El Cispren rechaza la “criminalización de la protesta”, tras elevarse a juicio una causa contra 27 estudiantes

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), frente a la decisión de la Justicia Federal de elevar a juicio la causa contra 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, procesados por su participación en protestas vinculadas a la defensa de la educación pública en septiembre de 2018, se pronunció alertando sobre “los peligros de criminalizar la protesta social”.

En un documento difundido este miércoles, la organización gremial que nuclea a las y los periodistas de la provincia, expresó su “rechazo a la criminalización de la protesta social, en tanto es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ese cuerpo normativo”.

Con la firma de su Secretaria General, María Ana Mandakovic, el comunicado del Cispren sostuvo en otro párrafo: “Argentina, una nación que transita ya casi cuatro décadas el camino de la democracia, con avances y retrocesos en la profundización y consolidación de sus postulados, tiene como principal materia pendiente la desigualdad. En ese marco, la expresión pública de los ciudadanos (la protesta social) ha contribuido a afianzar derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El ejercicio de la movilización popular tuvo mucho que ver, además, en la conquista de nuevos derechos”.

Y sobre lo que considera un ataque al derecho a la manifestación, a la protesta, el sindicato afirma que “no puede vulnerarse, sencillamente porque su ejercicio conjuga otros derechos: libertad de expresión, libertad de libre asociación y libertad de reunión; todos pilares de un sistema democrático”.

Finalmente, el documento sostiene: “El largo proceso contra estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, alcanzó por estos días su punto más alto: El fiscal federal Maximiliano Hairabedián elevó la causa a juicio oral y público y el juez federal Hugo Vaca Narvaja le dio lugar a la solicitud. A las puertas de consumarse un peligroso avance sobre el derecho a la protesta, es preciso alertar sobre el precedente que sentará en Córdoba y el país la criminalización de una manifestación pública. Se impone un freno a este ataque a las libertades políticas, mediante el desprocesamiento del grupo de estudiantes imputados. Asimismo, es preciso el sobreseimiento de la abogada Leticia Celli (también docente de la UNC), perseguida por defender a los estudiantes”.

Fuente: prensared.org.ar