En Capilla del Monte, donde desde hace pocos meses opera la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (COOPI) como prestadora del servicio de agua, persisten y se profundizan situaciones de desigualdad, postergación y vulneración de derechos básicos. En barrios populares como Atalaya B (Águila Blanca), el acceso al agua potable continúa siendo una deuda estructural que ni el Estado municipal ni el provincial han resuelto.
La situación resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que el Intendente Fabricio Díaz, alineado políticamente con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha presentado la llegada de la COOPI como parte de un proceso de ordenamiento y mejora en la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, en el territorio, la realidad cotidiana de muchas familias desmiente ese discurso.
“En el barrio no se garantiza el acceso al agua a familias que habitamos hace muchos años este lugar”, denuncia Andrea Vrankovich, vecina de Atalaya B e integrante de la Comisión Promotora de la CTA Autónoma Punilla Norte, quien decidió hacer pública una problemática que afecta directamente la vida cotidiana de niñas, niños y personas adultas mayores.
Según el testimonio, el problema no se limita a la falta de obras o infraestructura, sino que se agrava por prácticas de acaparamiento del recurso hídrico en un contexto de ausencia de control estatal. “Los supuestos referentes hacen acaparamiento del recurso: Corren tomas de agua, realizan conexiones que debilitan la red, dañan el sistema y generan pérdidas continuas desde hace años”, relata.
La desigualdad en el acceso al servicio es alarmante: mientras algunas familias cuentan con múltiples líneas de agua, otras dependen de una sola conexión que atraviesa hasta nueve viviendas, con llaves de paso intermedias que permiten cortar el suministro. “Ante cualquier dificultad, obstruyen el acceso al agua, incluso afectando a las niñas y niños”, denuncia la vecina.
Cuando las familias reclaman, las respuestas institucionales resultan insuficientes y evasivas. “Te prometen soluciones que nunca llegan, como conectarte a una boca de agua ubicada a una cuadra y media, mientras la más cercana se la acaparan”, explica Andrea. Desde los organismos responsables se repite un mismo argumento: que se envían litros para todas las familias y que la distribución es un “problema interno” del barrio.
Este planteo implica un corrimiento inadmisible de responsabilidades. Ni el Municipio de Capilla del Monte ni la empresa/cooperativa prestadora pueden desentenderse de garantizar el acceso equitativo a un derecho humano esencial. “Si reclamás por un derecho vital, no hay escucha. Esta problemática ocurre en un contexto donde parece que a nadie le importa”, sintetiza la vecina.
La situación se agrava cuando el acceso al agua se transforma en una herramienta de disciplinamiento y exclusión social. “En este lugar, si no pertenecés a la supuesta organización, intencionalmente vulneran tus derechos”, denuncia Andrea, describiendo prácticas que no solo son injustas, sino también profundamente antidemocráticas.
El agua es indispensable para higienizarse, cocinar, lavar la ropa y consumir. “En mi caso es el agua que tomamos”, advierte, dejando en evidencia el riesgo sanitario al que están expuestas las familias del barrio.
Desde la CTA Autónoma Punilla Norte advierten que la llegada de una nueva operadora del servicio no puede reducirse a un cambio administrativo, sin impacto real en los barrios populares, ni puede servir como excusa para que el Estado Municipal —alineado con el Gobierno Provincial— eluda sus obligaciones.
Exigencia pública
Ante esta situación, desde la CTA Autónoma–Punilla Norte exigimos de manera inmediata:
1. Garantía efectiva y continua del acceso al agua potable para todas las familias del barrio Atalaya B.
2. Intervención directa del Municipio de Capilla del Monte y de los organismos provinciales competentes para regularizar la red, evitar el acaparamiento y eliminar prácticas arbitrarias.
3. Auditoría integral del servicio de agua en la zona, con participación de vecinas y vecinos.
4. Apertura urgente de una mesa de diálogo con las familias afectadas, organizaciones sociales y sindicales, para dar una solución estructural y definitiva.
Sin agua no hay salud, no hay dignidad y no hay derechos.
“La postergación ya no es tolerable. Lo que ocurre en Atalaya B no es un problema ‘interno’: Es una responsabilidad política del Estado y de quienes administran un servicio público esencial”, señala una nota de la CTA Autónoma Punilla Norte.
El 11 de septiembre pasado la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA-A decidió habilitar la creación de cinco nuevas regionales en la provincia de Córdoba. Una de ellas es la Comisión Ejecutiva Regional Punilla Norte, a la vez que nombró una Comisión Promotora, que tendrá a su cargo la conducción de ésta hasta tanto se decida la convocatoria a elecciones. La Comisión designada estará compuesta por los siguientes compañeros: Juan Yacobs; Juan Manuel Vergara; Andrea Vronovich; Julia Ceballos.
La Regional Punilla Norte comprende las localidades de Valle Hermoso, Villa Giardino, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre, San Esteban, Capilla del Monte.