“Antes de encerrar a un menor habría que trabajar en materia de prevención. Más trabajo, más educación de calidad, acompañamiento y voluntad política, para llevar a cabo medidas de inclusión para nuestrxs jóvenes.
“La baja de imputabilidad a menores no sólo vulnera las bases de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que busca des-responsabilizar al Estado por la escasez de recursos materiales y simbólicos que padecen miles de niños, niñas y jóvenes en la Argentina.
“Criminalizar y condenar disminuye aún más las posibilidades de reinserción al sistema educativo y en un futuro laboral. De esta manera sólo se favorecen las problemáticas relacionadas a la segregación social juvenil, y ahora infantil. La medida que se pretende no genera oportunidades, ni evitará la delincuencia a temprana edad.
“Sumado a esta política de seguridad macrista, que creemos nefasta, la #EducaciónPública decae y el Ministerio de Salud ahora es Secretaría.
“Estas medidas son evidencia del corrimiento del Estado en garantizar los derechos básicos de todxs, y sobre todo de lxs más vulnerables”, finaliza la declaración firmada por Celeste Martínez, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba.