El 21 de julio pasado, la CTA Autónoma Regional Punilla, la CTA-A Córdoba, el Parlamento Indígena Argentino y diversas organizaciones territoriales hicieron público un pronunciamiento en el que advertían sobre el Plan de Intervención Nacional (PIN 2025), un dispositivo reservado del Gobierno Nacional destinado al control y vigilancia de pueblos indígenas, defensores ambientales y actores sociales.
En ese comunicado, respaldado también por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA-A Punilla y comunidades guaraníes, se denunció que el PIN 2025 responde a una lógica de criminalización de la defensa territorial, la protesta social y las cosmovisiones ancestrales, vulnerando principios constitucionales y compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Además, se reivindicó la protección de los sitios sagrados como espacios culturales, espirituales y de memoria colectiva, y se repudió la designación de funcionarios en el INAI con posturas contrarias a los derechos indígenas.
La contundencia de ese pronunciamiento no quedó sólo en lo declarativo. A partir de esa denuncia pública, y en el marco de las mismas preocupaciones, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores presentaron una denuncia penal contra el titular de la Secretaría de Inteligencia, Sergio Neiffert, y contra el Presidente Javier Milei.
En el escrito judicial, firmado por Hugo Yasky y Hugo Godoy y patrocinado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, se señala que “los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Inteligencia detallaban una serie de actividades políticas y públicas, lícitas, vinculadas a protestas gremiales, convocatorias callejeras e incluso actos culturales”, sin que se detectaran amenazas a la seguridad del Estado. Según la denuncia, la finalidad aparente era “el mapeo de las acciones de las organizaciones y las estrategias electorales de espacios opositores y sindicales”, una práctica prohibida por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
El texto remarca que estas maniobras constituyen “un grave acto de espionaje ilegal y violación de la privacidad de los ciudadanos y dirigentes involucrados” y advierte que, por la cadena de mando de la SIDE, el presidente de la Nación tiene “la dirección política y el control supremo” de dicho organismo. También subraya que la ley prohíbe expresamente obtener información sobre personas por su opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones sindicales, sociales o culturales, cuando sus actividades sean lícitas.
Para las organizaciones firmantes del comunicado del 21 de julio, la existencia del PIN 2025 y estas maniobras de inteligencia ilegal forman parte de una misma estrategia estatal de persecución ideológica, que combina el hostigamiento a defensores de los bienes comunes con el monitoreo de la oposición política y sindical.
Desde Punilla, el Parlamento Indígena y la CTA Autónoma ratifican que estos hechos deben investigarse a fondo y ponerse bajo observación internacional. Por eso, confirman que seguirán impulsando denuncias ante la OIT, la Relatoría Especial de la ONU para Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de una defensa articulada frente a lo que consideran “un retroceso institucional y democrático incompatible con el estado de derecho”.