A 30 años del asesinato de Regino Maders
Por Carlos del Frade
El 6 de septiembre de 1991 se inició la nueva etapa del negocio paraestatal del narcotráfico en la ciudad de Córdoba cuando asesinaron al ex senador provincial Regino Maders.
El lunes 9 iba a denunciar el transporte de cocaína y otras sustancias a través de las camionetas de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba que buscaban la mercadería a la zona de Los Gigantes y Tanti.
Esta información, según nos dijo en su momento Juan Maders, uno de sus hermanos, era conocida por el entonces gobernador Eduardo Angeloz y uno de sus principales amigos de entonces, el actual diputado nacional Mario Negri. Ninguno de los dos dijo mucho luego del asesinato, hasta hoy, cuando se cumplen treinta años del asesinato cometido por un ex integrante de la policía cordobesa durante el terrorismo de estado.
Treinta años después pocas personas de la familia Maders están con vida. La lucha contra la impunidad fue muy fuerte y dolorosa y ese desgarro las fue llevando una por una.
Recuerdo a Juan y su infinita tristeza y dignidad, la sonrisa de Marta y la lucidez de Teresa, entre otras tantas existencias que subordinaron su suerte individual a la construcción de una justicia que nunca llegó.
Treinta años después el viento de la historia arrasó con aquella dignidad de la familia Maders y el negocio paraestatal del narcotráfico se lleva puesta la vida de cientos y cientos de pibas y pibes en todo el país.
Nosotros elegimos no olvidar.
Elegimos seguir denunciando que a Maders lo mató el reinicio del negocio paraestatal del narcotráfico luego del terrorismo de estado que había empezado de abril de 1978 con el desembarco de 200 kilogramos de cocaína en la zona franca de Bolivia en el puerto rosarino. Cargamento que fue recibido, entre otros, por el “almirante cero”, el tenebroso Emilio Eduardo Massera.
Por las hijas y los hijos de Regino.
Por las hijas y los hijos de cada integrante de la familia Maders.
Por las hijas y los hijos de cada familia argentina que intenta pelear contra un negocio impune.
El caso Maders, 30 años después, todavía espera justicia.
Vamos por ella…
El cartel cordobés
-La documentación que le voy a presentar a Alfonsín tiene pruebas sobre los negociados con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el narcotráfico y la venta de bebés -le confesó Regino a su hermano Juan dos días antes de ser cosido a balazos en la madrugada del 6 de setiembre de 1991.
El ingeniero había descubierto las actividades que se desarrollaban durante la noche en la sede de la EPEC. Automóviles gemelos transportaban drogas e iban a distintos lugares de la provincia y a otros estados vecinos, como Santa Fe y Entre Ríos.
Todas aquellas maniobras era conocidas, según dice Juan Maders, por el tres veces gobernador de Córdoba y ex senador nacional, Eduardo Angeloz.
Con el correr de los años se encontraron automóviles Ford Falcon con números de motores adulterados y patentes gemelas en los propios depósitos de la EPEC. Uno de ellos fue utilizado para cometer el crimen. Para los integrantes de la familia Maders, “los autores intelectuales estarían entre los que se encargaron de desviar la investigación desde un primer momento, de forma sistemática y persistente. En mayor o menor grado cada uno tuvo responsabilidad en el crimen. Valiéndose de la mano de obra desocupada continuaron entorpeciendo y desviando la investigación de la causa”, sostienen.
En tanto la fiscal federal Graciela López de Filoñuk inició una investigación de oficio sobre las declaraciones del ex diputado provincial radical, Luis Medina Allende, ex mano derecha de Angeloz, en el libro “Matar la inocencia”, de la periodista cordobesa Graciela Ramos.
Allí acusó al hijo de Angeloz, también llamado Eduardo, al que califica como “el príncipe”, de ser “jefe de una zona” de distribución de droga. Sostuvo, además, que era la cabeza visible de un cartel que desde Córdoba distribuye la mercadería, fundamentalmente, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Luis Medina Allende, ex diputado provincial y mano derecha del ‘Pocho’, señaló a ‘Eduardo Angeloz hijo’ como ‘jefe de distribución de la droga en la zona de Nueva Córdoba’ y al ex titular del ejecutivo como el garante el negocio. También sostuvo que la droga ingresaba ‘desde Paraná por medio de autos oficiales’.
Medina Allende, condenado a ocho años de prisión por la venta fraudulenta de la Cárcel del Buen Pastor y por la concesión irregular de la explotación de juegos de azar en la provincia mediterránea, y tras cuatro de encierro, ahora en libertad condicional, denunció a Angeloz y a su hijo Eduardo como responsables del tráfico de drogas en el territorio cordobés.
‘En la entrevista que tuve con algunos comisarios de policía y que motivó mi primer desafuero, yo les hablé para impedir que detuvieran a Eduardo Angeloz hijo y a María Marta (también hija del entonces gobernador). Si usted lee el expediente va a ver lo que ellos cuentan’, contó Medina Allende en un fragmento del libro “Matar la inocencia”.
Más adelante señaló que ‘sabía cuál era una de las rutas de ingreso y distribución de la cocaína acá . Si alguien siguiera antentamente la actividad de los hijos de la diputada Thelma Angeloz de Ninci (hermana del ex gobernador), terminaría en un escándalo fenomenal. Estos chicos han violado las normas de los narcotraficantes, son usuarios. El traficante no puede ser usuario. Estos chicos son adictos y además vendedores…’.
Medina Allende acusa a ‘Eduardito’ como ‘jefe de una zona…la de Nueva Córdoba. En todos los boliches de Nueva Córdoba vaya y averigüe quién es el proveedor’.
En el denominado ‘reporter ocho’ del mencionado libro, la periodista le pregunta si ‘hace extensiva la supuesta vinculación con la droga que tendrían los hijos de Angeloz al propio Angeloz’. El ex diputado respondió que ‘Angeloz conocía y no aprobaba el negocio, pero tampoco lo impedía’.
También sugiere que cuando se produjo el operativo ‘Café Blanco’, en marzo de 1995, cerca de Ascochinga donde se secuestraron mil kilogramos de cocaína, no participó la policía de Córdoba ‘por falta de confianza’.
Según el ex legislador, ‘el tema de la droga ha sido manejado por la familia reinante’. Llegó a precisar que ‘el ingreso de la droga se producía por Paraná . Venía de Bolivia o de Colombia, probablemente. Pero en Paraná se la entregaban y ellos la traían a Córdoba en autos del gobierno de la provincia. Tan es así que hubo un accidente célebre. Estuvieron a punto de morirse los hijos de Thelma’.
En tanto, el 19 de noviembre de 1998, Héctor Fabián Muriel, se presentó ante el fiscal federal Carlos Torres para denunciar su hermano, Rafael Gustavo Muriel, “tuvo que desaparecer del pueblo de La Granja, forzado por la situación y por sus propios medios en virtud de su fracaso en las negociaciones para desvincularse de la sociedad de hecho que mantenía con Alejandro Hayes y Exequiel Hayes, todos empresarios del Turismo Cinegético, cacería de paloma al vuelo”. Era el 18 de mayo de 1997.
Según esta declaración, la idea de desvincularse se basaba “al creciente contrabando de droga que realizan ciertos turistas de origen en su mayoría norteamericanos y lo hacen en los cartuchos de escopetas”. Rafael Muriel hacían las gestiones ante la aduana “viéndose involucrado en un delito federal ya que conocía de algunos turistas que llevaban en las correderas y en las escopetas automáticas cartuchos cargados de cocaína”.
La denuncia sostiene que “estos extranjeros compran la droga a un ex militar de inteligencia radicado en Ascochinga de nombre Eldo Navone, propietario de un café, opera sus encargos desde ese local, y luego se abastece de droga en la localidad de Río Ceballos, se las vende a los extranjeros y estos le encargan a los pick boys el llenado de los cartuchos a cambio de fuertes propinas”.
El escrito avanza en que “es conocido en el medio o en el ambiente estas operaciones” que “todos los centros de turismo cinegético del país operan de la misma manera. En Córdoba, La Granja, Ascochinga, Totoral, Tulumba, Villa General Belgrano; en Entre Ríos, Paraná; en Corrientes, Esquina, Goya y Malancue; y en Reconquista, provincia de Santa Fe”.
Y sostenía, por último, que “el centro de distribución de la droga es Río Ceballos” y que “el capo de la mafia es conocido en el ambiente como “El Príncipe”, Eduardo Angeloz Hijo, y se transporte en helicóptero hasta una paraje ubicado cerca de la ruta, en donde una mujer de origen boliviano o peruano tiene una casa de te”. La organización “mafiosa se llama La Red” y el cartel “es de origen boliviano pero liderado por un colombiano” y desde Córdoba “distribuye a todo el país”.
La “salida de la cocaína de Córdoba la realiza una persona llamada Bachicha Yapur, propietario de tres aviones Sezna y la carga en Villa General Belgrano y la lleva a Reconquista y luego a Ezeiza, ya camuflada en los cartuchos”.
Rafael Muriel fue asesinado el 18 de mayo de 1997.
Un crimen estructural
Para la abogada María Elba Martínez, en el crimen de Regino Maders está “involucrado el poder político y el poder económico y eso molesta, molesta en todos los niveles de estructura”.
A la hora de presentar su alegado, la doctora Martínez repasó su propia experiencia al llevar a juicio a los imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado.
“Ha sido muy duro para esta querella tener que ver a aquellas personas y escucharlas, como meros testigos a la mayoría, a quienes logró procesar en el año 1987, por grandes violaciones a los Derechos Humanos, desprocesados por la Ley de Obediencia Debida, e involucrados en cuantos crímenes y grandes robos se desarrollaron acá durante las últimas décadas. Estos siniestros personajes, no solamente no fueron movidos de su lugar, sino que fueron incorporados a lugares estratégicos. En la legislatura Lencina y Rocha era una de las personas que llegaba ahí. En realidad fueron premiados, como fueron premiados también algunos militares. Gianicelli, una de las personas de inteligencia, más caras al poder político, por su extraordinaria formación en inteligencia, especialmente el mayor, el “Tucán Grande”, puesto en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Rocha, en tanto, era una de las personas que llegaba directamente a Medina Allende y a Angeloz. Estas personas no habían sido desestructuradas y miente José Ignacio Caferatta Nores, designado en el año 66 como responsable de los cambios del Poder Judicial por decretos reservados. Caferatta Nores, era Ministro de Gobierno, en ese momento, en que ocurre el hecho y no tomó ningún tipo de precaución para desplazarlos del lugar”, recordó con lúcida indignación.
“No solamente estuvieron en lugares estratégicos, sino también estuvieron en el Comando Radioeléctrico”, agregó.
Para la doctora Martínez en el crimen de Maders “no hubo un llamamiento a estructuras extrañas, fueron puestas, porque esto fue puesto desde el orden nacional, incluso, con Menem, Cesar Arias, personas que sobrevolaron nefastamente este expediente”.
El asesinato del ingeniero son parte de los delitos que “tienen la característica de insertar determinadas mafias dentro de las estructuras partidarias oficiales en el momento, ocurrió en el orden nacional, con el gobierno de Menem y ocurrió en el orden provincial con los gobiernos de Angeloz y también en el de De la Sota”.
Mataron a Maders “para facilitar y encubrir un hecho ilícito y los ilícitos están perfectamente individualizados”.
Es, por lo tanto, “un delito estructural, por la existencia de los sujetos en juego, el poder político que tuvo la decisión y el dominio del hecho, el poder económico, los intereses de grupos. La introducción de las mafias, en las estructuras estatales, no se da solamente en la República Argentina, como muchos creen, sino en casi todos los países del mundo, inclusive aquellos mal llamados, para mi gusto personal, del primer mundo, especialmente los Estados Unidos. En estos países, mal llamados también del tercer mundo, o de democracias dependientes, uno de los caminos, o dos de los caminos han sido el narcotráfico y las licitaciones”, ejemplificó Martínez.
“Documentación picante”
“El caso Maders, el poder que mata” se llamó el vídeo que produjo el grupo rosarino “Octaedro” a dos años del asesinato del ex senador provincial, atravesado por dos balazos en la noche del 6 de setiembre de 1991, después del acto de cierre de campaña que derivaría en la tercera administración consecutiva de Eduardo Angeloz en la provincia de Córdoba.
Uno de los principales testimonios de aquel trabajo fue el de Juan Maders, uno de los hermanos del ingeniero que, por primera vez, apuntó la dimensión de las investigaciones que llevaba adelante Regino.
Cuatro días antes de ser asesinado, Juan lo vio muy mal. Regino estaba triste. Le confesó que sus amigos, Mario Negri, actual intendente de Córdoba, entre ellos, lo habían abandonado.
Estaba dispuesto a entregarle en mano al propio Raúl Alfonsín una serie de carpetas, expedientes y documentación sobre diferentes ilícitos que estaba investigando y que apuntaba directamente contra el corazón de la administración Angeloz.
Juan recordó que su hermano le dijo que “todas estas notas y que tu tienes y que has pasado son las mismas que les pasé a Angeloz. Nunca hizo nada, siempre prometió y nunca hizo nada”.
Allí “había denuncias sobre narcotráfico, lavado de divisas, venta de bebés y los ilícitos de la Epec en los que había pruebas importante, picante”.
Esa documentación desapareció de su oficina en la misma noche del asesinato, cuando un extraño apagón sirvió de precisa escenografía para ocultar a los matadores.
Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar