos en seguridad en el trabajo, ni otros especialistas, ni se prevén las inspecciones a los lugares de trabajo”.
“Los médicos que las integran no son funcionarios públicos, careciendo por lo tanto de estabilidad y sus gastos son financiados parcialmente por las ART, por lo que no ofrecen garantías de la debida imparcialidad. Es por ello que sus dictámenes o resoluciones no pueden hacer ‘cosa juzgada administrativa’ como lo afirma el proyecto de adhesión”, denunciaron desde AALR.
Convenios de muerte
Argentina posee una de las peores tasas de mortalidad laboral, en el orden del 8,4% cada 100.000 trabajadores. En concreto significan 760 muertes al año. Las peores tasas de Europa las tienen Rumania con 7 y Lituania con 6.
En los 90, como culminación de las leyes de flexibilización laboral, se terminaron de modificar gran parte de los Convenios colectivos de trabajo, terminando así con una de las grandes conquistas logradas con los convenios por rama de los 70. Allí la precarización de la tercerización no existía. En el nuevo paradigma del neoliberalismo de los 90 se profundizó la precarización mediante la tercerización, bajo el lema de “bajar los costos laborales”. Así comenzaron a surgir varios gremios con distintos convenios en un mismo lugar de trabajo, lo que llevó a que en los hechos existan trabajadores de primera y de segunda, los contratos sean más precarios y los trabajadores empiecen a ser descartables.
En década del 90 se avanzó sobre las conquistas laborales bajo el discurso de ser más flexibles para ser más competitivos. La flexibilidad se transformó en el común denominador de los trabajadores.
El gobierno de Cambiemos avanzó sobre las conquistas que quedaban, con la ayuda de sus socios de las centrales sindicales. Volvieron al discurso de los costos, de la necesidad de ser más flexibles y demás. Se vanagloriaron del convenio de Vaca Muerta, donde no solo flexibilizaron y redujeron puestos de trabajo, sino que avanzaron violentamente sobre la seguridad de los trabajadores cambiando las condiciones conforme las necesidades de las empresas. Lo que antes era peligroso, como trabajar con cargas en altura con vientos fuertes, dejó de serlo y quedó sujeto a lo que diga el supervisor de la empresa. Los trabajos nocturnos que antes no se realizaban por las condiciones climáticas o por la geografía del terreno, también quedaron sujetos a la misma lógica. Las jornadas de 12 horas se naturalizaron. El resultado: ocho muertos y decenas de heridos a un año de la implementación del nuevo convenio.
Las empresas de servicios han llevado la situación al extremo, sin siquiera reconocer a los trabajadores como parte de su propia planta; están en negro o son monotributistas. Más allá del fraude laboral que ignora la Justicia, aquí la vida de los trabajadores no vale nada. Sirvan de ejemplo, los trabajadores de las Apps muertos sin ningún contrato, ni cobertura médica, cobrando a producción y arriesgando la vida en cada esquina.
El caso de Mauricio Segura
Mauricio Segura cumplía un turno de 12 horas en boca de pozo contratado por la operadora VenVer, que a su vez prestaba servicios para YPF en Vaca Muerta, en el sector NQ 423 ubicado a 1,5 kilómetros de Ruta 17 (Plaza Huincul). A las 6.05 una válvula mal cerrada lo golpeó en la cabeza. A las 6.15 murió. Había ingresado por primera vez en la industria petrolera en agosto y sólo lo capacitaron cinco días antes de mandarlo a trabajar directamente en boca de pozo. Previamente había cumplido tareas de seguridad privada en la misma contratista durante siete años.
“Hay un proceso de pauperización bestial de las condiciones objetivas de trabajo: cuadrillas incompletas que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento. Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un accidente anunciado”, sostuvo Hernán Palermo, director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo e investigador del Conicet.
Según Marcelo Nogueira, diputado neuquino por Libres del Sur, la mayoría de los accidentes ocurren entre los días 10 y 12 del régimen 14 x 7 (se trabajan dos semanas de corrido, en turnos de doce horas y se descansa una semana). Mauricio Segura murió en su octavo día de trabajo consecutivo que coincidió con su cambio de turno nocturno.
Lo primero que se dijo -lo que casi siempre se dice en estos casos- es que la muerte llegó por un simple acto de negligencia del operario. Las declaraciones testimoniales que tomó la fiscal de turno apuntaron en ese sentido. Incluso se llegó a acusar penalmente al jefe y encargado de equipo hasta que la jueza Laura Barbe tuvo que suspender el juicio.
Las empresas exigen productividad al máximo; en Vaca Muerta se están acelerando los procesos de producción porque la ecuación financiera de los no convencionales no cierra; entonces, se juega al límite.
Florencio Varela: Familiares de “Mechi” Cantero movilizaron a la fábrica Sein acompañados de trabajadores en lucha
La familia de Brian «Mechi» Cantero, el joven de 23 años que murió atrapado por una máquina de la empresa Sein y Cía. de Florencio Varela se movilizó el martes 17 de setiembre a la puerta de la fábrica. Lo hizo con el objetivo de participar de la inspección que les había prometido el ministerio de Trabajo de Quilmes, después de más de diez meses de reclamar a las autoridades justicia por la muerte del joven. La participación de la familia en dicha inspección tenía por objetivo evidenciar las condiciones de precarización que sufren los trabajadores de Sein y que ocasionaron la muerte del joven. Sin embargo, al llegar a la puerta de la planta las autoridades de la empresa les quisieron negar la entrada, con insultos y agresiones verbales.
Frente a esta situación, la familia de Mechi realizó una protesta frente a la planta que contó con el acompañamiento de los trabajadores organizados en la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de la Zona Sur, quienes la rodearon de apoyo. Gracias a esta medida, las autoridades de la empresa tuvieron que abrir los portones y dejar ingresar a la familia.
En nuestro país, más del 60% de los jóvenes está precarizado. En el Conurbano, esta situación es mucho peor. Las burocracias sindicales siempre les dan la espalda, tratándolos como trabajadores de segunda, descartables. Cada 20 horas un trabajador muere por desidia patronal, estatal y de los Gobiernos de turno.
Grave accidente laboral en la planta de Tenaris SIAT de Valentín Alsina
El lunes 9 de setiembre, un supervisor de Tenaris Siat (Techint) quedó atrapado por un portón levadizo, cuyos sensores se activaron “accidentalmente”. El portón comenzó a elevarse, llevando consigo el cuerpo del trabajador atrapado y luego se desplomó, ocasionándole un nuevo golpe. Fue trasladado a un sanatorio cercano y no pudieron atenderlo por falta de equipos de alta complejidad. La ART demoró más de cuatro horas en enviar una ambulancia. Finalmente, fue internado en terapia intensiva.
Desde hace meses la empresa tiene una política de “bajar costos”, por lo que difiere tareas de mantenimiento, redujo el personal médico y de enfermería en la planta y contrató una ART más barata. Todas estas acciones atentan directamente contra las condiciones de trabajo del conjunto de empleados y obreros de SIAT. Pero además, se ven agravadas por una política de Salud y Seguridad persecutoria y absolutamente alejada de las condiciones que los trabajadores necesitan para desarrollar sus tareas ya que se implementan normas de seguridad comunes para todas las plantas, sin adecuarlas a las características de cada una.
Ante esta situación, los trabajadores de la planta difundieron un comunicado de denuncia y varias demandas, que reproducimos a continuación:
¿Quién se hace cargo de la salud y la seguridad en Tenaris Siat Valentín Alsina?
Un terrible accidente en la planta de Tenaris Siat Valentín Alsina, deja en peligro la vida de un empleado. Así se pone en evidencia la falta de preocupación por la salud de los trabajadores que viene desde esta gerencia. Sin un verdadero plan de emergencia, más de 5 horas esperando una ambulancia de alta complejidad, para el traslado a un centro asistencial donde darle una correcta atención para salvarle la vida. Para sumar una falta de respeto más a los trabajadores de la empresa, este mismo día se desvinculó a la enfermera del turno tarde. La incansable política de baja de costos, aumenta el riesgo de vida de quienes trabajan en Tenaris Siat V.A. La gerencia pretende hacernos creer que la seguridad es responsabilidad de los trabajadores y aplica sanciones y hace informes, sin modificar ni bajar los riesgos que existen en la planta. El accidente de hoy deja en evidencia que esa política persecutoria es inútil, porque el verdadero problema son las condiciones de las instalaciones, las máquinas y el ambiente en el que trabajamos. La gerencia tiene que hacerse responsable de lo que pasó, ¿o solo están para hacer informes y sancionarnos? Porque queremos trabajar seguros, queremos que se organice un verdadero protocolo de atención ante emergencias, que se revisen las condiciones de las instalaciones y de los equipos y se eliminen los riesgos. Venimos a ganarnos un salario, no a perder nuestras vidas.
No es accidente, es asesinato
Ese mismo 9 de septiembre familiares y compañerxs de personas muertas en sus trabajos, organizados en el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), marcharon desde la sede del INTA (Rivadavia 1439) hacia la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El 9 de septiembre de 2016 David Ramallo, electricista de la Línea 60 de colectivos; Richard Alcaraz, obrero de la construcción; y Diego Soraire, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), murieron en sus puestos de trabajo.
Durante la marcha, familiares y trabajadores cantaban: “No fue accidente ni ocasional, fue asesinato laboral”. A 3 años de la muerte de David Ramallo, Diego Soraire y Richard Alcaraz se gritó “¡Basta de asesinatos laborales!”.
Antes de leer el documento en el que se denuncia la vulnerabilidad que sufren los trabajadores, se recordó a la agente de tránsito Cinthia Choque, quien trabajaba para la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y perdió la vida al ser atropellada en un control vehicular. “El sistema perverso de trabajo asesina a un trabajador cada 20 horas, pero también hay un grupo de trabajadores organizados que no vamos a olvidar a nuestros muertos y tampoco a aquellos que pierden la sangre todos los días en sus puestos de trabajo”, aseguró un trabajador de la Línea 60. Para la agrupación BAL, si pudieron evitarse no son accidentes, no son casos aislados, son parte de 400 muertos por año en llamados accidentes laborales a los que hay que sumar 600 incapacitados por año contando solo los trabajadores registrados, es decir, sin tener datos de los trabajadores en negro que cuentan con peores condiciones laborales.
El rechazo a catalogar estos hechos como accidentes laborales es contundente: “La responsabilidad de la empresa no debe ser un homicidio culposo sino un homicidio doloso”. Los responsables son el gobierno, las burocracias sindicales, las centrales sindicales y la justicia.
Si se puede evitar, no es un accidente. Que la muerte no sea en vano sino que sea motivo de lucha por todos los muertos en sus puestos de trabajo: Matias Kruger, trabajador de Metrovías que muere electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en la Línea H; Gastón Cisterna, trabajador de la línea 365 que muere aplastado por un colectivo; Julio Obiedo, que falleció tras caer en un pozo de un yacimiento petrolero en Mendoza; José Maidana, perseguido y tercerizado de Edenor, que murió tras una descarga de alta tensión; Martín Pino, que encontró la muerte al ser arrollado por un tren mientras cubría tareas que no le correspondían para Murata, una tercerizada ferroviaria; Leonardo De Mármol, trabajador textil en la empresa Fadeté que falleció al explotar una caldera que ya había sido denunciada; Braian Montero, quien murió aplastado por una viga mientras realizaba tareas de montaje en la empresa Renova; los cuatro operarios de la empresa SAMEEP de Chaco que fallecieron mientras realizaban trabajos en una cámara séptica; Fabian Paganini, Gustavo Sánchez, Horacio Airala, Jorge Gaddi, Marcelo Islas, Ricardo Homs, Sebastián Cabanchik, Silvano Coppola, José Arias, trabajadores del barco pesquero hundido “El Repunte” de Ostramar en Mar del Plata; Valerio Galarza, que murió en la metalúrgica DEMA tras sufrir un paro cardíaco sin que sus compañeros pudieran socorrerlo porque el desfibrilador estaba bajo llave en la oficina de los gerentes; Brian “Mechi” Cantero, que falleció atrapado en una máquina en la papelera Sein, donde realizaba tareas en condiciones precarias, sin seguridad ni capacitación; Ana Zabaloy, que falleció por la exposición a los agrotóxicos en la Escuela Rural 11 de San Antonio de Areco, luego de dar una pelea para que no continúen envenenando a sus alumnos; Rubén Insaurralde, trabajador de Techint Siderar, fallecido mientras realizaba tareas de mantenimiento en un puente grúa; Gastón Poce, Ariel Martínez y Rafael Balderrama, fallecidos en Jujuy tras el derrumbe de la obra en la que trabajaban; Nahuel Navarrete y los 8 trabajadores desaparecidos tras el hundimiento del buque pesquero El Rigel, en Mar del Plata; Laura Iglesias, trabajadora social del Patronato de Liberados de Miramar; Luis Pons, trabajador del Vivero Municipal de Avellaneda; Juan Cruz Manfredini, trabajador precarizado de la empresa Camin Cargo en Bahía Blanca; Nicolás Biernat, trabajador petroquímico tercerizado en EG3-Petrobras.
Nuevo siniestro en Acindar deja tres obreros quemados
Tres obreros metalúrgicos de la contratista IMESA, que realizaban tareas de mantenimiento en la sección de Reducción Directa (REDI) de la siderúrgica Acindar de Villa Constitución, resultaron gravemente heridos como consecuencia de una explosión.
Según indicó la Agrupación Verde y Negra de metalúrgicos, Acindar facturó 36.486 millones de pesos en 2018. “Tiene tercerizada a gran parte de sus trabajadores, donde se realizan los trabajos más peligrosos y con menos controles en seguridad. En la actualidad hay 1.100 trabajadores propios y 800 contratistas que hacen el mismo trabajo, la tercerización acarrea flexibilización y precarización laboral”, afirmaron.
Lamentablemente, en los últimos años hubo varias víctimas fatales en Acindar Villa Constitución, perteneciente al Grupo Arcelor Mittal. En 2013, Roberto Daniel Sosa, murió tras ser aplastado por una viga. En 2008, Nicolás Correa y Alfredo Dianda, ambos de 22 años, murieron por las quemaduras tras la explosión del horno número 4 de la fábrica. Y hubo otros incidentes ‘con suerte’ que podrían haber sido fatales, como las explosiones en 2015: una en abril sin heridos y otra en julio, con dos operarios con heridas leves.
Obreros de base de la planta aseguraron que los propios directivos, ni bien sucedido el hecho, reconocían la obsolescencia de los trajes ignífugos que hubieran evitado el desenlace. Al margen del riesgo de vida, las quemaduras generan diversos grados de invalidez y modifican la vida personal y laboral de quienes las sufren. Pero lo importante para Acindar una vez sacados los heridos fue, sin embargo, reanudar la producción sin saber a qué riesgo sometía al resto de sus empleados.
“La tragedia remite etimológicamente al castigo de Dios y, en Acindar, no hay dioses y hay dinero suficiente para proteger la vida de los trabajadores que producen la riqueza. Acindar fue la empresa número 56 entre las 1.000 que más facturaron en Argentina. Factura 100 millones de pesos diarios. Es una empresa que debe hacer valer ese dinero para cuidar la vida de quienes producen esa riqueza. No es una tragedia, es una decisión política”, subrayó el legislador Carlos Del Frade en una Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Fuente: Indymedia Rosario, Resumen Latinoamericano, Página12, La Izquierda Diario, Periódico El Roble; www.anred.org