Abogados laboralistas advirtieron sobre el avance del gobierno nacional por encima de la independencia del Poder Judicial, especialmente en el fuero laboral, y reclamaron que se cumpla con el verdadero estado de derecho.
Así se refirieron a lo acontecido en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), donde se tramitó la causa de los 354 despidos ocurridos hace poco más de un año en la agencia Télam.
Allí, el Gobierno pretendió quitarle a la Sala V la potestad de pronunciarse sobre una causa que ya había entendido a fines del año pasado, aunque sin éxito dado que finalmente los camaristas de ese cuerpo ratificaron hasta el momento la incorporación de 85 trabajadores.
La charla se dio en la puerta de la Cámara, en el marco del acampe de los trabajadores de Télam que aguardan la ratificación por parte de la Sala V de la CNAT de la inconstitucionalidad declarada en primera instancia de los despidos, en los últimos tres expedientes que le quedan por examinar.
Guillermo Gianibelli, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), sostuvo que “hay una insidiosa campaña del Gobierno contra el Poder Judicial”, y añadió que “hay una cruzada de degradación de la justicia independiente”.
“No hay justicia ni estado de derecho cuando hay un sometimiento al Poder Ejecutivo y al poder económico. Más bien hay un estado de no derecho”, afirmó Gianibelli, quien subrayó que “el conflicto de Télam hizo público cómo se rompieron las reglas de juego y se produjo zozobra en la Justicia”.
En consecuencia, abogó por “un Poder Judicial más independiente y menos servil, que actúe como un verdadero servicio público de justicia”.
María Paula Lozano, secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), afirmó que “el ataque a la Justicia es sistemático” por parte del Gobierno, y consideró que “es necesario una unidad de todos los sectores en defensa de la justicia del trabajo y de los derechos de los trabajadores”.
“Hay que afirmar la necesidad de democratizar la Justicia y que exista de verdad independencia del Poder Judicial”, señaló la representante legal de los trabajadores aceiteros.
Recordó que “el juez tiene un compromiso con la Constitución, y dentro de ella con el artículo 14 bis, que garantiza el derecho laboral”.
Vanesa Lamami, de la Corriente 7 de Julio, recordó que “este Gobierno comenzó con la intención de nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto”, y añadió que desde el Poder Ejecutivo “se ha ejercido una estigmatización de los trabajadores”.
“El Gobierno eligió como su enemigo a los trabajadores”, aseguró Lamami, quien destacó también que “hubo un ataque permanente hacia los abogados laboralistas a los que se acusó de mafiosos”.
Subrayó que “todo eso es parte de un plan sistemático dirigido contra los trabajadores”, y concluyó que “la Justicia hoy es un poder seudo monárquico que requiere una reforma”.
León Piasek, abogado del Sipreba, puntualizó que “los despidos en Télam fueron ilegales, difamatorios y discriminatorios”, y destacó que “sin la lucha de los trabajadores, se hubieran aplicado más despidos en el marco de una reforma laboral encubierta”.
“Quisieron elegir a dedo y dispersar la causa en el fuero laboral. Pero la lucha, la coherencia y los consensos en la diversidad del colectivo de los trabajadores fueron los que consiguieron torcerle el brazo al Gobierno”, remarcó Piasek.
Gustavo Ciampa, de la Corriente 7 de Julio, afirmó que “en el proyecto del Gobierno los trabajadores no son seres humanos, sino materia prima barata y descartable”.
Subrayó que “el Gobierno opera en la justicia del Trabajo que es el último bastión donde discutir los derechos de los trabajadores”.
“Un secretario de Empleo, Miguel Ponte, dijo que contratar y despedir debía ser tan natural como comer y descomer. Y un ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que había que entender a los empresarios que tienen que despedir”, graficó Ciampa.
Mariano Suárez, miembro de la Comisión Gremial Interna de Télam, destacó que “los abogados laboralistas fueron fundamentales durante el conflicto en la agencia”, y remarcó que en el mismo “hubo más de 50 imputaciones penales” por parte de la empresa a los trabajadores.
“Además hubo varios ejemplos claros de interferencia del Gobierno en la Justicia, de un avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia judicial”, aseguró el también abogado laboralista.
Puso como ejemplos el juicio político que el Gobierno pretendió llevar adelante contra varios camaristas que fallaron en contra de los despidos, y la intención también del Poder Ejecutivo de modificar el reglamento judicial que determina cómo se distribuyen las causas que ingresan en el fuero.
Fuente: Somos Télam