Por Esteban Viu
Empezaron las audiencias por la megacausa Gutiérrez-Di Santo, que tiene más de 20 imputados vivos y 72 víctimas denunciantes. Es el juicio más grande del sur de Córdoba y el más grande en los últimos 10 años de la provincia.
A las 8:30 a. m. del 20 de octubre, empezaron a llegar los micros desde el sur de la provincia a la capital cordobesa. En ellos, viajaban familiares y víctimas de la última dictadura, periodistas, funcionarios y vecinos de Río Cuarto que, para las 10:30 a. m., ya habían colmado la sala principal del Tribunal Oral Federal n.°1. La calma habitual del lugar y su atmósfera sobria de madera lustrada habían mutado en una marea de abrigos, cuchicheos y respiraciones cortas.
A las once menos diez, se abrió la puerta lateral, detrás del estrado, y los acusados empezaron a ingresar uno detrás del otro. Su presencia silenció la sala como si alguien hubiera desconectado un cable. La mayoría de los imputados estaban presentes en el lugar, varios con el cuerpo vencido por los años, pero sostenidos por el pacto de silencio de siempre. Otros estaban suspendidos en pantallas de Zoom con el rostro inmóvil. Todos volvieron a habitar el mismo metro cuadrado que las personas que habían sobrevivido a sus manos. Durante décadas, los separó la distancia y la impunidad, pero, esa mañana, los separaban apenas unos pocos efectivos del servicio penitenciario.
En las dos horas siguientes, una voz monocorde leyó las acusaciones que pesan sobre los represores: privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, homicidios y violencia sexual, entre otros cargos. La lectura no escatimó detalles técnicos sobre vejaciones y golpizas. En el público, el dolor fue sutil, pero evidente: un llanto ahogado, un temblor de hombros, el sonido seco de unos pasos que se retiran para salir a buscar aire al pasillo. Los acusados mantuvieron sus expresiones inalterables.
En total, son 21 los ex militares y ex policías juzgados, y 72 las víctimas denunciantes. La causa figuraba originalmente caratulada como “Causa Gutiérrez” por Hermes Gutiérrez, exjefe del batallón de Holmberg. Tras su fallecimiento, el expediente pasó a llevar el apellido del imputado siguiente en la lista, Daniel Di Santo.
Fue Susana Dillon, madre de Plaza de Mayo, quien, en 1984, presentó junto al Foro por los Derechos Humanos de Río Cuarto el primer listado de desaparecidos vinculados a la zona. “Este juicio tiene una mayoría de hechos vinculados con víctimas de Río Cuarto y con actividades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lo que demuestra el ataque perpetrado contra la población civil de la segunda ciudad más importante de Córdoba”, señalaron al respecto integrantes de la APDH local.
Entre los acusados presentes en la sala estaba Miguel Ángel Salinas, pieza clave en los grupos de tareas del sur cordobés. Además, Salinas es el autor de la mayor matanza de trabajadores de la historia argentina reciente: en 1987, asesinó a seis empleados del Banco Popular Financiero en Río Cuarto y dejó al gerente malherido de un tiro en la cabeza. Las víctimas fueron encadenadas y encapuchadas, una metodología idéntica a la aplicada durante el gobierno de facto. Por ese crimen posterior, Salinas fue condenado y luego recuperó la libertad: hoy camina libre por Córdoba, vive en el barrio Argüello y realiza changas de electricidad.
Entre las personas secuestradas, torturadas y desaparecidas, figuran Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba, casos emblemáticos de la región. Sobre Silber, los diarios de la época titularon que un profesor de la UNRC se había ahorcado dentro de una celda de la policía provincial. Al doctor en Química se lo habían llevado de la puerta de su trabajo; tiempo después, su propio torturador le confesaría a una trabajadora no docente: “Se nos fue la mano en la tortura con Silber”.
A Braunstein, dueño de una estación de servicio, lo hicieron bajar del primer piso donde vivía con la excusa de preguntar si había lugar en la cochera del comercio. Eran cuatro policías de civil que maniataron a su esposa y le vendaron los ojos a él antes de meterlo en un vehículo. Arrancaron apurados, pero sigilosos, amparados en la oscuridad de la noche, hasta perderse en el horizonte frío de junio. Gabriel Braunstein continúa desaparecido. A Elsa Gladys Comba la prendieron fuego a un costado de la ruta que va hacia Alcira Gigena por buscar a su hijo y a su nuera, que habían sido secuestrados.
Todos estos delitos son los que se juzgarán a lo largo de los próximos meses. Las audiencias se extenderán de manera continua con un cronograma planificado hasta mediados de 2027.
Cincuenta años después, el tiempo parece una victoria a medias: la muerte natural les garantizó la impunidad del silencio a más de 80 represores que jamás rindieron cuentas. Hoy, solo quedan 21. Son los últimos.
Para las madres que caminaron en la oscuridad, para los hijos que crecieron preguntando y para los sobrevivientes que cargaron en el cuerpo la marca del espanto, este juicio no es un trámite de tribunales. Es la última trinchera. La condena no devolverá el tiempo robado ni resucitará los abrazos pendientes, pero cuando la verdad quede escrita en un papel oficial, las lágrimas que caigan en esa sala van a ser, por primera vez en medio siglo, lágrimas de descanso. Porque el horror existió, pero la memoria fue más fuerte.
Fuente: www.latinta.com.ar