¿Cómo se expresa en quechua la figura de un diputado? ¿Cómo se explica en aimara la idea de un gobierno independentista? En pleno auge de la guerra revolucionaria, los congresistas se vieron ante un desafío político de importancia: convencer a la población de que su proyecto emancipatorio les convenía frente a la sumisión colonial española. Sin embargo, gran parte de los habitantes sudamericanos no hablaba en español, sino que se comunicaban en lenguas indígenas. En esta entrega de La tragedia y la farsa, les invito a indagar en las traducciones del Acta de Independencia de 1816 a los términos políticos del quechua y aimara.
Por Bianca Tosco para La tinta
Hacia 1816, las alternativas abiertas por el proceso revolucionario de 1810 se vieron restringidas. Las disyuntivas en relación con la posible regencia de la infanta Carlota Joaquina desde Brasil o la autonomía dentro de la monarquía ya no tenían lugar. Desde 1813, la opción por la independencia fue ganando un peso fundamental y quedó expresada en las resoluciones tomadas por el Congreso Constituyente que se reunió en ese año. Allí, se excluyó la fórmula de juramento de fidelidad al rey Fernando VII ―hasta ese momento, las juntas rioplatenses se habían expresado en defensa de los derechos del monarca― y se comenzó a jurar en nombre de la nación. En esta asamblea, además, se tomaron resoluciones radicales tales como la libertad de vientres ―es decir, la emancipación de los hijos nacidos de mujeres esclavizadas―, la eliminación de los títulos de nobleza, del tributo y la supresión de los sistemas de trabajo forzado como la mita y el yanaconazgo.
Al año siguiente, con la retirada de las fuerzas napoleónicas de la península ibérica, el rey español pudo escapar del cautiverio en el que estaba desde 1808 y recuperar el trono. De nuevo en el poder, el monarca desplegó una política absolutista, se propuso recuperar sus dominios y reprimir a quienes hubiesen puesto en cuestión su autoridad. En la América hispana, esto significó el avance decidido de las fuerzas realistas sobre todos aquellos que fueran considerados “rebeldes”. En este panorama, los criollos se enfrentaron a un dilema: volver a la sumisión y soportar los castigos consiguientes, o declarar definitivamente la independencia.
Reunidos en el Congreso Constituyente de Tucumán el 9 de julio de 1816, los diputados de Charcas, Jujuy, Mendoza, Chichas, Salta, Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, La Rioja, Misque, Tucumán, Santiago del Estero y San Juan resolvieron la separación definitiva de la metrópoli española:
“[…] declaramos solemnemente á la faz de la tierra, que es voluntad unánime é indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojadas, é investirse del alto carácter de una nación libre é independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.
Una vez tomada la decisión de la emancipación de las Provincias Unidas de Sudamérica, se perfilaron nuevos desafíos en el horizonte: decidir cuál iba a ser la forma de gobierno, cómo se iba a distribuir el poder territorialmente, dictar una constitución. Todas estas tareas no se resolvieron rápidamente; por el contrario, llevarían años de enfrentamientos y negociaciones.
Lo inmediato y fundamental fue extender la revolución, el despliegue de la guerra para asegurar el nuevo orden político frente al avance realista y la divulgación de información sobre el nuevo gobierno independiente. Una de las primeras medidas fue la de difundir el acta firmada en Tucumán. Los congresales solicitaron al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, la reproducción impresa de un total de 3000 copias del documento, de las cuales 1500 serían en español, 1000 en quechua y 500 en aimara. Las últimas se publicaron en versiones parafrásticas de dos columnas, una en castellano y otra en el idioma nativo.
Como ha señalado César Itier, los encargados de la traducción se encontraron frente a un verdadero problema de significación política: cómo expresar en términos del repertorio político nativo nociones provenientes de la cultura europea como “libertad”, “independencia”, “emancipación”, “pueblo”, “congreso” o “diputados”. En la versión quechua, el presidente del congreso, Francisco Narciso de Laprida, es el llaqtaq rantin tukuy rantista kamachiq (el representante de provincia que manda a todos los [demás] representantes). La versión aimara del acta, por su parte, nombra al presidente del congreso como aka hach’a tantana hilaqata y a los diputados como hamawt’anaka (sabios) y lanti (sustitutos/representantes). Los términos aimaras referían a posiciones políticas de origen electivo y ejercicio rotativo, dando a entender que la Junta de Buenos Aires pretendía ser la expresión de un gobierno democrático y no hereditario.
La traducción del acta no fue la única reinterpretación de textos de la época. Más bien, se enmarcó en una estrategia política y propagandística por parte de la Junta de Buenos Aires de difusión de mensajes revolucionarios en lenguas originarias. Tal acción puede remontarse hasta 1810 con las traducciones de cartas, proclamas y oficios de Manuel Belgrano al guaraní, y al trabajo de difusión de la revolución llevado a cabo por Juan José Castelli en quechua y aimara, como la proclama a los indios del Perú y el discurso que dio en Tiahuanaco en 1811. Ambos políticos tuvieron que buscar traductores en los lugares de destino de sus mensajes, dado que, en Buenos Aires, no parecen haber encontrado expertos en estas lenguas. Valga señalar que se trató de una táctica empleada tanto por los sectores independentistas como por los realistas. Los últimos lo utilizaron en menor medida, ya que, unos años antes, habían tratado de prohibir toda expresión cultural indígena, sobre todo, luego de las rebeliones andinas tupamaristas de finales del siglo XVIII.
Las traducciones del acta de independencia abren un debate en torno al proyecto de país que se pensó en ese momento: ¿fueron un auténtico reconocimiento de la diversidad cultural y del peso político de los pueblos originarios? ¿O se trató, más bien, de una estrategia para sumar el apoyo de los sectores populares en una zona geográfica clave y distante?
Aunque hubo un primer momento en que la comunicación en lenguas nativas fue valorada y se expresó como un gesto simbólico de reconocimiento a los pueblos originarios, las traducciones institucionales tuvieron una corta duración. Una vez asegurada la independencia, las naciones sudamericanas dejaron de comunicarse con sus habitantes en sus idiomas originarios. Además, ninguno de los congresales firmantes del acta fue de origen indígena. A ello, se suma el hecho de que, si bien el quechua era hablado en amplias zonas del actual territorio argentino al momento de la independencia, las traducciones tuvieron como destinatarios principales a las comunidades indígenas del Alto Perú (hoy Bolivia), zona caliente de enfrentamiento con las tropas realistas y, no menos importante, donde se ubicaban las importantes minas metalíferas que podían financiar la guerra de liberación.
Muchas veces se piensa a los pueblos originarios como un todo homogéneo y se asume que las versiones en quechua y aimara fueron un gesto hacia todas las comunidades nativas. Sin embargo, en el Río de la Plata, convivían múltiples idiomas y, aunque estas dos funcionaban como lenguas francas en algunas zonas, gran parte de la población indígena no las hablaba. Si bien hubo traducciones de documentos previos al guaraní, el Acta de Independencia no fue expresada en tal lengua. Esto puede explicarse en parte por la representación geográfica que tuvo el Congreso de Tucumán, en el cual tuvieron un peso específico las provincias de Charcas. Ni la Banda Oriental ni las provincias del litoral formaron parte del mismo y se encontraban bajo influencia artiguista.
Por otro lado, las grandes regiones de frontera, como el Chaco y la Pampa-Patagonia, estaban habitadas por grupos que conservaron su soberanía y autonomía durante todo el periodo colonial y hasta finales del siglo XIX. En la región chaqueña, se hablaban idiomas provenientes de las familias lingüísticas guaycurú (tobas, mocovíes, pilagá), lule-vilela o mataco-mataguaya (wichís). Por su parte, en las pampas y Patagonia, dominaban las lenguas fuego-patagónicas, tales como el mapudungun, el sel’knam, el yagán o el kawésqar.
A finales del siglo XIX, estos territorios fueron conquistados mediante la violencia y la imagen de nación que prevaleció fue la de una Argentina blanca, de inmigrantes europeos y casi nula diversidad cultural. Al día de hoy, las traducciones del Acta de Independencia pueden ser una invitación para repensar esa idea. En nuestro país, existen 35 lenguas indígenas pertenecientes a 38 pueblos originarios, de las cuales 15 siguen vigentes y 9 están en proceso de recuperación.
Con la reforma constitucional de 1994, se incorporó a la carta magna el artículo 75 inciso 17 que establece el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina y la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, tales disposiciones son poco respetadas tanto por Gobierno nacional como por los gobiernos provinciales y las comunicaciones institucionales solo se expresan en español.
Para saber más de este tema, recomiendo el texto Las independencias vistas desde las fuentes en lenguas indígenas, de César Itier.
Fuente: www.latinta.com.ar